La mora comenzó con la boleta correspondiente a noviembre de 2024. Poco después, el exsenador entrerriano Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay cuando intentaba cruzar la frontera con 200 mil dólares en efectivo sin declarar. En el mismo procedimiento también fue arrestada su secretaria, Iara Guinsel, quien hasta ese momento era la encargada de pagar los gastos mensuales de los departamentos. Desde entonces, nadie volvió a hacerse cargo de las propiedades.
Departamentos clausurados y abandonados
Tras los allanamientos judiciales realizados en el edificio Live, uno de los departamentos —el semipiso ubicado en el último piso— quedó con la puerta dañada. Para ingresar al lugar, los investigadores debieron forzar el acceso y actualmente la puerta permanece sostenida con un alambre, todavía con restos de las fajas de clausura colocadas por la Justicia.
Según informó el periodista Juan Bracco para Infobae, ninguno de los departamentos está habitado y, de acuerdo con testimonios de vecinos del edificio, en su interior se registran destrozos. En el edificio aseguran que desde los procedimientos judiciales las unidades permanecen cerradas y sin mantenimiento.
Los propietarios del resto de las unidades evitan acercarse y la administración tampoco ha logrado ubicar a algún responsable que se haga cargo del pago de las expensas adeudadas.
El otro socio de Betail SA, Daniel “Gonzalito” González, fue excarcelado pero atraviesa una situación económica compleja. Trabaja en la Biblioteca del Congreso, aunque actualmente no percibe su salario debido a que se encuentra bajo sumario administrativo.
Mientras tanto, el dinero que deberían aportar los departamentos vinculados a Kueider se cubre con el fondo de reserva del edificio, una situación que genera malestar entre los demás propietarios.
Un edificio sin consorcio
El problema se agrava porque el complejo Live todavía no completó su proceso de constitución bajo el régimen de propiedad horizontal. Esto significa que aún no existe formalmente un consorcio que pueda iniciar acciones judiciales para reclamar la deuda o ejecutar las unidades.
En consecuencia, los departamentos no pueden ser rematados para cubrir los gastos comunes, al menos por ahora.
La desarrolladora del edificio —CDS, integrada por Cavalli, Dujovne y Szczech— podría impulsar algún tipo de acción para intentar cobrar la deuda, pero hasta el momento no lo ha hecho.
Además, existe otra incógnita: si el fideicomiso completa los trámites técnicos pendientes —como planos de construcción, instalaciones eléctricas y certificaciones de bomberos— y finalmente se habilita la escrituración, aún no está claro quién firmará por Kueider, que permanece detenido. Actualmente, los compradores del edificio solo cuentan con boletos de compraventa.
Sospechas de lavado de dinero
Los departamentos del complejo Live también aparecen en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Kueider que se tramita en el juzgado federal de San Isidro.
La causa está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y del fiscal Fernando Domínguez. Según testimonios incorporados al expediente, los departamentos habrían sido pagados en efectivo.
Los empresarios Alejandro y Ariel Lifschitz, junto con Matías Pérez —vinculados a la firma Cadus SAS que administra el fideicomiso del edificio— declararon que fue el propio Kueider quien negoció y concretó las operaciones.
De acuerdo con esas declaraciones, en marzo de 2021 el entonces senador abonó en efectivo el departamento de dos dormitorios. Dos meses después compró el de un dormitorio y, en octubre de ese mismo año, adquirió el semipiso.
Uno de los testigos incluso relató que el dinero fue entregado en billetes: “Demoramos bastante en contarlos”.
Ingresos que no cierran
Un informe de la entonces AFIP —actual ARCA— incorporado a la causa revela que entre 2020 y 2023 Kueider no registró emisión de facturas y que sus ingresos declarados provenían exclusivamente de su salario.
Según esos registros, el exsenador percibió:
$4,1 millones en 2021
$6,7 millones en 2022
$16,7 millones en 2023
Para el fiscal Domínguez, la relación entre esos ingresos y el valor de las propiedades resulta incompatible.
Solo el pago realizado en 2021 para la compra de los departamentos —estimado en $20 millones— equivalía a casi cinco veces el total de los ingresos declarados por Kueider ese año.
La hipótesis de la investigación sostiene que el exsenador habría utilizado una sociedad pantalla y personas interpuestas para canalizar dinero de origen ilícito y simular ingresos que no existían.
Entre las líneas investigativas aparece la presunta recepción de sobornos vinculados a contratos de la empresa de seguridad Securitas con organismos públicos. Una de las compañías mencionadas en esa trama es la empresa estatal de energía entrerriana Enersa.
Mientras la causa avanza en la Justicia federal, los departamentos continúan cerrados, deteriorándose con el paso del tiempo y acumulando una deuda que sigue creciendo.