Qué dice la presentación judicial que jubilados llevarán ante la justica por el presunto fraude a la Caja de Jubilaciones de la provincia

DIARIOJUNIO pudo acceder al borrador de la denuncia donde el eje de la presentación apunta a un mecanismo que habría permitido eludir la incompatibilidad entre el cobro de haberes previsionales y el ejercicio de cargos públicos remunerados.

De acuerdo al escrito, el presunto ardid consistiría en designaciones “ad honorem” o “sin liquidación de haberes” mediante decretos municipales, para luego asignar pagos a través del denominado “Código 600” —gastos de representación— que, en los hechos, funcionarían como una remuneración encubierta. Esta modalidad, sostienen, permitiría evitar tanto la suspensión de la jubilación como el pago de aportes previsionales.

La denuncia advierte que este esquema podría configurar un “despliegue de medios engañosos” con tres elementos centrales: el engaño administrativo mediante figuras formales que ocultan pagos reales; un perjuicio económico al Estado provincial y municipal por la evasión de aportes y el cobro indebido de haberes; y un lucro indebido por parte de los funcionarios involucrados.

En ese sentido, solicitan a la Fiscalía que avance en medidas investigativas para determinar si existió delito, individualizar a los responsables y cuantificar el daño al erario público.

La presentación incorpora como prueba indiciaria una serie de documentos oficiales, entre ellos decretos y boletines publicados por el municipio. Allí se menciona, por ejemplo, el caso de un funcionario designado en el área de Educación bajo la modalidad “ad honorem” que, sin embargo, percibiría más de 2,7 millones de pesos mensuales del municipio, mientras cobraría una jubilación provincial estimada en tres millones.

También se incluyen decretos que asignan montos de hasta 600 mil pesos mensuales mediante el Código 600 a personas originalmente nombradas sin sueldo, lo que —según la denuncia— refuerza la hipótesis de una retribución encubierta.

Además, se citan antecedentes periodísticos y una intimación de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, fechada en enero de 2026, en la que se identificaron funcionarios en supuesta situación de incompatibilidad. Ese organismo, remarcan, ya habría requerido explicaciones al municipio sin obtener respuestas concluyentes.

El escrito también pone en cuestión la defensa esgrimida desde el municipio, que califica estos pagos como “gastos de representación”, al considerar que esa denominación no invalida su carácter salarial cuando se trata de ingresos mensuales, habituales y de monto significativo.

Jubilados, cargos “ad honorem” y Código 600: los argumentos de defensa ante la Caja de Jubilaciones no cierran y dejan más preguntas que respuestas