La semana pasada, en distintas ciudades del país, se llevaron a cabo marchas pidiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En las marchas confluyeron otras demandas: discapacidad, jubilaciones, salud y trabajo. Si bien la marcha en CABA culminó con una tremenda y cobarde represión, nuestros ojos se posaron en otros lugares del mundo, donde la protesta toma las calles: Francia, España, Albania, Chile, Italia, Portugal, Bélgica e India. Las imágenes nos muestran saqueos, incendios y multitudinarias marchas.
En este panorama complejo, parece no ser tan compleja la causa: en todos estos países, los Estados decidieron reordenar la distribución del ingreso entre la ciudadanía para aplicar políticas públicas de concentración de capital económico en pocas (poquísimas) personas y soltar a millones que, además, son los verdaderos productores de las riquezas.
Los recursos crecen y dan frutos con la explotación y transformación de las materias primas; cualquiera sea la riqueza que se pretenda acrecentar, tiene una base insustituible de materia prima. Como lo dice su nombre, “material primero”: desde agua, sol, petróleo, gas y minerales hasta tierra y oxígeno. Pero estos no son posibles de transformarse en riqueza económica sin la intervención de la mano de obra humana. Manos, brazos, piernas y mentes humanas. Todos en cantidades necesarias, tanto las materias primas como las personas que las transforman en capital económico, para finalmente convertirse en patrimonio financiero que poseen un puñado de seres en cualquier lugar del mundo.
Las protestas, impulsadas mayoritariamente por jóvenes, tienen también una “materia prima”: la necesidad urgente de cambiar la ecuación distributiva. Mientras el 10 % más rico posee el 75 % de la riqueza global, solo queda el 25 % para repartir entre el 90 % de la población mundial. Afinando la mirada, de ese 10 % más rico, el 1 % controla el 45 % de toda la riqueza mundial. Es decir que, aun estando entre el 10 % más rico, la distribución entre ellos es totalmente desigual. El desglose de la distribución entre el 90 % restante muestra que el 50 % recibe (para repartir) el 2 % de la riqueza total (solo alcanza para subsistir… a veces). El 40 % restante se reparte el 23 % de la riqueza global. No hace falta ser expertos en economía, ni en finanzas, ni siquiera en matemáticas, para coincidir en que la materia prima de las protestas es la profunda desigualdad en la que estamos inmersos.
La descomposición social que acarrea la desigualdad es ineludible; ha sucedido cientos de veces a lo largo de la historia mundial. No es la primera vez que, cuando las mayorías se ven arrinconadas, reaccionan en modo subsistencia, porque, si las riquezas tienen su origen en la naturaleza, también es la naturaleza de los seres vivos la búsqueda de soluciones para la sobrevivencia.
Ante esta realidad, que se aborda desde muchas aristas y miles de estudios, se impone encontrar propuestas de forma urgente; la historia suele ofrecernos recursos que, adaptados a la época, pueden al menos ser un camino de salida posible.
Hace tiempo vengo sosteniendo que estamos ante la segunda conquista y colonización; por eso, volver a quienes transitaron y ofrecieron propuestas de superación en la primera aparece como tentador.
Uno de los grandes estadistas en nuestro proceso de reacción libertadora, a principios del siglo XIX, cuando la colonización, la explotación y la concentración de riquezas en monarquías extranjeras se volvían insostenibles, fue José Gervasio Artigas.
Artigas fue un caudillo que se suele tomar como “oriental” porque nuestra historiografía positivista se negó a reconocerlo como rioplatense, pero la Liga de los Pueblos Libres estuvo constituida por la campiña oriental, Montevideo y cinco provincias del Río de la Plata: Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Córdoba (que incluía parte de La Rioja). Por lo tanto, es tan nuestro como oriental.
El “Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados”, conocido como Reglamento de Tierras de 1815, es tal vez la mejor propuesta que nos dejó Artigas para un presente de tan desigual distribución de las riquezas. Indudablemente, lo que propone es una reforma agraria (un siglo antes de la Revolución Rusa). El objetivo general puede resumirse en lo que estipula el artículo 6: “…los sujetos dignos de esta gracia” son “que los más infelices serán los más privilegiados”. En este artículo dispone identificar las tierras disponibles y distribuirlas entre negros libres, zambos y criollos pobres; en el artículo 7 deja expreso que “serán también agraciadas las viudas pobres si tuvieren hijos. Serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros, y estos a cualquier extranjero”.
