El Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay procesó a cuatro militares retirados por delitos de lesa humanidad vinculados con el funcionamiento del aparato represivo de la última dictadura en Concordia. La resolución, firmada por quien en la actualidad ejerce como jueza federal subrogante del mencionado juzgado, Analía Graciela Ramponi, alcanzó a Juan Ignacio Aleman, Jorge Enrique Echeverría, Miguel Ángel Galeano y Horacio Alberto Goris.
La resolución llega después de un reclamo presentado ante el mismo juzgado por familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos. El 18 de junio, Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Concordia, junto con la querellante María Ema Papetti, habían presentado un pedido de pronto despacho ante la jueza Ramponi para que se resolviera la situación procesal de los cuatro exintegrantes del Ejército.
Aleman, Echeverría, Galeano y Goris habían sido indagados más de dos años antes, pero continuaban sin una definición judicial sobre su situación. El escrito llevaba las firmas de María Ema Papetti, Eduardo Maschio, Luisa Rodríguez de Caire y Estela Solaga de Moreno y reclamaba que se diera continuidad a una investigación que, según los familiares, permanecía prácticamente paralizada.
El planteo ponía el foco particularmente en el caso de Jorge Emilio Papetti, el conscripto que desapareció después de cumplir el servicio militar obligatorio en Concordia. Los familiares recordaron entonces que durante años la versión transmitida por las autoridades militares fue que el joven se había fugado de la unidad y que era un desertor, mientras que en la denominada causa Appiani, tramitada en Paraná, quedó acreditado judicialmente que había sido secuestrado y que murió durante una sesión de torturas.
El pedido de pronto despacho no afirmaba que los cuatro militares fueran responsables de esos hechos, sino que reclamaba que la Justicia definiera su situación procesal y avanzara con la investigación. El procesamiento fue dictado poco más de dos meses después de aquella presentación.
La causa FPA 5688/2021 se había iniciado en abril de 2021 a partir de una denuncia remitida al Ministerio Público Fiscal por el Registro Único de la Verdad de Paraná. La presentación había sido realizada por María Julia Suárez, una ciudadana uruguaya que relató haber sido secuestrada el 3 de julio de 1977 junto con su hermano Jesús Silverio Suárez, Eduardo Robatto Guerreiro y Luis Urrutia.
Según su relato, fueron llevados a la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, luego a distintos lugares clandestinos donde fueron torturados y finalmente a la Unidad Penal Nº 3. Suárez también denunció haber sufrido violencia sexual durante el cautiverio.
A partir de aquella denuncia se produjo una investigación que incluyó testimonios, informes, inspecciones, exhortos y otras medidas. La causa incorporó además otro expediente relacionado con Jorge Emilio Papetti, el conscripto que había desaparecido después de cumplir el servicio militar obligatorio en Concordia.
Una estructura represiva con roles diferenciados
Uno de los aspectos centrales del auto es la reconstrucción que hace la Justicia sobre el funcionamiento del área de Inteligencia del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”.
Según la resolución, Jorge Enrique Echeverría y Juan Ignacio Aleman cumplían funciones de dirección dentro del Grupo de Inteligencia. Galeano y Héctor Aníbal Amarillo —este último fallecido— ocupaban posiciones subordinadas y ejecutivas. Horacio Alberto Goris, por su parte, aparece vinculado particularmente con el caso Papetti, en su condición de jefe de personal.
La magistrada considera que Echeverría y Aleman no cumplían simplemente tareas administrativas. Los ubica en una posición central dentro de la recepción y manejo de personas detenidas ilegalmente, mientras que Goris habría intervenido directamente en la detención de Papetti y en la obtención de una confesión bajo tormentos.
En cuanto a Galeano, la resolución señala que su intervención aparece acreditada en la revisión de los efectos personales de Papetti, en la comisión que participó del supuesto traslado y en la construcción y sostenimiento de la versión oficial sobre una presunta fuga.
Sobre esa base, la jueza concluyó que existió una estructura organizada, estable y con reparto de funciones dentro del Regimiento, y que los cuatro imputados realizaron aportes vinculados con ese funcionamiento.
Secuestro, torturas y violaciones a ciudadanos uruguayos
Otro de los hechos analizados ocurrió en julio de 1977 y tuvo como víctimas a ciudadanos uruguayos.
La Justicia atribuyó a Aleman, Echeverría y Galeano la privación ilegal de la libertad de María Julia Suárez, Jesús Silverio Suárez Méndez, Eduardo Robatto Guerreiro y Luis Urrutia. Según la reconstrucción judicial, fueron trasladados a la Jefatura Departamental de Concordia, luego a dos lugares que no pudieron ser identificados y finalmente a la Unidad Penal Nº 3.
Durante esos recorridos, sostiene el auto, fueron sometidos a interrogatorios y tormentos que incluyeron golpes, plantones, submarino seco, picana eléctrica y “teléfono”. Permanecieron privados de su libertad durante más de veinte días y posteriormente algunos fueron trasladados clandestinamente hacia Uruguay.
La investigación también atribuyó a los mismos tres militares la privación ilegal de la libertad, durante julio de 1977, de Brenda Levith, Luis Suárez y el hijo de ambos, Joaquín Suárez Levith, que tenía tres años. Según el expediente, permanecieron detenidos en la Jefatura Departamental de Concordia durante más de quince días antes de ser trasladados clandestinamente a Uruguay.
