La medida fue confirmada por Coccioni durante una conferencia de prensa junto al ministro de Educación, José Goity, y autoridades del área de Salud. Según explicó, cada operativo que se activa ante una amenaza —aunque luego resulte falsa— implica un fuerte despliegue de recursos.
“No podemos permitir que lo paguen difusamente los santafesinos con sus impuestos. Vamos a perseguir el cobro”, afirmó Cococcioni, y detalló que un procedimiento básico ronda los 6 millones de pesos.
Allí mismo, el funcionario remarcó que este tipo de situaciones «no son bromas, ya que obligan a movilizar fuerzas policiales y equipos especializados, lo que también deja vulnerables otras zonas». Además, advirtió que, aunque los responsables puedan ser menores no punibles, las investigaciones generan antecedentes que pueden afectar su futuro.
“Lo que se plantea como un chiste puede traer consecuencias años después, como dificultades para obtener un certificado de buena conducta”, señaló.
Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, informó que se enviaron pautas a las escuelas para abordar la problemática y que se avanza en programas de educación digital. También pidió mayor acompañamiento de las familias en el uso de redes sociales por parte de los jóvenes.
“Estas amenazas no son una broma. Son delitos y tienen consecuencias para los estudiantes y sus familias”, sostuvo.
En la misma línea, la subsecretaria de Salud Mental, Victoria Mancini, destacó la importancia del control parental y del acompañamiento adulto, al tiempo que mencionó la implementación de juegotecas como alternativa para reducir el tiempo frente a pantallas.
Desde el gobierno provincial insistieron en la necesidad de un trabajo conjunto entre el Estado, las escuelas y las familias para prevenir este tipo de hechos.