La ciudad de Concordia tiene una “Guardia Urbana”. Para los vecinos son “policía municipal”. Para quien encabeza esa “Unidad”, también…
Sin embargo, para la mejor convivencia social, humildemente desde lo jurídico les sugerimos no confundir conceptos: ser empleado municipal con ser policía.
¿Por qué? Precisemos algunos conceptos básicos: la policía es del Gobierno Provincial y cuenta con facultades para el cuidado de la seguridad mediante tareas de prevención. Cuenta con permisos, como por ejemplo la utilización de armas para casos excepcionales, y esa utilización es legal.
En cambio, la “Guardia Urbana”, más allá de su uniforme, su corte de pelo y su monotributo (que encubre una relación laboral), son empleados municipales sin facultades legales para el uso de la fuerza ni el uso de armas (letales o no letales).
Esto es importante distinguir, porque quizás alguien les haya dicho que ellos pueden portar “armas no letales” porque no están en el Código Penal (como pistolas Byrna, Taser y equipamiento antidisturbios). Y así, quizás la Municipalidad compre —como nunca por licitación— armas no letales para la “prevención” de disturbios de una ciudad con una sociedad pacífica.
El planteo no es una exageración. Si un agente municipal que interviene en la calle sufre algún tipo de violencia, no requiere de una ordenanza para poder ejercer una legítima defensa. Los agentes municipales son alcanzados por el mismo principio de igualdad que establece la Constitución; por tanto, tienen el derecho de repeler una agresión ilegítima como cualquier concordiense.
Sin embargo, un agente municipal que emplea “un dispositivo de defensa”, en primer lugar, puede quedar exento de la protección jurídica que otorga la “legítima defensa”, por la desproporción del medio empleado. Y con ello, someterse a una investigación penal con su consecuente pena.
Entonces, respondiendo la pregunta inicial: ¿puede un Guardia Urbano ir preso en el ejercicio de su trabajo? La respuesta es sí. Porque NO SON POLICÍAS. No tienen el marco legal de protección. Ni la formación.
Con lo cual, les sugerimos desoír a los irresponsables que les indiquen sobre el uso de esas “herramientas”, porque, de lo contrario, deberán buscar asesoramiento penal.
En lo que hace a un breve análisis de la Ordenanza de “Prevención y Seguridad Municipal” aprobada en el día de ayer, su artículo 5 dice que el Guardia Municipal no podrá portar armas letales “ni de ningún otro tipo”. Sin embargo, el artículo 10 permite al personal de la Unidad Operativa utilizar elementos defensivos, dispositivos de sujeción y “cualquier otro equipo” que ofrezca el avance tecnológico, siempre que no sea letal y esté autorizado para uso civil. Además, deja a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana la elaboración del protocolo correspondiente.
La tensión no es menor. La Unidad Operativa estaría integrada por Guardias Municipales, pero mientras un artículo prohíbe a estos agentes portar armas de cualquier tipo, otro habilita al personal de esa Unidad a emplear dispositivos defensivos y de sujeción. ¿Cuáles? No dice.
La ordenanza establece algunos límites —capacitación, autorización escrita, mediación, advertencia y uso ante una agresión o resistencia que ponga en riesgo la vida o la integridad—, pero también deja expresiones amplias y entrega al protocolo decisiones centrales sobre el equipamiento y su empleo.
Última apreciación: si bien la Constitución entrerriana reconoce a los municipios facultades de policía en materias locales, incluida la seguridad, también asigna al Poder Ejecutivo provincial la conservación de la paz y el orden público y el ejercicio de la policía provincial. La discusión jurídica está en un preocupante límite: la prevención local no puede transformarse, por vía de ordenanza o protocolo, en una fuerza con atribuciones policiales indeterminadas.
Y ese límite importa también para proteger a los propios trabajadores municipales. Dotarlos de un marco legal confuso, un uniforme y estética similar a la castrense no los faculta al ejercicio LEGAL de la violencia. Cuidado.












