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Casación confirmó la culpabilidad en la causa Codesal–Hotel Ayuí, pero redujo las penas a Mazurier y Villanueva

Este jueves se conoció la sentencia de la Cámara de Casación en el marco de la causa Codesal–Hotel Ayuí, en la que se confirmó la culpabilidad de los imputados, aunque se dispuso una reducción en las penas originalmente impuestas. El tribunal, integrado por los vocales María Evangelina Bruzzo, Luján Giorgio y Gustavo Pimentel, resolvió condenar a Luis Mazurier a 6 años de prisión, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 90 mil pesos. En tanto, Jesús Villanueva fue condenado a 3 años de prisión condicional, también con inhabilitación perpetua y una multa de igual monto.

26 marzo, 2026

8:06 pm

La resolución hizo lugar de manera parcial a la sentencia dictada el 9 de noviembre de 2023, cuando Mazurier había sido condenado a 9 años de prisión efectiva y Villanueva a 4 años de cumplimiento efectivo. En esta instancia, Casación decidió anular “el monto y la modalidad de cumplimiento de las penas impuestas” a ambos acusados, lo que derivó en una reducción de las condenas y en un cambio en la forma de ejecución en el caso de Villanueva.

Además, el tribunal rechazó el pedido de prisión preventiva que pesaba sobre el ex titular de la Codesal, por lo que continuará en libertad hasta tanto la condena quede firme.

Durante el juicio oral, el fiscal Arias había solicitado una pena de 11 años de prisión para Mazurier, con inhabilitación absoluta perpetua, al considerarlo autor material del delito de peculado de bienes —en tres hechos, bajo modalidad continuada— en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado de servicios.

En esa misma línea, el representante del Ministerio Público también había requerido 5 años de prisión para Jesús Villanueva y para Cintia del Rosario Mengeon, a quienes consideró partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta.

Con esta decisión, la Cámara de Casación ratificó la responsabilidad penal en una de las causas más relevantes vinculadas a la administración de bienes públicos en la región, aunque con un criterio más atenuado en cuanto a las sanciones impuestas en primera instancia.

Fuente: con información de El Entre Ríos

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