Un préstamo de apenas $8.000 terminó transformándose en una deuda de $127.000 en aproximadamente un año. El caso llegó a la Justicia y abrió una discusión sobre los intereses que aplican las plataformas financieras digitales cuando un crédito entra en mora.
La demanda fue presentada contra Mercado Pago por la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), que sostiene que en el caso analizado los intereses superaron el 1.300% anual. El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.
El reclamo fue impulsado por el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA. Según explicó, el caso se inició a partir de una consumidora que había solicitado el dinero para comprar pañales para su hija. Alcanzó a pagar parte de las cuotas, pero con el paso del tiempo la deuda comenzó a crecer hasta convertirse en una suma que, según la asociación, resultó imposible de afrontar.
El punto que la organización llevó a los tribunales no es simplemente el incumplimiento de una deuda. La discusión pasa por determinar hasta dónde puede crecer legalmente una obligación cuando el consumidor entra en mora y cuándo los intereses dejan de representar el costo del crédito para convertirse en una carga desproporcionada.
En ese sentido, ACFRA sostiene que la tasa aplicada en este caso excedería los parámetros admitidos por la legislación argentina. El Código Civil y Comercial establece reglas para la capitalización de intereses y contempla la posibilidad de que los jueces reduzcan aquellos que, por su magnitud o por la forma en que se acumulan, produzcan resultados injustificados.
También entra en juego la Ley de Defensa del Consumidor. Su artículo 36 establece que, en las operaciones financieras, deben informarse de manera clara cuestiones como la tasa de interés efectiva anual, el costo financiero total, el sistema de amortización, la cantidad y periodicidad de los pagos y los gastos adicionales.
El crédito rápido y el costo real
Uno de los puntos discutidos en torno a estos préstamos de las billeteras virtuales y de las empresas fintech para personas que muchas veces no tienen acceso al crédito bancario tradicional es la forma en que se presenta su costo. Un crédito puede aparecer, por ejemplo, como un préstamo de $100.000 que debe devolverse por $109.000.
A simple vista, el costo adicional parece ser de apenas $9.000. Pero esa diferencia cambia cuando se la proyecta en términos de una tasa efectiva anual y, especialmente, cuando el consumidor no logra cancelar la deuda en el plazo establecido.
Un ejemplo presentado por el economista Martín Burgos ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados mostró que determinadas operaciones de financiamiento fintech pueden alcanzar costos anuales cercanos al 850%. El ejemplo también fue utilizado por la Cámara Argentina Fintech durante una exposición ante los legisladores.
La cuestión, entonces, no pasa solamente por cuánto dinero adicional se paga al momento de tomar el crédito, sino qué ocurre con esa deuda cuando el consumidor no consigue cumplir en tiempo y forma.
El reclamo busca alcanzar a más usuarios
La particularidad de la demanda contra Mercado Pago es que ACFRA pretende que el caso individual sea reconocido como una acción colectiva.
La asociación sostiene que el problema podría afectar a un universo mucho mayor de usuarios de la plataforma. Según la presentación, el pedido apunta a que la Justicia determine si existen condiciones para certificar una clase de consumidores que hayan atravesado situaciones similares.
Para que eso ocurra, el tribunal deberá establecer, entre otras cuestiones, quiénes quedarían comprendidos, qué operaciones podrían ser revisadas y qué tasas fueron efectivamente aplicadas en cada caso.
La organización también solicitó una medida cautelar para que se suspenda el cobro de los intereses cuestionados mientras avanza el proceso. El objetivo final es determinar cuánto se habría cobrado por encima de lo que correspondía y, eventualmente, disponer la devolución de esas sumas.
Por ahora, se trata de un planteo judicial que deberá ser analizado por el tribunal. La eventual extensión del reclamo a otros usuarios dependerá de las decisiones que adopte la Justicia.