La historia tiene hitos muy claros. En diciembre de 2011, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. El propósito era nítido: limitar la compra indiscriminada de tierras por parte de extranjeros al 15 % a nivel nacional, provincia y departamento, prohibiendo explícitamente la adquisición de inmuebles que contuvieran cuerpos de agua relevantes o estuvieran en zonas de seguridad de frontera. Para que la ley tuviera dientes, se dispuso un registro estricto a cargo de la abogada Florencia Gómez.
El quiebre sistémico llegó en junio de 2016. El entonces presidente Mauricio Macri firmó el Decreto 820/2016. Lejos de una simple reglamentación, este decreto desvirtuó los controles internos. La flexibilización incluyó permitir la compra de sociedades comerciales modificando la noción de «titular extranjero» (elevando el tope del 25 % al 51 % de participación extranjera para ser considerada como tal), habilitar la notificación de cambios societarios después de realizados y suprimir los cruces de información que detectaban triangulaciones financieras. Al neutralizar el sistema de fiscalización, la Ley de Tierras perdió su sentido operativo.
El puente de la traición: Emiliana Gordo y el Estudio Brons & Salas
El trasfondo técnico de esa «limpieza de controles» reviste la mayor gravedad institucional. Detrás de bambalinas operó la labor de exfuncionarios que conocían las costuras del sistema desde adentro para luego entregarlo a intereses corporativos. En el Congreso de la Nación se expuso políticamente el rol de Emiliana Gordo, una abogada que se había desempeñado como estrecha colaboradora de Florencia Gómez en el mismísimo Registro Nacional de Tierras Rurales, en tiempos de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Al concluir la gestión del Frente para la Victoria, Gordo pasó a formar parte del staff de profesionales del Estudio Jurídico Brons & Salas. Fue precisamente en esas oficinas privadas donde ella misma participó en la redacción del borrador del Decreto 820/2016. El agravante ético y legal es total: Brons & Salas son los abogados históricos del magnate británico Joe Lewis —dueño de la estancia Hidden Lake en Lago Escondido—. En la práctica, esto implicó que una exfuncionaria del Estado utilizó sus conocimientos públicos y técnicos sobre el funcionamiento del control estatal para confeccionar una norma presidencial a la exacta medida y beneficio de un multimillonario extranjero, y de otros tantos magnates globales cuyos intereses económicos y comerciales nada tienen que ver con el ser nacional, con las necesidades del pueblo o con el porvenir de los argentinos.
La inacción en el despacho de Lijo
Esta maniobra por presuntas dádivas, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles fue expuesta formalmente ante la Justicia Federal el 15 de julio de 2022 por el diputado Rodolfo Tailhade. La presentación quedó radicada oficialmente en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo.
A pesar de la gravedad de la acusación, que apunta a una presunta connivencia entre exfuncionarios públicos y los equipos legales de firmas extranjeras para desarmar los controles del Estado, las actuaciones ingresaron en el clásico laberinto de la parálisis judicial. El expediente bajo la órbita de Lijo no registra avances públicos significativos ni llamados a indagatoria, una inacción que expone cómo determinados despachos de Comodoro Py actúan a menudo como amortiguadores temporales frente a los expedientes que rozan al poder real corporativo.
La entrega total y el freno en el Congreso
Esta trayectoria de desahucios institucionales encuentra su correlato directo en el panorama actual. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei dispuso la derogación total de la Ley de Tierras. El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la medida cautelar que protegía nuestro suelo, utilizando un tecnicismo formal sobre la «legitimación activa» del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata para esquivar el debate de fondo y dejar el territorio desprotegido.
Ante este escenario de indefensión jurídica, la batalla se traslada con urgencia al Poder Legislativo. De cara a la sesión especial convocada para el próximo 15 de octubre en la Cámara de Diputados, varios diarios capitalinos exponen que a la oposición le faltan siete votos para alcanzar el quórum mínimo de 129 legisladores necesarios para abrir el recinto y rechazar el DNU 70/2023. Medios como Tiempo Argentino precisaron detalladamente que las bancadas críticas ya cuentan con alrededor de 122 respaldos asegurados contra el mega decreto. Al haber sido rechazado previamente por el Senado, si la Cámara de Diputados logra sumar esos apoyos restantes entre bloques provinciales y dialoguistas durante la sesión para votar el rechazo definitivo, el decreto quedará legalmente anulado por completo, restituyendo la vigencia de los límites estrictos a la extranjerización del suelo.
El destino del suelo está en manos del pueblo
Pero las leyes y las bancadas parlamentarias no se mueven solas en el vacío. Al fin y al cabo, la decisión última de esta ley está en la propia gente y en su capacidad para romper la anestesia general. El futuro de la soberanía argentina no se resolverá únicamente contando manos alzadas en un recinto o analizando expedientes congelados en Comodoro Py; se definirá si el ciudadano común decide hacer sentir su opinión con fuerza y determinación en las calles, en las redes y en cada rincón del país. Cuando las instituciones fallan o se vuelven cómplices del despojo, la movilización popular se convierte en el último dique de contención para dejarle en claro a la dirigencia política y a los mercados internacionales una premisa histórica e innegociable: la Argentina no se vende.
Mientras el ciudadano común trabaja, paga impuestos y respeta normativas cada vez más rígidas para acceder a unos pocos metros cuadrados de vivienda, las grandes extensiones de frontera, los ríos y los recursos no renovables de la Argentina se negocian en dólares, sin límites de hectáreas y bajo el amparo de resoluciones firmadas a espaldas de la voluntad popular.