El decreto desplaza al ingeniero Arnoldo Federico Schattenhofer de la Secretaría de Desarrollo Productivo para abocarse “exclusivamente” a tareas de asesoramiento vinculadas a proyectos estratégicos como el Puerto de Barcazas, la zona logística y programas de eficiencia energética. En su lugar fue designado el ingeniero Sebastián Arístide, quien deja la Secretaría de Desarrollo Humano.
Pero el dato más fuerte del decreto pasa por la figura del profesor Carlos Humberto Gatto. El actual subsecretario de Educación y Cultura fue designado «de manera transitoria» como nuevo secretario de Desarrollo Humano “sin perjuicio” de las funciones que ya desempeña.
Cabe recordar que la actual estructura que concentra Gatto comenzó a gestarse meses atrás, cuando el Ejecutivo municipal decidió unificar las subsecretarías de Educación y de Cultura. Hasta entonces funcionaban por separado dentro del organigrama municipal, pero tras la renuncia de Jorge «Wally» García en febrero de 2025 y la designación de Carlos Gatto —quien ya estaba al frente del área educativa— ambas dependencias quedaron fusionadas bajo una sola subsecretaría de Educación y Cultura.
Tanto Educación como Cultura dependen orgánicamente de la Secretaría de Desarrollo Humano. Es decir que, con el nuevo decreto, Gatto no sólo continúa manejando la subsecretaría unificada, sino que además pasa a ocupar transitoriamente la propia Secretaría de Desarrollo Humano, quedando en los hechos al frente de toda la estructura política de la cual ya dependían sus áreas.
El funcionario se encuentra entre los intimados por la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos por presuntas incompatibilidades entre el cobro de haberes jubilatorios y los ingresos percibidos desde el municipio.
Gatto fue uno de los funcionarios designados “ad honorem” dentro del esquema implementado por el Ejecutivo local, aunque percibiendo pagos a través del polémico “Código 600”, un mecanismo utilizado para liquidar conceptos no remunerativos bajo la figura de gastos de representación.
Según publicó DIARIOJUNIO en marzo pasado, Gatto percibiría una jubilación provincial cercana a los 3 millones de pesos mensuales, mientras que además cobraba casi $2.8 millones provenientes del municipio. La Caja de Jubilaciones incluso lo habría intimado a devolver haberes previsionales al considerar que podría existir una incompatibilidad entre ambas percepciones.
En el caso de Schattenhofer, el ahora ex secretario de Desarrollo Productivo habría acumulado ingresos jubilatorios nacionales y provinciales superiores a los 9 millones de pesos mensuales, además de los más de $3,5 millones que percibía desde el municipio.
Toda la discusión explotó justo en medio del debate provincial por la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, quien argumenta la necesidad de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones. En ese marco, la situación de funcionarios políticos que cobraban jubilaciones y simultáneamente percibían ingresos estatales sin aportes quedó bajo cuestionamiento administrativo, político y judicial.
A fines de abril, el propio Ejecutivo municipal salió a defender públicamente el sistema utilizado. A través de un comunicado, sostuvo que los funcionarios jubilados fueron incorporados “ad honorem” y que el “Código 600” respondía a una interpretación administrativa válida para cubrir gastos inherentes a la función pública. Sin embargo, ante la intervención de la Caja y los distintos cuestionamientos legales, el municipio terminó dando marcha atrás y anunció la eliminación de ese mecanismo desde el 1° de abril.
Ahora, apenas días después de aquella marcha atrás, Azcué no sólo mantiene dentro del esquema de poder a dos de los funcionarios observados, sino que además amplía las responsabilidades de uno de ellos.
La designación de Gatto hace que la acumulación de funciones y áreas bajo una misma figura vuelve más difícil sostener públicamente la explicación que los cargos son «ad honorem».