En relación con María Julia Suárez, la resolución analiza además la denuncia de violencia sexual sufrida durante el cautiverio. Aunque la víctima señaló como autor material al sargento Héctor Aníbal Amarillo, la jueza consideró que también correspondía analizar la responsabilidad de Aleman y Echeverría por sus posiciones de conducción dentro del Grupo de Inteligencia. Finalmente, ambos fueron procesados por abuso deshonesto agravado por el concurso de dos o más personas, bajo la figura penal correspondiente a la época de los hechos.
El caso Papetti y la versión de la fuga
El segundo núcleo de la causa está relacionado con Jorge Emilio Papetti, un joven que cumplía el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Concordia.
De acuerdo con la reconstrucción incorporada al auto, Papetti fue privado ilegalmente de su libertad el 15 de marzo de 1977 en la Guardia de Prevención del Regimiento de Tiradores Blindados 6 “Blandengues”. La versión militar lo vinculaba con Montoneros y con actividades consideradas “subversivas”. Durante su cautiverio habría sido sometido a tormentos y trasladado a distintos lugares, entre ellos el paraje conocido como La Tortuga Alegre, antes de ser llevado a Paraná.
La Justicia ya había establecido en otra causa que Papetti fue asesinado en Paraná. Sobre esa base, el auto sostiene que posteriormente se montó una versión falsa según la cual el conscripto se habría fugado durante un traslado por la Ruta Nacional 18, cerca del kilómetro 135.
Para la magistrada, aquella fuga nunca ocurrió. La resolución sostiene que se confeccionaron actuaciones administrativas y declaraciones falsas para ocultar el verdadero destino de Papetti y que, además, fueron destruidos registros del Regimiento, entre ellos libros de novedades de la guardia de prevención correspondientes al período 1976-1983.
La participación en ese encubrimiento es uno de los puntos que alcanza a los cuatro procesados. Según el auto, Goris habría afirmado que Papetti había sido entregado para su traslado a Paraná; Galeano habría sostenido que integró la comisión que realizó ese traslado; Aleman habría afirmado que Papetti se fugó durante el operativo y Echeverría aparece señalado como quien comandaba el Grupo de Inteligencia encargado de construir esa versión.
Diferencias entre los procesamientos
Aunque los cuatro fueron procesados por asociación ilícita y por el encubrimiento del homicidio de Papetti, la resolución no les atribuye exactamente los mismos hechos.
Aleman y Echeverría fueron procesados además por la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por los ciudadanos uruguayos, y por el abuso deshonesto agravado cometido contra María Julia Suárez.
Goris fue procesado por la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por Papetti, además del encubrimiento de su homicidio.
Galeano, en cambio, fue procesado por asociación ilícita y por el encubrimiento del homicidio de Papetti, pero la jueza dictó falta de mérito respecto de su participación en las privaciones ilegales de libertad, tormentos y abuso sexual contra las víctimas uruguayas y también respecto de su intervención directa en la privación de libertad y torturas sufridas por Papetti.
La explicación de la magistrada es que, si bien existen elementos que mantienen vigente la sospecha sobre Galeano, no alcanzan para afirmar en esta etapa que haya tenido una intervención directa en esos hechos. En particular, señala que ninguna de las víctimas lo mencionó y que no existen elementos específicos que lo ubiquen materialmente en esas instancias.
Una situación similar se presenta respecto de Aleman y Echeverría en relación con la privación de libertad y las torturas sufridas por Papetti: ambos recibieron falta de mérito sobre ese punto, aunque sí fueron procesados por el encubrimiento posterior de su homicidio.
Sin prisión preventiva y con restricciones
La jueza resolvió que ninguno de los cuatro permanezca detenido durante el proceso.
La decisión toma en cuenta sus edades, el arraigo familiar y domiciliario y el hecho de que todos permanecieron sometidos al proceso y comparecieron ante la Justicia cuando fueron citados. Al mismo tiempo, la magistrada consideró que la gravedad de los delitos y la pena en expectativa justificaban establecer medidas para garantizar que continúen a disposición del tribunal.
Así, los cuatro deberán realizar una comparecencia telefónica mensual entre los días 1 y 5, no podrán ausentarse durante más de 48 horas de sus domicilios sin informar al juzgado, tendrán prohibido salir del país sin autorización y deberán entregar sus pasaportes si los poseen. El incumplimiento puede derivar en su detención.
Además, la Justicia dispuso un embargo de $30 millones sobre los bienes de cada uno de los cuatro procesados. La medida alcanza, por separado, a Aleman, Echeverría, Galeano y Goris.
La resolución declaró que los hechos investigados constituyen delitos de lesa humanidad y, por esa razón, son imprescriptibles.
3 comentarios
Bufanda
O sea que hoy hay un gorilin feliz (la recibió doblada) aunque sea un monito titi la estara gozando como se la pusieron tipo haspas de helicoptero.
Felipe
Otra vez con los fantasmas de los ’70s!
Hay que reconocer a todos los muertos!
Los DD.HH. estaban solo para zurdos, gracias a nuestro Presidente Milei hoy las FF.AA. son reconocidas por el pueblo argentino!
Viva la libertad carajo!
NachoJP
¿alguien podría pasarle el enlace de esta noticia a Felipe el Bautista? Ahora que se lanzó como precandidato a la intendencia, es recomendable que se instruya sobre el particular