En estos dos artículos, Artigas define quiénes son los que necesitan que se equilibre la distribución de la riqueza. Está claro que hoy es difícil encontrar tierras fiscales; no porque no las hubiera, sabemos que las hay y muchas, tantas que parte de ese 10 % de ricos se ha apropiado de grandes extensiones en nuestro país. Pero es verdad que, para la población en general, hay pocas.
En el reglamento también se estipula claramente de dónde saldrán esas tierras. Además de las fiscales, dice en el artículo 12: “Los terrenos repartibles son todos aquellos de emigrados, malos europeos y peores americanos”. Lo que no es una definición menor: tratemos de ubicar mentalmente quiénes serían, en la actualidad, los “malos europeos y peores americanos”, a quienes habría que confiscarles los miles de hectáreas de tierras para repartir entre los “más infelices”. El “mal pensamiento” tal vez nos haga una mala jugada (por ética y por moral) y creamos que eso no se debería ni podría hacer porque no es compatible con las ideas republicanas y de derechos. Sin embargo, la misma historia nos ha demostrado que se puede: Urquiza repartió tierras entre suizos, franceses e italianos; Fabre (gobernador de Entre Ríos, aplicando la Ley Avellaneda) las entregó a alemanes, rusos judíos, belgas, austríacos y eslovenos. Ninguno de ellos le adjudicó una sola hectárea a negros, zambos, gauchos o viudas con hijos.
¡Pasó en el siglo XIX! No, también en la actualidad grandes empresas privadas, como High Luck Group Argentina, se autoadjudican más de un millón de hectáreas en Salta, muchas de las cuales ocupan pueblos originarios. O las grandes extensiones de tierras en Salta, Santiago del Estero, La Rioja y Formosa que posee la empresa Olmedo Agropecuaria, destinada a agronegocios, tierras también confiscadas a pueblos originarios; Desdelsur S. A., otra empresa agropecuaria que se ha apropiado y desmontado territorios del pueblo wichí. En Jujuy, la minera Piuquenes S. A. explota y deforesta territorio de la Comunidad Indígena Las Capillas, o Dajin Resources Corp., con intereses vinculados al litio, no solo se ha apropiado de territorios de comunidades nativas, sino que el extractivismo pone en riesgo el uso del agua en Salinas Grandes. Estos son solo algunos ejemplos actuales.
A esta “confiscación” de tierras ancestralmente pertenecientes a comunidades nativas se le llama “inversión” o “proyectos productivos”. Bien podría pensarse que el Reglamento de Tierras de 1815, redactado por Artigas, es un muy buen proyecto productivo y una muy buena inversión para el futuro soberano del país. Y, fundamentalmente, para una redistribución equitativa de la riqueza, para que haya un círculo virtuoso en la economía.
Artigas no pensó una expropiación sin consideración, lo que deja expreso en el artículo 15: “Para repartir los terrenos de europeos o malos americanos se tendrá presente si estos son casados o solteros. De estos todo es disponible. De aquellos se atenderá al número de sus hijos, y con concepto a que no sean perjudicados, se les dará bastante para que puedan mantenerse en lo sucesivo, siendo el resto disponible, si tuvieran demasiado terreno”.
El reglamento preveía, además, que las tierras repartidas tuvieran acceso a aguadas y se les entregaran herramientas y ganado. En los seis meses que estuvo vigente el reglamento, se realizaron 43 adjudicaciones, entre las que se encontraron 14 patriotas casados y una viuda, con un total de 52 niños. Obviamente, la aplicación tuvo resistencia entre las clases terratenientes, pero el mayor obstáculo estuvo en la indiferencia de las clases rurales que resultarían beneficiadas.
La historia, especialmente la de Entre Ríos, nos ha demostrado que repartir parcelas y herramientas dio origen a un territorio que, a diferencia de otras provincias, muestra una distribución más equilibrada, con pueblos y aldeas pujantes que fueron adquiriendo identidad propia. ¿Si esto se pudo hacer para promover la población extranjera, por qué no puede volver a pensarse para favorecer y propiciar una mejora en la calidad de vida de los argentinos?
En esta segunda conquista, pareciera que quienes impulsan la apropiación de nuestras tierras tienen en claro cómo proceder. Tal vez es tiempo de estimular la conciencia nacional en pos de “que los más infelices sean los más privilegiados”.
Verónica López
Lic. en Ciencias de la Educación