El reclamante pretendía mantener el mecanismo anterior de movilidad, que vinculaba la actualización de sus haberes con los incrementos salariales del sector bancario, en lugar del nuevo sistema que toma como referencia al escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado provincial.
Sin embargo, durante el proceso la Caja de Jubilaciones informó que el beneficiario había percibido todos los incrementos bancarios correspondientes hasta la entrada en vigencia de la reforma, el 22 de agosto.
Además, aportó un dato significativo: en septiembre, primer mes de aplicación del nuevo mecanismo, el aumento otorgado fue del 3,5 por ciento, mientras que el incremento salarial bancario fue del 1,9 por ciento. Es decir, el jubilado recibió una actualización 1,6 puntos porcentuales superior a la que le habría correspondido por el régimen anterior.
La Caja de Jubilaciones y la Fiscalía de Estado defendieron la legalidad de la reforma y sostuvieron que el planteo de inconstitucionalidad debía tramitarse mediante los procedimientos judiciales específicos.
La Fiscalía de Estado también expuso la situación financiera del sistema previsional provincial, su déficit estructural y la necesidad de preservar su sustentabilidad, considerando el carácter solidario del régimen y los derechos del conjunto de los beneficiarios.
En su resolución, el magistrado coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que la controversia requiere un debate y una producción de pruebas más amplios que los permitidos por una acción de amparo.
El juez concluyó que existen otras vías judiciales más adecuadas para discutir la cuestión y, en consecuencia, rechazó la presentación.
La sentencia no resolvió sobre la constitucionalidad de la reforma, sino que estableció que el cuestionamiento debe tramitarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.