El equipo de fiscales solicitó penas de hasta cinco años de prisión efectiva para cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina por su presunta responsabilidad en el hundimiento del submarino ARA San Juan. La acusación incluye incumplimiento de deberes y estrago culposo agravado por la muerte de 44 tripulantes, entre los que se encontraba el concordiense Fernanda Mendoza.

Familiares de los cuatro jóvenes fallecidos en el choque fatal de Ruta 39 convocaron a acompañar este 21 de mayo en Concordia una audiencia clave en la causa contra el ex funcionario del Pro entrerriano y ex titular del Instituto Portuario provincial, Juan Enrique Ruiz Orrico, condenado a cinco años y ocho meses de prisión por conducir alcoholizado y provocar la muerte de las víctimas. En la instancia judicial se debatirá la situación de la condena y el planteo para evitar una eventual reducción de la pena, mientras el dirigente continúa en libertad hasta que el fallo quede firme.

Se trata de la firma Waigel y Cía. S.A., una constructora con base en Crespo que durante años fue una de las más importantes de la región hasta su caída y quiebra. Sus directivos fueron condenados por vaciarla antes del colapso, mediante transferencia de bienes, ocultamiento de activos y maniobras para eludir el pago a más de 1700 acreedores. A casi dos décadas de aquellos hechos, la Justicia entrerriana aprobó una nueva distribución de fondos, aunque muchos damnificados aún esperan recuperar su dinero.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una impugnación extraordinaria y dejó firme la condena contra 13 policías que se levantaron contra las autoridades entrerrianas en diciembre del 2013. Los delitos que se les imputan son de sedición agravada, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado, lesiones leves y robo agravado en concurso ideal con instigación a cometer delitos. A pesar de la gravedad de los hechos, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti apelaron a un formalismo para rechazar el planteo: dijeron que el escrito excedía las diez páginas de extensión, no cumplía con el requisito de contener veintiséis renglones por página o tipografía de tamaño no menor de doce.

El Ministerio Público Fiscal solicitó además la revocación de las prisiones domiciliarias y que los acusados cumplan sus condenas en cárceles comunes. En el tramo final de un histórico juicio por delitos de lesa humanidad, la auxiliar fiscal Gabriela Sosti solicitó ante el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín la pena de prisión perpetua para el exmilitar, Luis Pacífico Britos, 20 años de prisión para el excomisario bonaerense, Carlos Caimi, y de 18 años para el exjefe militar Horacio Rafael Sánchez, acusados por crímenes cometidos en el ámbito del Área Militar 400 durante la última dictadura cívico-militar. Además, pidió que se revoquen las prisiones domiciliarias de las que gozan actualmente los imputados, y que cumplan las eventuales condenas en establecimientos penitenciarios. “La permanencia en el domicilio desvirtúa el sentido de la sanción”, sostuvo.

El Tribunal Oral Federal de Paraná dictó una sentencia condenatoria de 4 años de prisión efectiva para los cabecillas de dos asociaciones ilícitas que operaban en la región, tramitando pensiones no contributivas por invalidez de manera fraudulenta mediante el uso de certificados médicos falsificados. Los condenados son Hugo Cabrera, puntero del barrio María Goretti, y Cristina Repetto, referente del barrio El Silencio

El Juez Rodrigo Giménez Uriburu condenó a penas de entre 2 y 2 años y 9 meses de prisión en suspenso, y de 5 años y 9 meses de prisión efectiva, a nueve hombres que el 20 de marzo de 2022 apedrearon la sede edilicia del Poder Legislativo y el despacho de la entonces titular del Senado y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras se debatía en Diputados el acuerdo impulsado por Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional.

El 30 de abril del 2008, el Congreso de la Nación Argentina promulgó la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas Y Asistencia a sus Víctimas. Cuatro años y tres meses después, el 30 de julio del 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los Estados miembro estableció esa fecha como “el Día Mundial contra la Trata”, a fin de concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) suscribió un convenio con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) con el objetivo de articular la implementación del “Dispositivo de resignificación de masculinidades de personas condenadas y/o probation por abuso simple”. La rúbrica del documento entre el presidente del STJ, vocal Leonardo Portela, y el rector Luciano Filipuzzi, fue esta mañana en el Salón de Acuerdos del STJ.