Una trabajadora de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) denunció judicialmente por acoso sexual y violencia laboral al vicepresidente del organismo, Ricardo García.
La denuncia fue recibida por el Juzgado el 13 de noviembre y, al día siguiente, el juez suplente Alexis Ezequiel Beade dispuso dar inicio a las actuaciones bajo el trámite sumarísimo, en el marco de la Ley Provincial N° 10.956, de prevención y abordaje de la violencia laboral contra las mujeres.
Entre las medidas ordenadas, la Justicia estableció que García deberá abstenerse de realizar cualquier acto de perturbación, intimidación, acoso o violencia verbal o física contra la denunciante, tanto de manera directa como indirecta, dentro o fuera del ámbito laboral. La prohibición alcanza también a los contactos telefónicos, las redes sociales y cualquier otro medio de comunicación.
Asimismo, dispuso una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la trabajadora, cualquiera sea el lugar donde se encuentre, ya sea su residencia, lugar de trabajo o domicilios de familiares y allegados. Las medidas tienen una vigencia de 90 días, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a un funcionario público, previsto en el artículo 239 del Código Penal.
La resolución también fijó audiencias para los días 17 y 18 de noviembre, a fin de escuchar a ambas partes. En el caso del denunciado, se estableció que podía comparecer personalmente o con patrocinio letrado.
Por otra parte, el juzgado ordenó notificar a OSER para que comunique las medidas a García y adopte los recaudos necesarios para garantizar su cumplimiento y evitar situaciones de violencia entre las partes.
El reclamo de ATE
Tras conocerse la denuncia, desde la Asociación Trabajadores de Estado (ATE) Seccional Concordia difundieron un pronunciamiento en el que expresaron su «más profunda solidaridad y acompañamiento» a la trabajadora y manifestaron su repudio ante los hechos denunciados.
El sindicato consideró de extrema gravedad que una situación de esta naturaleza involucre a un funcionario que ocupa uno de los cargos de mayor jerarquía dentro de la obra social provincial. Además, señaló que existe una evidente asimetría de poder entre las partes.
En el mismo comunicado, manifestaron su preocupación por la falta de un pronunciamiento público del Poder Ejecutivo provincial y del directorio de OSER. Según la organización gremial, el silencio institucional y la ausencia de medidas administrativas inmediatas, aun cuando existen medidas cautelares judiciales, contribuyen a revictimizar a la trabajadora.
Frente a este escenario, la seccional reclamó la inmediata separación preventiva de Ricardo García de su cargo mientras avance el proceso judicial. También exigió garantías de resguardo laboral, psicológico y físico para la denunciante, con el objetivo de evitar cualquier tipo de represalia.
Por último, pidió que se apliquen efectivamente los protocolos contra la violencia laboral y de género en todas las dependencias del Estado provincial. «No hay lugar para la impunidad ni para el silencio cómplice frente a la violencia de género en el ámbito laboral», concluyó.













