La salud mental no se protege destruyendo las condiciones de vida: el cinismo de declarar la emergencia mientras se fabrica el sufrimiento

La urgencia sanitaria en salud mental decretada en Entre Ríos no sería necesaria si se aplicara la Ley de Salud Mental, tan denostada por los gobiernos de derecha, que asegura el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental. Con esa herramienta alcanzaría para obligar al Estado a brindar la prevención y la asistencia que, en los hechos, no realiza con eficacia.

El decreto de urgencia es pura formalidad y espectáculo (como lo fue la adhesión del Municipio y el Concejo Deliberante de Concordia al programa provincial de prevención del suicidio): fuego de artificio, jueguito para la tribuna, sin ninguna eficacia en los hechos graves que afectan a las personas reales, que encima se realizó simultáneamente a la sanción vergonzosa de la ley de reforma jubilatoria, como si la salud mental no tuviera nada que ver con las condiciones concretas de existencia de los seres humanos y las comunidades. Como si la aplicación de esa ley infame, que viola los derechos de los trabajadores activos y pasivos, no impactara de lleno, destructivamente, sobre el bienestar psíquico y emocional de los sujetos y los colectivos sociales.

La urgencia en salud mental y reforma previsional a la vez representan una paradoja psicotizante, como lo refiere Rocco Carbone; además, un acto de crueldad, casi de cinismo. Es que cada vez es más claro que el padecimiento psíquico, del cual el suicidio es su expresión paroxística, es una producción compleja, multicausal y multidimensional, de la que las condiciones económicas y sociales, la pobreza, la miseria, el desempleo, la angustia de no llegar a fin de mes, la desesperación por no resolver las necesidades más elementales y una cultura de la crueldad y el sufrimiento del otro constituyen entramados causales esenciales de los pesares y depresiones que afectan a la sociedad.

Esa ecuación entre políticas, de la que resultan la miseria socioeconómica, la corrupción moral y las elevadas tasas de suicidios, nos la enseña la historia. En la década del 30, década infame por la miseria, el hambre, la desocupación y la prostitución, producto del fascismo gobernante, que fue la herramienta del capitalismo para echar sobre las espaldas del pueblo trabajador la crisis financiera (crack del 29, agotamiento del modelo agroexportador del país semicolonial que dio lugar al primer golpe de Estado), se sucedieron, según reporta Norberto Galasso, los mayores índices de suicidio que se hayan registrado en la historia argentina.

Sabido es que en los 90 las tasas de suicidios se incrementaron en el sector de los jubilados y de los adultos mayores, en el contexto de políticas de asfixia y humillación hacia los abuelos, tal como sucede ahora, cuando solo reciben del Estado ajustes mortales de salarios y represión salvaje frente a sus manifestaciones de protesta. En el estallido del neoliberalismo de 2001 fueron las políticas de las privatizaciones y el desempleo brutal los factores de deterioro de la salud mental y de la vida de los argentinos, a muchos de los cuales asistí, perplejo por su cantidad, en 2002, cuando eran internados por tentativas de autoeliminación en el Servicio de Salud Mental del Hospital Felipe Heras de Concordia.

Por eso, cuando hace un par de meses me invitaron a una reunión de comisión del Concejo Deliberante para dar mi opinión como miembro de «Lazos en Red» (organización de vecinos voluntarios para la prevención del suicidio de Concordia) sobre un proyecto de ordenanza del concejal Bovino, llevé un libro muy significativo que se llama Trabajo, desocupación y suicidio: efectos psicosociales del desempleo, de Miguel Orellano, que muestra, a partir de una investigación sesuda, la relación entre el trabajo y la salud mental, y la desocupación y la depresión, para señalar a los concejales oficialistas y sus aliados que la política de despidos llevada a cabo por el Municipio puede tener graves efectos psicosociales.

La única respuesta ofrecida ante el proyecto integral, bastante completo como red de contención y asistencia, que había presentado Bovino fue que no «hay plata» y que, por lo tanto, se podía hacer «algo chiquito» a través del «Centro de Fortalecimiento Social» para afrontar esta inmensa y dolorosa problemática. Agregué, en ese momento, que me parecía una paradoja que esa institución municipal, degradada en esta gestión, que despidió allí a dos psicólogos y una operadora en Psicología Social y desmanteló por lo menos un programa de apoyo a las niñeces, esté a cargo de dar respuesta a un problema tan delicado.

De hecho, aún ni siquiera, y ante la urgencia que delata la situación de los casos de suicidios en esta ciudad, han concretado esa «cosa chiquita», que se traducirá, con mucho viento a favor, en la contratación, precaria por supuesto, de uno o dos psicólogos para brindar asistencia a una ciudad de 200.000 habitantes; una respuesta, a todas luces insuficiente, solo a los efectos de seguir montando una escena poco creíble, un «como si» les preocupara de veras el drama social.

Es un dolor intolerable, la frustración y la desesperación, junto a un sentimiento de sinsalida, por múltiples y complejísimas causas, tanto personales como familiares y sociales, las que configuran el contexto subjetivo de los pensamientos y las conductas autodestructivas. Las condiciones económico-sociales, la miseria y la pérdida del empleo incrementan las fuentes de ese sufrimiento, y la falta de políticas de prevención, asistencia y contención deja sin red a los más vulnerables.

Los jóvenes están desesperanzados, hoy tentados, encima, por la ludopatía promovida para jugarse en la ruleta su destino, absorbidos por una cultura de la alienación, la soledad y la baja tolerancia a la frustración, que propicia la penetración disociativa de los aparatos tecnológicos y las pantallas (que muchos países han ya prohibido hasta ciertas edades, pero que en el nuestro es imposible pensar en esa protección con la orientación de estos gobiernos), impedidos de investir libidinalmente el futuro porque perciben el horizonte oscuro de las dificultades para realizarse a través del estudio, porque reconocen con tanta lucidez como angustia la explotación laboral o el desempleo que los espera y les obstaculiza la elaboración de un proyecto de vida que los instala en la siniestra inquietud de un presente continuo con exigencias desmesuradas; los ancianos viven la angustia de la miseria a la que son empujados, y los adultos padecen los despidos que los deprimen y desarticulan la vida familiar y social, no encuentran trabajo o son sometidos a una brutal precarización del empleo. Son esos los sectores más vulnerabilizados en su salud mental.

Un abordaje de la salud mental y la prevención del suicidio supone la concreción de políticas de inclusión sociolaboral, de estabilidad económica, de promoción del bienestar subjetivo y cultural, de recuperación de los lazos sociales solidarios, amorosos y tiernos, y de una estrategia de salud mental y atención de las conductas autodestructivas que incorpore en serio la promoción de los factores protectores (prevención primaria), la detección precoz y el tratamiento eficaz de las situaciones de riesgo de suicidio (prevención secundaria) y la posvención (asistencia al entorno de la persona cuando se consuma un hecho), todo lo cual está presupuesto y establecido por la Ley 27.130, pero que no se concretará mientras gobierne un presidente (y sus aliados) que expresó en campaña, como toda concepción de salud mental, que si alguien «se quiere drogar o suicidar, que lo haga, pero no a costa del Estado»… esa cosa brutal es la » libertad» que vivan.