Conviene comenzar con una precisión. No puede afirmarse rigurosamente que “unas pocas personas sean dueñas del 80 % de la economía mundial”, porque una cosa es la producción anual y otra el patrimonio acumulado. El dato correcto es, aun así, impactante: el Informe Mundial sobre la Desigualdad 2026 calcula que el 10 % más rico concentra alrededor del 75 % de la riqueza global, mientras la mitad más pobre posee apenas el 2 %. En materia de ingresos, ese mismo 10 % recibe el 53 % del total mundial y la mitad inferior solo el 8 %.
La concentración resulta todavía más difícil de dimensionar en la cima. Unas 56.000 personas —el 0,001 % de la población adulta— poseen más riqueza que 2.800 millones de adultos reunidos. No estamos hablando solo de diferencias de consumo. Hablamos del control de empresas, fondos de inversión, plataformas digitales, tierras, inmuebles, patentes, datos, medios de comunicación y capacidad de financiamiento.
Cuando el capital deja de competir
El libre mercado requiere competencia. Sin ella, deja de ser libre. Cuando pocas empresas dominan sectores completos, pueden imponer condiciones a consumidores, proveedores, trabajadores e incluso a los gobiernos. La concentración económica puede traducirse en precios más altos, menor innovación, barreras de entrada para nuevas firmas y una distribución cada vez más desigual de las ganancias de productividad.
La riqueza, además, tiene una dinámica acumulativa. Quien vive de un salario destina la mayor parte de sus ingresos al consumo cotidiano. Quien posee grandes activos obtiene dividendos, intereses, alquileres y valorizaciones patrimoniales. Puede usar esos activos como garantía para obtener crédito barato sin venderlos y, por lo tanto, sin realizar inmediatamente la ganancia ni tributar por ella. El capital genera nuevo capital a una velocidad que el ingreso laboral difícilmente puede acompañar.
El problema no es que existan personas ricas ni empresas exitosas. El problema aparece cuando la distancia se vuelve tan grande que el mérito, el esfuerzo o la innovación dejan de explicar la mayor parte de la diferencia y el punto de partida patrimonial pasa a determinar el futuro. En ese escenario, la movilidad social se debilita y la promesa central del capitalismo —que el talento y el trabajo permiten progresar— pierde credibilidad.
La desigualdad también se fabrica desde el sistema tributario
Desde las finanzas públicas, la pregunta decisiva no es cuánto impuesto nominal existe, sino quién termina pagándolo efectivamente. Los salarios suelen tributar cuando se cobran y el consumo cuando se realiza. En cambio, una parte importante de la riqueza de los grandes patrimonios crece dentro de acciones, empresas y activos cuyo aumento de valor puede permanecer sin gravamen hasta que se produce la venta.
A esto se agregan exenciones, deducciones, créditos fiscales, regímenes promocionales, fideicomisos, sociedades en distintas jurisdicciones y estructuras que permiten diferir o reducir legalmente la obligación tributaria. Aquí es importante distinguir evasión de elusión. La evasión viola la ley. La elusión utiliza vacíos, diferencias regulatorias y formas jurídicas para disminuir la carga sin infringir formalmente la norma. El efecto fiscal, sin embargo, puede ser igualmente significativo.
La OCDE estima que las prácticas de erosión de bases imponibles y traslado artificial de beneficios de las multinacionales provocan pérdidas de recaudación de entre 100.000 y 240.000 millones de dólares por año. Equivale a entre el 4 % y el 10 % de toda la recaudación mundial del impuesto a las sociedades. No todo ese comportamiento es ilegal. Precisamente allí reside uno de los mayores desafíos: las reglas nacionales fueron diseñadas para economías territoriales, mientras el capital, los intangibles y las ganancias se mueven globalmente.
En el extremo superior, un informe elaborado por Gabriel Zucman para el G20 estimó que los multimillonarios pagan impuestos equivalentes a apenas el 0,3 % de su riqueza por año. La propuesta de establecer un mínimo efectivo del 2 % para unas 3.000 personas podría generar entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anuales. Si se extendiera a quienes poseen más de 100 millones de dólares, podrían sumarse entre 100.000 y 140.000 millones adicionales.
No se trata de presentar esas cifras como una solución mágica. La valuación patrimonial, la coordinación internacional, la residencia fiscal, la liquidez de los activos y el riesgo de fuga de capitales son problemas reales.
Pero el dato revela una anomalía: mientras los Estados discuten cómo financiar salud, educación, seguridad, infraestructura y protección social, una porción extraordinaria de la capacidad contributiva mundial permanece gravada a tasas efectivas muy reducidas.
El costo oculto de los beneficios fiscales
Los incentivos tributarios pueden ser instrumentos legítimos de política económica. Una exención puede promover inversión, empleo, innovación, exportaciones o desarrollo regional. El problema aparece cuando se transforma en un beneficio permanente, sin metas verificables, sin evaluación y sin fecha de finalización. En ese caso, el incentivo deja de ser política pública y se convierte en renta privada financiada por toda la sociedad.
