La decisión se tomó durante una audiencia oral en la que se evaluó la situación procesal de la imputada, quien al momento de los hechos tenía 25 años y era estudiante. La causa se originó a partir de un posteo en Facebook, realizado en el marco de una visita oficial del mandatario a Entre Ríos, en el que escribió: “Por favor, que alguien le pegue un tiro en la cabeza”.
Por ese mensaje, fue investigada bajo el artículo 209 del Código Penal, que sanciona la instigación pública a cometer delitos. Si bien la defensa había solicitado el sobreseimiento por falta de pruebas, el fiscal general José Ignacio Candioti rechazó ese planteo al considerar que existían elementos suficientes para sostener la acusación.
Sin embargo, en una etapa posterior del proceso, la imputada solicitó acceder al beneficio de la probation, una salida alternativa que evita la realización del juicio oral a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones. La propuesta incluyó la realización de tareas comunitarias en el Club Don Bosco de Paraná.
Durante la audiencia, el fiscal Candioti avaló finalmente la aplicación de este instituto. Entre los fundamentos, destacó que la mujer no posee antecedentes penales, que se trató de un hecho aislado ocurrido hace seis años, que expresó arrepentimiento y pidió disculpas públicas, y que además atravesó una enfermedad grave tiempo después.
Como parte de las condiciones impuestas, el Ministerio Público Fiscal propuso que la imputada realice un curso de formación orientado al respeto de los valores democráticos y la tolerancia. En ese marco, deberá completar el curso “Derechos Humanos y Ética”, dictado en la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
El juez Sebastián Gallino, publicó el portal fiscsles.com, consideró fundado el planteo fiscal y resolvió otorgar la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año. Durante ese período, la mujer deberá cumplir tareas comunitarias dos veces por semana y acreditar la finalización del curso.