El 22 de octubre de 2021, en un predio ubicado a la vera del arroyo Yuquerí Grande, un conflicto escaló a niveles impensados por una disputa de larga data entre vecinos por la extracción de arena: tres disparos efectuados desde el campo lindante impactaron contra maquinaria de la arenera La Valentina S.R.L.. Uno de los balazos dio en el parante de la cabina de una retroexcavadora, a la altura del conductor.
Según la denuncia presentada entonces por el abogado de la firma, el Dr. Martín Jauregui, el agresor habría sido el empresario Gustavo Martín Núñez. Testigos aseguraron en su momento que antes de los disparos, Núñez ingresó a la arenera con su abogado —el ex concejal y ex asesor municipal Marcos Wdoviak— y profirió amenazas contra los trabajadores.
En ese momento, Jauregui adelantó que pediría la imputación por “tentativa de homicidio” y confirmó que la causa quedó en manos de la fiscalía del Dr. Francisco Azcué, hoy intendente de Concordia.
Núñez fue detenido tras el ataque.
Consultado sobre el desenlace judicial de aquel caso, el abogado de la querella, Dr. Martín Jauregui, explicó a este medio que la resolución se alcanzó mediante un acuerdo conciliatorio, figura prevista en el nuevo Código Procesal Penal, que prioriza la solución del conflicto por sobre la respuesta punitiva: “A través de la figura de conciliación se logró un acuerdo, con los fundamentos de que el hecho no puso en riesgo el interés común sino que fue algo de origen estrictamente comercial”.
Según detalló, ese entendimiento quedó formalizado en el expediente Legajo 3601 OGA, donde él intervino como querellante en dos causas: “amenazas coactivas agravadas” y “abuso de arma de fuego”: “Yo lo podría haber llevado a prisión efectiva, pero optamos por llegar a un entendimiento que establece la reparación integral del hecho”, recordó.
Jauregui aclaró que en el allanamiento realizado entonces a Núñez se comprobó además tenencia ilegal de armas.
El acuerdo —explicó— fue presentado por ambas partes ante el juez, quien constató que el conflicto estaba subsanado, que la parte ofendida no pretendía continuar con la acusación y que incluso los trabajadores prestaron consentimiento. Se trató, resumió, de una “forma privada de ejercer justicia que permite el Código Procesal Penal”.
Paralelamente, Núñez fue condenado en un juicio abreviado por tres hechos acumulados: tenencia ilegal de arma y dos causas por violencia de género.
Todo ello se resolvió en ese único abreviado.
“Desde mi perspectiva fue exitoso el procedimiento, se resolvió el conflicto. Este acuerdo fue homologado por la justicia”, contó Jauregui.
Nuñez y quien ofició como su abogado por los hechos de 2021, Marcos Wdowiak, con sombrero
El marco legal del acuerdo
Jauregui citó expresamente que la solución se alcanzó bajo el Art. 59 inc. 6 del Código Penal, relativo a la reparación integral del perjuicio, y el Art. 5 Bis inc. 5 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, que orienta a los representantes del Ministerio Público a procurar soluciones al conflicto siempre que no se afecte el orden público.
En este caso —subrayó— la disputa se produjo “en el marco de un conflicto de tipo comercial y privado por disputas relacionadas al trabajo de extracción, manipulación y comercialización de arena, en un lugar alejado de la vía pública y todo tipo de centro urbano, conflicto que finalmente fue solucionado y en el que se ha llegado a un acuerdo”.
Hoy, en 2025, el nombre de Gustavo Martín Núñez aparece nuevamente en los registros públicos por una obra que avanza sin permisos visibles e informados sobre una de las avenidas más transitadas de Concordia.
Sobre Avenida Eva Perón, antes del barrio La Bianca, el terreno de 19.935,32 m² fue desmontado y rellenado sin cartel de obra, sin información municipal y sin documentación exhibida. Vecinos y especialistas aseguran que se trata de un humedal previamente intervenido, donde el propietario habría incumplido remediaciones ambientales obligatorias de años anteriores.
Según Catastro, Núñez es propietario del predio desde 2018 y está vinculado a la firma Puerto Príncipe S.A., la firma que administró el local nocturno B612 en un galpón del puerto hasta que la gestión Cresto rescindió el contrato en 2019. También lo mencionan como dueño del hotel Flair y del hotel alojamiento Fun & Love.
Avanza una importante obra irregular donde era un humedal sobre Avenida Eva Perón
