En un comunicado difundido este viernes, el bloque peronista sostuvo que, dentro de un universo compuesto por cientos de establecimientos y con varios años de funcionamiento, pueden registrarse irregularidades administrativas puntuales. Sin embargo, consideró que utilizar “dos o tres casos para desprestigiar la tarea diaria de cientos de trabajadores” implica una maniobra destinada a quitar legitimidad al sistema.
Los diputados también defendieron el rol de docentes y comunidades educativas en la prestación del servicio y cuestionaron que situaciones excepcionales sean presentadas como una característica general de los comedores escolares de la provincia.
Pero el planteo opositor incorpora una acusación de mayor alcance: el bloque sostiene que detrás de la difusión de estos casos existe una decisión política orientada a modificar el actual esquema de alimentación escolar y avanzar hacia la participación de empresas privadas.
“El verdadero objetivo es desmembrar una política pública consolidada para abrirle la puerta a la privatización del servicio”, afirmaron los legisladores, quienes advirtieron que ese proceso podría derivar en la provisión de alimentos industrializados y “productos ultraprocesados” para los estudiantes.
La acusación se inscribe en una discusión más amplia sobre el modelo de alimentación que impulsa el Gobierno provincial. Para Más para Entre Ríos, el debate no debería centrarse únicamente en eventuales incumplimientos administrativos, sino también en qué modelo de alimentación se pretende implementar en las escuelas y quiénes estarán a cargo de brindar el servicio.
El bloque también cuestionó la decisión de llevar las denuncias a medios de alcance nacional. Según plantearon, la difusión mediática expone a trabajadores y comunidades educativas que no cuentan con las mismas posibilidades para hacer pública su versión de los hechos.
“Quienes vivimos en la provincia sabemos perfectamente qué es lo que se discute en este caso”, señalaron, al tiempo que cuestionaron tanto a funcionarios del Ejecutivo provincial como a legisladores oficialistas que, según su interpretación, contribuyen a instalar un relato que calificaron de “falaz e interesado”.
No obstante, los diputados peronistas buscaron diferenciar su rechazo a la estrategia del Gobierno de cualquier cuestionamiento a los mecanismos de control. “Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia”, señalaron, aunque advirtieron que no acompañarán lo que consideran un proceso de desmantelamiento de una política pública vinculada directamente con la alimentación de los niños entrerrianos.