La demanda, de carácter estructural, apunta a que la Justicia ordene la implementación inmediata de un Plan Interjurisdiccional de Gestión del Riesgo Climático e Ígneo, en un contexto donde —según los impulsores— la frecuencia e intensidad de los incendios evidencia la insuficiencia de las políticas actuales.
El eje del planteo se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el deber del Estado de proteger el ambiente. En ese marco, el amparo advierte que la degradación de la criosfera —el conjunto de hielos y glaciares— impacta directamente sobre el equilibrio climático, el sistema hídrico y, en última instancia, sobre derechos fundamentales.
Uno de los puntos más novedosos del escrito es el pedido para que los glaciares y el ambiente periglacial sean reconocidos como “sujetos de derecho”, lo que implicaría otorgarles una protección jurídica autónoma. La iniciativa busca garantizar su preservación como piezas clave del ciclo del agua en la Argentina.
Además, la presentación reclama medidas concretas de prevención y control, como sistemas de alerta temprana, creación de cortafuegos y el fortalecimiento de brigadas para combatir incendios. A su vez, exige mayor transparencia en la información pública: informes técnicos sobre el daño ambiental, estimaciones de emisiones generadas por los focos ígneos y un cronograma real de recomposición de las áreas afectadas.
El amparo también invoca los principios de no regresión ambiental y equidad intergeneracional, al advertir que la falta de acción estatal compromete el derecho a un ambiente sano de las generaciones futuras.
“El problema no se limita a los incendios, sino que refleja un debilitamiento de los mecanismos de protección ambiental que pone en riesgo la biodiversidad y las fuentes de agua”, señalaron desde las organizaciones impulsoras.
En ese sentido, el escrito solicita que la Corte Suprema mantenga la supervisión del caso, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas que eventualmente se dispongan. La intención, según plantean, es forzar un cambio de paradigma: pasar de respuestas fragmentadas y reactivas a una política ambiental coordinada, preventiva y con control judicial.