Un operativo policial realizado durante la mañana de este lunes en Concordia terminó con el secuestro de 60 envoltorios de clorhidrato de cocaína que una mujer llevaba ocultos en el interior de su cuerpo. Según informó Diario Río Uruguay, la mujer viajaba en un colectivo que trasladaba trabajadores rurales dedicados a la cosecha y se desempeñaba como encargada de la cuadrilla.
El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de la intersección de la Ruta 4 y calle Juana Duarte, en uno de los accesos al barrio El Silencio. Participaron efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y de la División Drogas Peligrosas, junto con el can detector de narcóticos Mali.
De acuerdo con la información publicada, las marcaciones del animal dieron lugar a pedidos de requisa personal, con intervención del fiscal Tomás Tscherning y autorización de la jueza de Garantías María Gabriela Seró. Durante la requisa a la encargada de la cuadrilla se encontraron los 60 envoltorios, que estaban dentro de un preservativo en el interior de su vagina. Las restantes requisas realizadas durante el operativo dieron resultado negativo.
La sustancia fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia. Hasta el momento, la información difundida sobre el procedimiento no establece cuál era el destino de la cocaína, si estaba destinada a la comercialización ni si existía alguna relación entre la droga y el pago de los trabajadores transportados.
Sin embargo, el dato de que el procedimiento se haya realizado en un colectivo que trasladaba cosecheros y que la persona que llevaba la sustancia fuera la encargada de la cuadrilla vuelve a poner sobre la mesa un problema que excede la tenencia de estupefacientes: las condiciones en las que se organiza parte del trabajo temporario en la actividad citrícola de la región.
El antecedente de la investigación federal
El 7 de septiembre, DIARIOJUNIO publicó una reconstrucción de la investigación judicial que había comenzado con un informe de inteligencia de la Policía Federal y que buscaba determinar si la cocaína era utilizada como forma de pago o compensación por el trabajo de cosecha.
En aquel caso, un colectivo que trasladaba trabajadores rurales fue interceptado sobre la Ruta Nacional 14. Allí se encontraron 45 envoltorios de cocaína. Posteriormente, durante un allanamiento en una vivienda vinculada a los sospechosos, se secuestraron otros 15 envoltorios, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares. Dos hombres quedaron detenidos, acusados de comercialización de estupefacientes.
El fiscal federal Francisco Bernhardt explicó entonces que la investigación se había iniciado a partir de información de inteligencia reunida en junio. A partir de esa pesquisa, los investigadores localizaron a un trabajador de la cosecha que declaró como testigo bajo reserva de identidad.
Según el relato que el trabajador aportó a la investigación, los hombres detenidos recorrían el colectivo ofreciendo cocaína a los cosecheros al momento del pago. El testigo también atravesaba una situación de consumo problemático.
Bernhardt sostuvo que la decisión de intervenir rápidamente estuvo relacionada con la vulnerabilidad de las personas involucradas y con la necesidad de interrumpir la actividad investigada. La intervención, sin embargo, también planteaba un desafío para determinar el alcance de la maniobra: hasta dónde llegaba el circuito, si se trataba de un episodio aislado y qué otras personas podían estar involucradas.
En ese contexto, los teléfonos secuestrados aparecían como una herramienta para reconstruir las relaciones entre los investigados y el funcionamiento de la presunta operatoria.
El fiscal recordó, además, un antecedente de 2018, cuando investigó en Concordia un caso de comercialización de drogas con características similares. Ese antecedente no permite afirmar que exista una práctica generalizada en la cosecha, pero sí indica que las sospechas sobre la posible utilización de estupefacientes dentro de ese ámbito no surgieron por primera vez en 2026.
La tercerización y el último eslabón de la cadena
En aquella publicación, DIARIOJUNIO también recogió las denuncias de Alcides Camejo, histórico dirigente del Sindicato de la Fruta, quien sostiene que la vulnerabilidad de los cosecheros es aprovechada por algunos contratistas para reducir costos y aumentar sus márgenes de ganancia.
El esquema laboral que describió tiene varios eslabones. El productor necesita mano de obra durante determinadas etapas de la temporada; los contratistas reclutan a los trabajadores, forman las cuadrillas, organizan los traslados y coordinan las tareas en las quintas. En el extremo de esa cadena queda el cosechero, que depende de conseguir jornadas de trabajo y tiene escaso margen para discutir las condiciones de contratación.
Camejo afirmó entonces que el productor pagaba alrededor de $14.000 por bin, mientras que, según sus cálculos, el valor debería ubicarse entre $25.000 y $28.000. De los $14.000 que mencionó, estimó que unos $8.000 quedaban para el trabajador y aproximadamente $6.000 para el contratista. Esos montos corresponden a los valores expuestos por el dirigente en septiembre.
El sindicalista también describió otros mecanismos mediante los cuales, según su denuncia, quienes organizan las cuadrillas pueden apropiarse de una parte de los ingresos de los trabajadores: la venta de alimentos, bebidas y mercaderías durante los traslados o las jornadas laborales, además de la presunta provisión de drogas.
Camejo aseguró que había advertido sobre la posible utilización de estupefacientes en el circuito de la cosecha años atrás. Según relató, en 2017 intentó plantear el problema ante autoridades provinciales, sin obtener respuesta.
Su denuncia sostuvo que, en determinadas situaciones, la droga puede operar como una forma de retener parte del jornal y, al mismo tiempo, como un recurso para que los trabajadores soporten jornadas físicamente exigentes, posterguen el descanso y continúen trabajando.
El dirigente afirmó que algunos cosecheros pueden generar entre $70.000 y $80.000 en una jornada y terminar llevando a sus casas apenas $5.000 o $10.000, o incluso nada, debido a los descuentos que, según su versión, se producen por la droga y otros consumos.
La hipótesis que describió es la de una relación en la que la dependencia económica y el consumo problemático pueden reforzarse mutuamente: el trabajador necesita empleo, el contratista controla su acceso a la jornada y, si además interviene en la provisión de sustancias, puede generarse una dependencia que exceda la relación laboral.
«Cosecha Blanca»: cocaína, tercerización y trabajadores exprimidos hasta el límite