Según el comunicado difundido este martes, las candidatas sostienen que los concursos deberían contemplar la perspectiva democrática, el compromiso social y la sensibilidad en el ejercicio de la función judicial.
En ese marco, “Unidad y Compromiso Judicial” anunció que presentará un pliego de condiciones para que el Consejo de la Magistratura consulte a los aspirantes sobre cinco aspectos.
El primero está relacionado con los entornos laborales y la prevención de situaciones de violencia, con preguntas destinadas a conocer qué medidas adoptarían frente al maltrato, el acoso y situaciones de arbitrariedad dentro de los juzgados.
El segundo eje se refiere a la Ley de Enganche y los adicionales salariales. La propuesta busca conocer la posición de los concursantes respecto de la vigencia de la Ley de Enganche Nacional y del reconocimiento de la bonificación por título para el personal judicial.
El tercer punto aborda las garantías constitucionales y la libertad sindical. La lista plantea que los aspirantes expresen su postura respecto del derecho de huelga y de la forma en que actuarían frente a medidas de fuerza y reclamos colectivos de los trabajadores judiciales.
También se propone evaluar la vocación de servicio y el perfil comunitario de los postulantes, incluyendo su eventual participación en organizaciones sociales, ONG o actividades solidarias fuera del ámbito de los tribunales.
El quinto eje está vinculado con el reconocimiento de la representación gremial. En este caso, la propuesta apunta a que los futuros magistrados mantengan canales institucionales de diálogo con delegados y organizaciones sindicales del Poder Judicial.
El antecedente de la emergencia de 2020
El comunicado también reivindica la participación de integrantes de la lista en los reclamos salariales desarrollados durante la emergencia provincial de 2020. Según señalaron Starck y Avio, ese proceso derivó en una recomposición salarial del 24%.
Las candidatas vincularon ese antecedente con el reclamo actual para que el adicional por título sea reconocido a la totalidad del personal judicial.
“Si logramos la representación en el Consejo, tendremos más fuerza institucional para exigir lo que por ley le corresponde a cada trabajador”, expresaron.