Pero, en este momento de tanta confusión política y social, los límites entre el poder político y el Poder Judicial se han vuelto tan difusos que actúan en una simbiosis tan descarada que, a la transgresión de uno al cometer delitos innumerables, le sucede la respuesta del otro, el Judicial, con fallos en favor de los intereses y de la impunidad de funcionarios, desde la más alta jerarquía, el Ejecutivo, hasta el más insignificante funcionario, siempre y cuando se trate del gobierno de turno.
Ya no importan las formas ni los modos. El atropello del derecho penal se hace a cara descubierta. Y esta «criminalidad de la Justicia», en cuanto a la parcialidad de los fallos a través de la complicidad con el poder político, es la que más gravemente daña a la democracia y a los derechos y garantías, violando los códigos de procedimiento del derecho penal y extinguiendo las garantías constitucionales respaldadas por la Constitución. Y lo lamentable es que no se trata de un hecho aislado o excepcional, sino de algo inserto en el funcionamiento de nuestras sociedades.
Aquí, en nuestro país, ha causado estupor, por ejemplo, cómo el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso este viernes pasado el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve acusados en la causa $LIBRA, que investigaba la estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda promocionada por el mismo presidente en febrero de 2025.
La decisión hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano (que responde a Macri), quien sostuvo que los hechos no encuadran en las figuras penales examinadas. Pero el mismo Taiano fue acusado por diputados de la oposición y querellantes de «ocultar pruebas» y de incurrir en demoras injustificadas, y enfrenta denuncias por presunto encubrimiento.
Este sobreseimiento es un nuevo capítulo que se suma a las denuncias de Comodoro Py. Los antecedentes de los magistrados y los acuerdos parlamentarios que definen sus carreras exponen un problema que va más allá de un expediente particular.
La causa $LIBRA había acumulado denuncias, peritajes y cuestionamientos políticos. En noviembre de 2025, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados difundió un informe con sus conclusiones y recomendó denunciar penalmente a los funcionarios. Desde esa comisión afirmaron que las novedades habían surgido del peritaje al celular de Mauricio Novelli, quien fue el enlace entre el presidente Javier Milei y Hayden Davis, el creador de la criptoestafa. Y llegaron a la conclusión de que, sin el «posteo» de Javier Milei, no habría existido la estafa $LIBRA. Los peritajes dan cuenta de una transacción de al menos US$ 5.000.000 para que el presidente publicitara la criptomoneda en su red social. También se conoció un audio de Mauricio Novelli que involucra directamente a Karina Milei con los pagos por la participación en la criptoestafa.
En un país donde la Justicia es absolutamente lenta cuando se trata de «pisar» las causas, esta vez actuó rápidamente en una causa «caliente» como lo era la de la estafa $LIBRA. Por ejemplo, primero el criptolobbista Mauricio Novelli, socio de los Milei, pidió la exclusión de los querellantes por no ser «particulares ofendidos», sino inversores en un mercado de riesgo.
Pero lo más interesante del hecho es quiénes fueron los que tomaron la medida. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal está compuesta por Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, quien, junto al juez Bruglia, había sido promocionado por Mauricio Macri. Sus pliegos fueron aprobados en el Senado, junto al de Martín Llorens.
Recordemos que el juez Martínez de Giorgi fue quien mandó a detener a Hebe de Bonafini por la fuerza, mediante la Policía Federal, con despliegue de helicópteros y carros policiales. Pero esto contrasta con la medida que tomó cuando investigó la causa por el megacanje, que fue la estafa que terminó con un aumento de la deuda externa de US$ 55.000 millones y que tenía como acusado al exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos David Mulford. Recién después de 11 años de comenzada la causa, el juez pidió la captura internacional de Mulford, que, por supuesto, no se produjo.
También fue quien rechazó el pedido de embargo dictado por la UIF sobre los bienes del espía y exjefe de los servicios de inteligencia de la SIDE, Antonio Stiuso. Y aún hay muchos casos más. Pero, por supuesto, sus fallos no son «gratis». En julio de 2026, el Gobierno de Milei oficializó la designación de Ana Cristina Juan, esposa de Di Giorgi, como jueza federal de Hurlingham. El juez esperó que el Gobierno la designara para emitir el fallo a favor de Milei.
