Prof. Gabriel Bonomi
CEYDAS – Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres
La irresponsable autorización de la matanza de aves autóctonas (patos y perdices) por parte del gobierno de Rogelio Frigerio en Entre Ríos cosechó múltiples críticas y repudios, y puso en alerta a numerosas organizaciones socioambientales nacionales e internacionales que reclamaron –a lo largo de varios meses y de diferentes formas– el cese del fuego y denunciaron la complicidad entre el gobierno y los propietarios de los cotos de caza o turismo cinegético. Estos últimos fueron los únicos beneficiados de una medida que –a ojos vista– es inconstitucional y viola numerosos tratados internacionales.
Como corolario de este polémico “permiso para matar”, varias instituciones entrerrianas iniciaron acciones judiciales contra el gobierno del actual mandatario provincial y exministro de Mauricio Macri, no solo por autorizar la caza de aves autóctonas, sino también por permitirla a niños y adolescentes que tienen luz verde para manipular armas de fuego y quedar expuestos a situaciones de peligro, violencia y crueldad hacia los animales. Esta última cuestión viola abiertamente la Declaración de los Derechos del Niño y pone a Entre Ríos al borde de merecidísimas sanciones internacionales.
Lejos –muy lejos– está Entre Ríos de gestiones como las de Corrientes y Misiones, que hacen del turismo de naturaleza –actividad ambientalmente sustentable y a la vez muy rentable– una verdadera mina de oro. Ciervos de los pantanos, carpinchos, cardenales amarillos y hasta yaguaretés atraen al turista foráneo que viene por la foto, el video o solo por la contemplación y el disfrute. Esta actividad no solo reporta a esas provincias importantísimos ingresos económicos sin destruir ni contaminar, sino que además invita a proteger y conservar cada vez más para atraer al turista.
Entre Ríos, en cambio, y bajo una inconcebible campaña turística denominada “Modo Carpincho” –que, con un grado de hipocresía nivel Dios, invita a disfrutar de la naturaleza– apuesta por el llamado turismo cinegético, que trae cazadores extranjeros (principalmente de Europa y Estados Unidos) a matar –sí, a matar– cientos de miles de aves autóctonas. Algo que –vale decir– en sus países de origen está totalmente prohibido o al menos muy restringido. Y Entre Ríos les abre las puertas para que vengan a saquear nuestra biodiversidad y saciar su sadismo y sed de matanza mientras dejan algunos dólares o euros para unos pocos (para unos pocos poderosos, por supuesto).
Siriríes pampas y colorados, patos picazo, patos de collar, patos cutirí, inambúes y palomas son solo algunas de las inocentes víctimas de un turismo irresponsable, cruel, violento y totalmente a contramano del mundo, que amenaza con arrastrar directamente a la extinción a muchos de nuestros “bichos” autóctonos y que cuenta con un sospechoso apoyo del gobierno de Frigerio.
Tan descarado, indignante y oscuro es el favoritismo y la promoción de la gestión de Frigerio hacia el negocio de la caza que se atrevió a incluirlo dentro de las actividades favorecidas por el RINI (Régimen de Incentivos a las Nuevas Inversiones), lo que implica que puede recibir beneficios tales como exenciones de hasta el 100 % en Ingresos Brutos, Automotor, Inmobiliario y Sellos; reintegros energéticos y exclusión de regímenes de retención y percepción. Todos estos beneficios con una duración de 15 años y prorrogables a 20.
El favoritismo resulta claro y expreso, puesto que incluye en el régimen de beneficio a los “Servicios de centros de pesca y caza deportiva 31300 17020” (con nomenclador de actividades incluido). Nunca un gobierno se atrevió a tanto…
Vale decir en este sentido que –además del contundente rechazo social hacia este peculiar negocio de matanza de animales silvestres– hay antecedentes judiciales que lo condenan. En 2022 y 2023, la Justicia entrerriana anuló resoluciones que permitieron la caza de patos y perdices, y las declaró inconstitucionales y violatorias de tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de Bonn y la Convención Ramsar.
¿Cuál es entonces la motivación del gobierno de Frigerio para promover y autorizar nuevamente una actividad visiblemente ilegal e inconstitucional? ¿Por qué ignora los reclamos de las organizaciones socioambientales y favorece un negocio destructivo y contaminante?
La Justicia entrerriana tiene hoy en sus manos la posibilidad de comenzar a revertir la situación y de cerrarle la tranquera a un negocio nefasto que amenaza a nuestra fauna. Pero, más allá de la decisión judicial, los gobernantes –actuales y próximos– deberán entender que la sociedad entrerriana rechaza y condena este tipo de actividades no solo por su inusitada violencia y crueldad hacia los animales, sino porque no resulta razonable ni conveniente permitir que unos pocos –unos pocos poderosos– se llenen los bolsillos mientras destruyen el patrimonio natural y cultural de todos los entrerrianos.
Otro turismo es posible en Entre Ríos. Se pueden aprovechar económicamente nuestros tesoros naturales, pero de manera ambientalmente sustentable. El conocimiento, el cuidado, pero fundamentalmente el respeto por nuestro patrimonio natural, deben ser los valores que primen.
Y que vengan los turistas extranjeros. Que vengan, sí. Pero no a matar y destruir lo nuestro, sino a quererlo, disfrutarlo y cuidarlo como lo hacemos nosotros.
Prof. Gabriel Bonomi
CEYDAS – Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres
