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Política

20 noviembre, 2026

El PJ Entre Ríos, el PJ Paraná y el concejal Garay repudiaron las amenazas contra Rosario Romero y exigieron frenar la violencia política

Diversos sectores del peronismo entrerriano, entre ellos el Consejo Provincial del Partido Justicialista, el Consejo Departamental Paraná, encabezado por Jorge Kinoto Vázquez, y el abogado y concejal de Concepción del Uruguay, Juan Martín Garay, expresaron su repudio y solidaridad con la intendenta de Paraná, Rosario Romero, tras las declaraciones difundidas en el programa de streaming El Fortín el pasado 17 de noviembre, según información enviada a DIARIOJUNIO.

8:20 am h
muni parana

Los pronunciamientos se sumaron a la postura de la Liga de Intendentes Justicialistas y apuntaron contra las expresiones emitidas en ese espacio —conducido por el concejal paranaense Maximiliano Rodríguez Paulín, vinculado a La Libertad Avanza, y el fotógrafo Juan Manuel Hernández, con la participación como entrevistado del secretario provincial de Transporte, Aníbal Steren—, donde Hernández preguntó en referencia a la jefa comunal: «¿Qué quiere, que le prendan fuego la casa esta mina?», un recorte que luego fue editado y replicado en redes sociales.

El posicionamiento del Consejo Provincial del PJ

Desde el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos sostuvieron que lo ocurrido nada tiene que ver con la crítica política legítima ni con la libertad de expresión, y advirtieron que sugerir un ataque incendiario contra la vivienda particular de una autoridad democrática constituye una incitación directa a la violencia contra ella y su entorno familiar, agravada por recientes episodios de vandalismo y quema de contenedores en la capital entrerriana.

Asimismo, el órgano partidario remarcó la responsabilidad institucional de quienes ocupan cargos electivos o comunican públicamente, respaldó la denuncia penal presentada por la Municipalidad de Paraná ante el Ministerio Público Fiscal por amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva, y acompañó el pedido para que el caso se aborde bajo las leyes nacionales 26.485 y 27.533 de violencia política por razones de género. También rechazó cualquier intento de impulsar una campaña electoral basada en agresiones, fake news o intolerancia, y llamó a la dirigencia, los medios y la sociedad a defender la convivencia democrática.

La postura del Consejo Departamental Paraná

A través de un comunicado firmado por su presidente, Jorge Vázquez, el Consejo Departamental Paraná del PJ condenó los dichos vertidos en un medio local con la presencia del concejal Rodríguez Paulín y del funcionario del gobierno de Rogelio Frigerio, Aníbal Steren.

El documento señaló que una concepción violenta de la política —rechazada por la sociedad desde la recuperación democrática— vuelve a ganar espacio mediante la provocación, el agravio y el odio sistemático, expresándose en casos locales como los mencionados. En ese marco, el PJ local defendió políticas municipales como la renovación del transporte público, la asistencia social a sectores humildes y la atención a personas afectadas por inundaciones, y ratificó la justicia social, el respeto y la tolerancia frente a lo que definió como discursos de odio y violencia.

El pronunciamiento de Juan Martín Garay

Por su parte, el abogado y concejal de Concepción del Uruguay, Juan Martín Garay, manifestó su acompañamiento a Rosario Romero y subrayó que las amenazas contra una autoridad elegida por el voto popular no deben relativizarse ni naturalizarse como parte habitual de la confrontación política.

Garay consideró que el hecho adquiere mayor gravedad institucional por la participación de un edil de la oposición paranaense y un funcionario provincial sin que se manifestara un rechazo durante la emisión. Al recordar los 43 años de democracia ininterrumpida, enfatizó que el debate y las diferencias ideológicas son legítimos, pero la violencia y la intimidación cruzan un límite que debilita la democracia y la convivencia plural, una responsabilidad que recae especialmente sobre quienes ejercen funciones públicas.

La Liga de Intendentes Justicialistas repudió una amenaza contra Rosario Romero: «¿Qué quiere, que le prendan fuego la casa esta mina?»

 

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