Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo de Adrián González Charvay y la Secretaría Penal N°3 a cargo de Felipe Scagliotti, informaron fuentes policiales a Télam.
Tras analizar la información digital y financiera de 180 domicilios de empresas y personas físicas y realizar tareas de campo sobre los mismos, los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la PFA lograron dar con una red de firmas y personas físicas vinculadas entre sí, las cuales se dedicaban a contrabandear mercadería declarada como ácido oleico.
Posteriormente, esta red efectuaba una triangulación internacional del dinero obtenido con el objetivo de darle apariencia de licitud.
Las pesquisas comenzaron en noviembre de 2021 a partir de una serie de denuncias por los delitos de contrabando y lavado de activos, realizadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y por la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Ambos organismos informaron que un grupo de personas estarían operando con empresas que se encuentran en funcionamiento y otras firmas “fantasmas”, cuyo fin era exportar subproductos oleaginosos (ácido oleico, ácido graso, entre otros) mediante mecánicas de triangulación de facturacione s.
Con esta triangulación realizada con firmas radicadas en Estados Unidos se buscaba, por un lado, obtener un rédito económico mediante una diferencia del valor FOB entre la Aduana de Argentina y la de Chile y, por otro lado, darle apariencia licita al dinero que era fruto del contrabando.
La red estaba compuesta por, al menos, 48 personas y 19 empresas, según se indicó desde la Policía Federal.
Algunas de las firmas que aparecían como exportadoras eran creadas con el único fin de generar facturación, siendo “empresas fantasmas” que no presentaban la solvencia para acreditar las sumas millonarias de mercadería que comercializaban.
Los efectivos federales, en conjunto con la Aduana, individualizaron a todos los socios y profesionales involucrados en la red ilícita, desplegándose tareas investigativas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
La organización criminal, que se dedicaba al lavado y al contrabando, también tenía ramificaciones en Chile y Estados Unidos.
Tras vincular a los involucrados, la PFA solicitó a la justicia impulsar las medidas procesales pertinentes, a fin de obtener material de prueba para la imputación de las personas implicadas.
En los allanamientos realizados en las últimas horas se logró identificar a una “gran cantidad” de las empresas y personas investigadas y se secuestraron “varios equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, armas de fuego y documentación de interés, como despachos de exportación y estatutos de constitución de las firmas”.
De acuerdo con las autoridades judiciales, las empresas que forman parte de la organización habrían perjudicado a las arcas del Estado en una suma superior a los US$ 200.000.000, sin contar las multas que eventualmente aplicaría la Aduana.