Argentina ofrece una referencia concreta. Para 2026, el Presupuesto nacional estima gastos tributarios por $35,3 billones, equivalentes al 3,42 % del PBI. Pero sería incorrecto afirmar que todo ese monto corresponde a privilegios empresariales: allí se incluyen tratamientos generales del IVA, Ganancias, monotributo y otros regímenes con finalidades sociales o de simplificación. Del total, aproximadamente $4,84 billones —el 13,7 %— se vinculan con regímenes de promoción económica.
La discusión seria no consiste, entonces, en eliminar indiscriminadamente toda exención. Consiste en exigir que cada peso de recaudación resignada tenga el mismo nivel de transparencia que un gasto presupuestario. Un beneficio fiscal es gasto público realizado por otra vía. Si una empresa recibe una reducción impositiva, el Estado está asignando recursos. Debe informar cuánto cuesta, quién se beneficia, qué inversión comprometió, cuánto empleo generó y qué ocurriría si el incentivo no existiera.
Sin esa evaluación, los gobiernos pueden terminar compitiendo entre sí mediante una carrera hacia abajo: cada jurisdicción reduce impuestos para atraer capital, mientras la carga del financiamiento estatal recae sobre el consumo, los salarios y las pequeñas actividades que no pueden trasladarse a otro país. El resultado es doblemente regresivo: los contribuyentes menos móviles pagan más y las grandes firmas obtienen mayor poder de negociación frente a los Estados.
Regular el capitalismo para salvar al mercado
La respuesta no es reemplazar al mercado por una administración estatal de toda la economía. Los Estados también fallan, capturan rentas, gastan mal y pueden convertirse en instrumentos de grupos privilegiados. La salida consiste en reconstruir un equilibrio: mercados capaces de innovar y generar riqueza, junto con instituciones capaces de impedir que esa riqueza compre las reglas.
Desde las finanzas públicas, ese equilibrio requiere sistemas tributarios más progresivos, pero también más simples y difíciles de eludir. Significa gravar de manera coherente las rentas del trabajo y del capital, revisar tratamientos preferenciales injustificados, fortalecer los impuestos a las herencias y a las ganancias de capital cuando corresponda, identificar a los beneficiarios finales de sociedades y fideicomisos y profundizar el intercambio internacional de información.
También exige presupuestos de gastos tributarios completos. Cada beneficio debería contar con una ley clara, un costo fiscal anual, objetivos medibles, publicación de beneficiarios cuando sea legalmente posible, evaluación independiente y cláusula de caducidad. Si no demuestra resultados, debe terminar. No hay razón para controlar rigurosamente un subsidio presupuestario y permitir que una exención multimillonaria continúe durante décadas sin examen público.
La política de competencia es igualmente decisiva. No alcanza con cobrar impuestos después de que la concentración ocurrió. Es necesario evitar abusos de posición dominante, controlar fusiones que destruyen competencia, garantizar interoperabilidad en plataformas digitales y reducir barreras que impiden el ingreso de nuevas empresas. Un capitalismo sin competencia termina pareciéndose más a una economía de privilegios que a un mercado.
La transparencia democrática completa este esquema. El lobby debe ser regulado, las reuniones con funcionarios registradas, los aportes a campañas conocidos y las “puertas giratorias” sujetas a períodos de incompatibilidad. El poder económico tiene derecho a defender sus intereses, pero no a hacerlo desde una posición invisible y desproporcionada respecto del resto de la ciudadanía.
La desigualdad tiene un límite político
Las sociedades pueden tolerar diferencias económicas cuando perciben que existen oportunidades, movilidad, servicios públicos y reglas razonablemente justas. Lo que difícilmente pueden sostener durante mucho tiempo es la sensación de que el esfuerzo se grava, el privilegio se protege y las decisiones públicas responden a quienes tienen mayor capacidad de presión.
La desigualdad extrema no produce inexorablemente una explosión social, pero eleva su probabilidad al deteriorar la confianza, debilitar la cohesión y vaciar de contenido la igualdad democrática. Una persona puede tener un voto, pero quien controla enormes recursos posee muchas más posibilidades de financiar campañas, medios, litigios, investigación, publicidad y acceso permanente a los centros de decisión.
El capitalismo ha sido una formidable máquina de creación de riqueza. Su continuidad, sin embargo, dependerá de que vuelva a ser también una máquina de movilidad social y no una estructura cerrada de reproducción patrimonial.
La discusión no es capitalismo sí o capitalismo no. La verdadera pregunta es qué capitalismo puede convivir con la democracia, financiar bienes públicos y ofrecer un horizonte de progreso para las mayorías.
Un mercado sin reglas no es más libre: es el mercado del más fuerte. Y cuando la concentración económica alcanza el punto de condicionar impuestos, regulaciones y gobiernos, ya no estamos solamente ante una falla distributiva. Estamos ante una amenaza a la legitimidad del propio sistema.