Crímenes sistemáticos bajo el mando del Área 400

Durante su alegato final, la fiscal recordó que el Área Militar 400, con jurisdicción en Zárate y Campana, operaba bajo el Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, uno de los epicentros del terrorismo de Estado. En este juicio se investigan secuestros, torturas, abusos sexuales y homicidios perpetrados contra 15 víctimas, entre ellas militantes de Montoneros y el PRT-ERP, trabajadores de la zona norte del conurbano bonaerense y un conscripto del Ejército.

Sosti calificó los hechos como parte de un “plan colectivo plasmado desde el Estado terrorista”, y remarcó: “Fueron una comunidad siniestra, una comunidad para la muerte; sellaron pactos de sangre y silencio, pero las atrocidades cometidas no pueden ser nunca silenciadas”.

La mecánica del terror

La auxiliar fiscal describió con crudeza el modo de operar de los grupos represivos: secuestros nocturnos realizados por patotas armadas y camufladas, vehículos sin identificar, irrupciones violentas en domicilios familiares, torturas desde el primer instante, saqueos y posterior cautiverio en condiciones inhumanas.

“El cautiverio se dio en comisarías, cuarteles y centros clandestinos como el Tolueno, la Mansión Güerchi o las instalaciones de Campo de Mayo. Lo determinante era la práctica inhumana ejercida donde fuera”, señaló.

Uno de los objetivos, según la fiscal, fue “la destrucción de la identidad, la reducción a la nada, convertir a un sujeto en cuerpo para el flagelo”. “El final del iter criminis era la muerte y la desaparición del cuerpo, para garantizar la impunidad”, remarcó.

Calificaciones legales y responsabilidades

A Pacífico Britos se lo acusó como coautor de múltiples delitos: privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados en 13 casos, homicidios agravados en 10 hechos, y allanamientos ilegales en 9 casos. La fiscal pidió prisión perpetua.

A Carlos Caimi, excomisario de Villa Ballester, se lo responsabiliza por delitos similares, además de abuso sexual con acceso carnal, con intervención de más de una persona. Se pidió una pena de 20 años de prisión.

A Horacio Sánchez, exjefe de la Compañía Destino de la Escuela de Apoyo para el Combate “General Lemos”, se le imputa la privación ilegal de la libertad y torturas agravadas contra el entonces conscripto Gerardo Morales, con un pedido de 18 años de prisión.

Finalmente, el Ministerio Público solicitó que, una vez dictada la sentencia, se notifique a los ministerios de Seguridad bonaerense y de Defensa de la Nación para que inicien los procedimientos de destitución de los condenados en caso de corresponder.