El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó la Ordenanza N° 38.984, sancionada por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante, que crea un Régimen Especial de Comercialización de Materiales Reciclables Recuperados en la Planta del Campo del Abasto. La norma, firmada por el intendente Francisco Azcué y el secretario de Servicios Públicos, Roberto Oscar Ramírez, establece un mecanismo para vender los materiales recuperados, distribuir los ingresos entre los trabajadores y el funcionamiento de la planta, y regular las condiciones en que se realizarán las operaciones.
Uno de los puntos centrales es la distribución de los recursos. El artículo 11 establece que el 50% de lo efectivamente recaudado por cada venta se destinará a complementar la financiación del Programa de Capacitación para el Trabajo en Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, en el que participan los recuperadores. El otro 50% tendrá una afectación específica para financiar equipamiento, mantenimiento y mejoras operativas del Campo del Abasto.
Entre los destinos previstos para esta segunda mitad figuran la cinta transportadora, la enfardadora, las balanzas, las tolvas, las instalaciones eléctricas, las obras, la seguridad contra incendios, el mantenimiento de palas, camiones y Bobcat, además de repuestos, herramientas y otras mejoras de productividad.
La ordenanza aclara que los costos ordinarios de funcionamiento no podrán descontarse de la base sobre la cual se calcula la distribución. Esta se conformará con el importe efectivamente percibido y registrado por cada operación. Los fletes y otros cargos deberán estar identificados y serán asumidos por el comprador.
Ventas directas por 24 meses
Otro aspecto importante es la autorización que recibe el Ejecutivo para comercializar los materiales sin realizar una licitación ni una subasta pública por cada partida. El artículo 3 habilita expresamente la venta directa, aunque establece que deberá realizarse mediante un procedimiento competitivo simplificado y bajo las condiciones de control previstas en la ordenanza.
La autorización tendrá una vigencia de 24 meses y solamente podrá prorrogarse mediante una nueva ordenanza.
El mecanismo contempla la creación de un registro abierto de compradores, la difusión de los materiales disponibles y la solicitud, como regla general, de tres cotizaciones por cada lote. Si se presentan menos ofertas, la adjudicación podrá concretarse únicamente cuando exista un informe fundado que justifique la falta de concurrencia, la razonabilidad del precio y la conveniencia ambiental de la operación.
El precio de referencia deberá considerar las cotizaciones actuales, la calidad y el volumen del material, las condiciones del mercado y el costo del flete. La decisión de venta tendrá que ser fundamentada por un funcionario competente y documentar la comparación de las ofertas, priorizando el mayor ingreso verificable compatible con condiciones seguras de retiro.
La norma comprende la comercialización de PET cristal y otros plásticos reciclables, cartón, papel, vidrio, chatarra no patrimonial y otras fracciones recuperables que sean identificadas y aprobadas por resolución fundada del Departamento Ejecutivo. Quedan excluidos los bienes inventariados como patrimonio municipal, los residuos peligrosos o especiales y aquellos materiales sobre los que existan derechos de terceros.
Controles sobre las operaciones y el destino del dinero
La ordenanza establece que el Municipio conservará la administración y dirección de la planta y tendrá la facultad exclusiva de autorizar la comercialización. También prohíbe expresamente la venta particular de materiales que hayan ingresado al circuito del establecimiento.
Cada operación deberá quedar registrada mediante el pesaje en la balanza habilitada del Campo del Abasto. La constancia deberá identificar el lote, el tipo y la calidad del material, el peso neto, la tara, la fecha, el vehículo, el comprador y los responsables municipales. Si la balanza estuviera fuera de servicio o no contara con la verificación metrológica exigible, se suspenderá el despacho o se utilizará otra balanza habilitada y documentada.
En cuanto al cobro, las ventas deberán facturarse conforme al régimen tributario aplicable y el comprador tendrá que depositar el importe íntegro en una cuenta bancaria oficial. La Dirección de Rentas y la Tesorería Municipal serán responsables de registrar el pago. Como regla, el material no podrá retirarse antes de que se acredite el ingreso del dinero, salvo que se sustituya ese requisito por una póliza de seguro de pago.
Además, la autoridad de aplicación deberá publicar informes trimestrales con información sobre toneladas comercializadas, precios promedio, ventas, montos distribuidos e inversiones realizadas, resguardando los datos protegidos.
La posibilidad de conformar una cooperativa
La norma también contempla un proceso progresivo para los recuperadores que actualmente participan del Programa de Capacitación para el Trabajo en Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
En una primera etapa se realizará la identificación nominal de los trabajadores y se pondrá en marcha el régimen de participación directa en el 50% de los ingresos por ventas, administrado por la Municipalidad.
Posteriormente, se prevén instancias de información, capacitación, acuerdos de convivencia, acompañamiento social y evaluación de la voluntad individual de constituir una cooperativa local. En esa etapa también se contempla comenzar con la provisión de uniformes y elementos de protección personal, además del pago del seguro y el monotributo social.
Si los trabajadores deciden avanzar con la conformación de una cooperativa, el Municipio deberá brindarles capacitación, asesoramiento y asistencia para la asamblea constitutiva, la elaboración del estatuto, los libros, la matrícula ante el INAES y las cuestiones tributarias, previsionales, administrativas y legales.
La ordenanza establece que la cooperativa deberá estar integrada por los propios recuperadores interesados y contar con órganos elegidos democráticamente. También aclara que negarse a formar parte de ella no implicará, por sí solo, perder derechos preexistentes ni quedar automáticamente excluido del régimen inicial.
Plazos para su implementación
La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Ambiente o el área que en el futuro tenga competencia sobre la gestión ambiental y la operación del Campo del Abasto.
El Departamento Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentar la ordenanza. Sin embargo, antes de concretar las primeras ventas deberá cumplir una serie de condiciones: realizar un inventario de los materiales disponibles, habilitar el registro de compradores, establecer el procedimiento documentado de cotizaciones y precios, garantizar que la balanza esté en condiciones de funcionar y organizar el circuito administrativo de Tesorería, además de adecuar el presupuesto para aplicar los fondos según lo dispuesto.
Por otra parte, dentro de los 12 meses desde el inicio del régimen, el Ejecutivo deberá remitir al Concejo Deliberante un informe sobre los materiales valorizados, la reducción de rechazos, las condiciones laborales, la prevención de riesgos, el cumplimiento de las ventas y la aplicación de los recursos.
Un punto que la propia ordenanza deja expresamente establecido es que la rentabilidad de la planta no será un indicador excluyente para evaluar los resultados del sistema. El objetivo declarado es garantizar la comercialización continua de los materiales, reducir su acumulación y los riesgos ambientales, mejorar las condiciones de trabajo y sostener operativamente el establecimiento.
La promulgación de la norma se produce después de los reclamos salariales y laborales que los trabajadores del Campo del Abasto llevaron al Concejo Deliberante. En aquella sesión, habían solicitado un incremento de $200.000, pero la ordenanza no establece una recomposición salarial fija: la mejora de los ingresos quedará vinculada a los recursos que se obtengan por la comercialización de los materiales recuperados y a los precios que se consigan en el mercado.