Pablo Yadarola es otro de los jueces que participaron del viaje a Lago Escondido, en la finca del inglés Joe Lewis, en octubre de 2022, donde también participó Samuel Alito, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en una excursión organizada por el diario Clarín, en la que también participaron periodistas, empresarios, etcétera.
En esta «mélange» de nuevos encumbrados en la nueva élite judicial está el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, un verdadero hijo de la «casta» judicial que integra una familia de encumbrados miembros del Poder Judicial que, lejos de impartir justicia, defienden los intereses del poder. Es amigo de Clarín, de Angelici, de Wado de Pedro y de la AFA.
Lo que se dice es que llegó al Ministerio con la misión de operar para cerrar las causas más sensibles del Gobierno: la causa $LIBRA y la de la ANDIS. $LIBRA ya está; la segunda tendrá que esperar a que sigan los trámites imposibles de soslayar hasta que lleguen a los juzgados de los jueces «amigos», que procederán según el «manual» de estilo.
Mahiques integra una de las familias de más peso en el mundo judicial y con variados lazos políticos que se extienden desde hace décadas. Tiene apenas 45 años y, en 2015, Macri, en su colonización del Poder Judicial, lo nombró representante del Consejo de la Magistratura. Hasta que, en 2019, la Legislatura porteña aprobó su pliego y se convirtió en fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que Larreta pudo dormir tranquilo.
Además, Juan Bautista es protagonista de diversos hechos que lo ubican en un lugar privilegiado de la nauseabunda «casta» judicial. Esa misma casta que La Libertad Avanza venía a «combatir» y desterrar (¿?).
Hubo un hecho en el que su voz quedó grabada en escuchas telefónicas de una causa penal que salió a la luz, ya comentado: el viaje a Lago Escondido, al sur, que pretendía ser secreto, de jueces, fiscales, empresarios y miembros de los servicios de inteligencia, organizado por el Grupo Clarín.
Pero lo grave es que Mahiques aparece en la escucha telefónica en una maniobra para encubrir el financiamiento de la excursión que culminó en Bariloche. Mahiques aparece sugiriendo conseguir «facturas truchas» para fraguar quién había pagado los gastos (¿?).
El padre de Juan Bautista, el «Coco» Mahiques, juez de la Cámara de Casación, tiene una estrecha relación con el «escorpión» Mauricio Macri. Para el cumpleaños de su padre, fue a la fiesta en la mansión que está sujeta a investigación, es decir, la quinta de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha del Chiqui Tapia. Es que el amor al deporte hace posibles estas cosas.
Pensar que antes se decía: «La mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo».
La causa del viaje a Lago Escondido quedó en manos del juez Sebastián Ramos. Pero, ni lerdos ni perezosos, parte de los involucrados en este affaire acusaron de ser víctimas de espionaje ilegal. Esta coartada —que no anula la existencia del hecho probado— y demás maniobras de presión «convencieron» al juez Ramos de dictar la nulidad absoluta de la causa y darla por cerrada. (Pensar que juraron por Dios y la Patria: «Os lo demanden». Esa te la debo, diría Macri).
Pero el padre de Juan Bautista, Carlos «Coco» Mahiques, esperó a que el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, publicara detalles del cumpleaños de «Coco» para apartarse de la causa penal en la que debía investigar maniobras de evasión y otros eventuales delitos relacionados con la quinta de Pilar. Es que el camarista tenía en sus manos nada menos que la decisión sobre la competencia jurisdiccional en el expediente.
De todo esto se desprende una conclusión: la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia tiene un objetivo más que pragmático: utilizar todos sus contactos, experiencia y demás artilugios para intentar blindar a la «banda» gobernante ante los casos judiciales que más la comprometen y que pueden complicarle la existencia.
Por ejemplo: ¿por qué se demora el nombramiento de dos nuevos jueces en la Corte Suprema? Porque Milei está cómodo con los actuales. Hay más de 200 vacantes de jueces federales sin cubrir.
Lo cierto es que hay muchos jueces federales que son probos y honestos. Pero no es casualidad que en los foros más importantes esté encarnada la «casta», que supuestamente vinieron a combatir y que detenta un sinfín de privilegios, prebendas y corrupción, como ejemplo de una criminalidad institucional de tal magnitud que, si alguien pasa por delante del edificio de Comodoro Py y siente un olor pestilente, es el que emana del cadáver de la democracia, que solo falta inhumar. ¡!