Los hermanos Dri habían presentado un proyecto para construir dos propiedades pero terminaron levantando cuatro, en abierta violación a la normativa. Para que le condonen del recargo del 500% en la Tasa Inmobiliaria, como marca el Código por haber invadido además el pulmón de manzana y no respetar la línea de edificación, el Concejo le aprobó una “compensación” a medida: conservar los 80 m² irregulares a cambio de un corrimiento parcial de la línea de frente y el «compromiso» de «no seguir ampliando en la superficie libre de la parcela de 1.431,72 m². Es decir que no se deberán incorporar nuevas mejoras, cubiertas o semicubiertas, de ningún tipo a futuro en la parcela en cuestión. Esta condición está -llamativamente- varias veces remarcada en la resolución. Como si se olfateara un probable nuevo incumplimiento.

El caso Dri resulta particular no solo por la magnitud de la infracción —duplicar lo autorizado en su permiso original— sino porque se trata de un funcionario provincial que integra el Directorio de CAFESG desde julio de este año. Un cargo desde el cual debería ser el primero en respetar las normas vigentes. Sin embargo consigue que el Concejo le perdone lo que al resto de los ciudadanos se les cobraría con creces.

Además, Dri es un referente histórico en el armado del PRO en Entre Ríos y, en los pasillos políticos, se lo menciona como carta de recambio para el oficialismo en caso de que el radical Azcué —aliado hoy al presidente Milei— siga perdiendo peso político.

Los otros beneficiados fueron la empresa Guerrero Electricidad SRL, que regularizó ampliaciones hechas sin permiso, y los herederos De León–Cornaló, que lograron subdividir un terreno sin cumplir con las dimensiones mínimas.

En todos los casos, el oficialismo y sus aliados libertarios votaron a favor, mientras que el justicialismo se opuso.

El único freno se dio con un cuarto expediente, que pedía convalidar tres ingresos vehiculares en un frente donde solo estaba permitido uno. En este caso, el asunto se mandó a comisión a pedir del oficialismo.

Un modelo de ciudad al servicio de los negocios privados

En octubre de 2024, el intendente Azcué ya había marcado la cancha en reunión de gabinete: “Hay que poner al privado en el centro de la escena y lograr que Concordia sea reconocida como el mejor lugar para invertir. Tenemos que recibir al inversor, al desarrollador, escucharlos y facilitarles el trabajo”.”, dijo entonces, alentando una reforma al Código Urbano en línea con los desarrolladores.

Pocos días después, el 7 de octubre del mismo año, el Consejo Asesor de Planeamiento debatió una reforma al Código Urbano que, según admitieron varias voces presentes, respondía más a los intereses de los desarrolladores que a una planificación seria. Entre los cambios más cuestionados se contaban la ampliación de superficies loteadas sin estudios de factibilidad y la eliminación de requisitos para construcciones en altura en el centro de la ciudad. Todo en nombre de la “modernización” y la “facilitación de inversiones”.

La Asamblea Ambiental de Concordia, en un comunicado del 9 de octubre de 2024, fue tajante: las modificaciones se estaban planteando con “liviandad y ligereza”, sin atender al riesgo sobre los ecosistemas y sin respetar el plazo mínimo de cuatro años que fija el propio Código antes de poder revisarlo. También advirtieron que quitar atribuciones al Consejo Asesor de Planeamiento era una maniobra para acallar voces críticas.

Con el transcurso de los meses, esta política pro negocios inmobiliarios quedó cristalizada en modificaciones al código y en la sistemática aprobación de excepciones.

Primero el negocio y después se ve: El edificio Cantená y otra demostración de la estrategia repetida de construir rompiendo las reglas al amparo del indulto municipal

Las reformas al Código de Planeamiento Urbano generaron polémica por falta de consultas: lo que no se dijo en el Concejo