“A medida que recorremos la provincia nos encontramos con diferentes grupos de personas que cada vez se encuentran con más vulneraciones sobre sus derechos”, expresó Marclay.
En tanto, Ramón Cabrera, referente de la Mesa de Jubilados, dijo que, previo al encuentro, eran escépticos de que viniese Marclay. Además, la legisladora les había pedido un lugar donde reunirse. Pero, de común acuerdo, los integrantes de la Mesa acordaron reunirse donde lo hacen siempre, en el gazebo de la Plaza 25 de Mayo a pesar de la jornada fría. Cabrera sostuvo que le agradecieron la presencia debido a la situacion de incertidumbre que atraviesa el sector pasivo respecto del estado de la obra social.
Marclay pidió información concreta sobre la atención en Concordia respecto de los adultos mayores. Y les indicó que, en líneas generales, el déficit en la atención sanitaria se reitera en todo el país. “No sabe adónde puede terminar esta situación por la gravedad de todo lo que implica”, mencionó Cabrera.
A la vez, Cabrera dijo que el deterioro en la atención también repercute en las personas que padecen discapacidad y que eran atendidas a través del Pami. “No están recibiendo no solo medicamentos sino atención de prestaciones, de reintegros, del mejoramiento de la calidad de vida”, mencionó.
La legisladora se comprometió, junto a sus pares Guillermo Michel y Gustavo Bordet, a elevar un pedido de informes para que el Gobierno Nacional explique cómo están administrando PAMI. “La jubilación no es un regalo del Estado: es un derecho construido durante décadas de trabajo y aportes”, remarcó la legisladora, según el diario “La Pirámide” (C. del Uruguay).
Según Cabrera, la legisladora también pedirá una audiencia con el director del PAMI a nivel nacional, Esteban Leguizamo, y con el ministro de Salud, Mario Lugones, para saber en qué situación se encuentra la obra social.
“La deuda que tiene Pami en todo el país es realmente exorbitante. Se habla de $ 50.000 millones para empezar a hablar”, dijo el referente de la Mesa de Jubilados en referencia a todos los prestadores, tanto públicos como privados.
Cabrera sostuvo que lo que les llama la atención, además, es que, en algunos sectores donde hay hospitales del PAMI, “los estén cerrando”, y, en otros donde hay prestadores privados, el servicio tampoco es bueno. “No se entiende de ninguna manera”, remarcó. Los jubilados observan que la atención se resiente ya sea con instituciones propias o privadas.
La deuda de PAMI en la provincia de Entre Ríos asciende a $ 1.704.123.743 llegando a 57 efectores. El pedido de informes, tal como enumera la ley de acceso a la información pública busca establecer los plazos de pago de esa deuda.
Pero desde la Mesa, según les informaron desde el Sanatorio Concordia, la realidad es que en esa cifra no está incluidos los prestadores, ya sean públicos o privados, de la costa del río Uruguay. “La verdad es que el panorama es muy incierto”, destacó Cabrera.
Aún está pendiente el viaje que las autoridades del Sanatorio iban a realizar a Capital Federal para intentar una renegociación de los aranceles dado que consideran que tienen un atraso considerable. Tal es así que mencionaron la posibilidad de rescindir el 1° de septiembre el convenio con la obra social de no llegar a un acuerdo antes de esa fecha.
En la Mesa resaltaron la presencia de Marclay y la antepusieron a la ausencia de legisladores, entre ellos la de Mariel Ávila, la diputada concordiense que presentó un pedido de informes en la Legislatura, de funcionarios y de los concejales de Concordia de todos los signos políticos. Cabrera reiteró que los primeros días de julio entregaron las notas a todos los bloques –tienen el recibido de cada oficina—y resaltó que todos están al tanto del reclamo pero ninguno se acerco a la plaza.
