La provisión de esos productos alimenticios “colisiona muy fuertemente” con la Ley Nacional N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal que advierte a los consumidores sobre el exceso de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas totales y grasas saturadas.
Pagliotto dijo que también se topa con la circular N° 5 del CGE (Consejo general de Educación), fechada el 7 de abril de este año, donde la Dirección de Comedores informa y reitera que no se encuentra permitida la adquisición de los productos para consumo en desayunos como: productos elaborados con carnes ultraprocesadas: medallones, “patitas”, hamburguesas, entre otros, caldos y polvos saborizantes, purés en polvo (instantáneos), postres industrializados: gelatinas, flanes en polvo, postres lácteos y frutas enlatadas (duraznos, ananá, cóctel de frutas), dulces compactos (batata y membrillo), golosinas: alfajores, turrones, chocolates, caramelos, entre otros y jugos industriales (líquidos o en polvo), aguas saborizadas y gaseosas.
“En virtud de todo esto, emprendimos la tarea de iniciar una acción colectiva de amparo contra el gobierno, a través de una medida cautelar hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que suspenda en los desayunos y en las meriendas de nuestros niños como ocurren en las unidades escolares, consuman estos productos que atentan contra la salud despertando obesidad, atentando contra los niños que tienen alguna diabetes”, remarcó el abogado.
Pagliotto sostuvo que lograron que el juez Juan Francisco Malvasio accediera al recurso de amparo y suspendiese la entrega de alimentos con sello de advertencia en los comedores y siga proveyendo mediante el sistema descentralizado que rige desde hace años en las escuelas entrerrianas. De esa forma, las escuelas adquieren los productos a los comercios de la zona donde se encuentran ubicadas.
Por su parte, Valeria Enderle, directora ejecutiva de la Fundación Cauce, dijo que la modificación que propone el gobierno provincial es “inaceptable” ya que está prohibida por ley nacional. En ese sentido, mencionó que la pirámide jurídica establece que las leyes nacionales son aplicables en todo el país. Y añadió que lo que se busca es que los niños y adolescentes no estén expuestos a este tipo de productos que no son alimentos. “Los alimentos reales son los que no dañan la salud de ningún niño o de ninguna niña”, destacó.
En tanto, la abogada de AGMER, Verónica Fischbach, dijo que se tedmria que haber consultado a los padres en forma previa a la modificación y que la Constitución Nacional y la provincial considera a las familias como parte de la educación. “Son lugares donde, el Estado cuando toma decisiones, debe necesariamente apelar a una consulta sobre lo que significa ni más ni menos que la alimentación de estas personas que son niños y adolescentes”, expresó. “Recordemos que son la población más vulnerable que necesita la alimentación. Para ellos es imprescindible, y no cualquier tipo de alimentación”, dijo.
Por último, el secretario general de AGMER Central, Abel Antivero, admitió que existen deficiencias en el sistema actual pero el gobierno las puede corregir porque tiene las herramientas. Aún así, reiteró que es mejor que el que el sistema que el gobierno quiere implementar a través de la tercerización de los comedores.
