El Tribunal realiza actualmente la revisión de las rendiciones presentadas por los municipios y otros organismos públicos de la provincia. En el caso de Concordia, el Municipio presentó la documentación correspondiente y, además del control que se realiza en sede del organismo, los auditores realizan verificaciones presenciales para profundizar sobre determinados aspectos de las cuentas.
Según pudo saber DIARIOJUNIO, el contrato con VITSA iba a ser revisado específicamente durante la auditoría correspondiente al ejercicio siguiente. Sin embargo, la presentación realizada por Amiano y Villalba ante el Tribunal de Cuentas motivó que los auditores incorporaran ahora el tema a las tareas de control y solicitaran documentación vinculada con la contratación.
La intervención alcanza a la contratación directa de VITSA para una parte del servicio de recolección de residuos, instrumentada luego de la declaración de emergencia ambiental por parte del Municipio. El contrato compromete recursos públicos por una suma que supera los $3.000 millones anuales.
En ese marco, ya fueron enviados requerimientos de información tanto al Ejecutivo municipal como al Concejo Deliberante de Concordia. Los pedidos apuntan a reunir la documentación necesaria para analizar el procedimiento administrativo utilizado y los distintos antecedentes relacionados con la contratación.
La actuación del Tribunal se produce además luego de la denuncia penal presentada por el abogado Mariano Giampaolo, quien pidió a la Justicia que investigue la posible comisión del delito de defraudación contra la administración pública en relación con el contrato celebrado entre el Municipio y VITSA.
La existencia de una causa judicial no impide el control administrativo y contable del Tribunal de Cuentas. De hecho, de acuerdo con la información obtenida por este medio, la Fiscalía del organismo podría iniciar una investigación de oficio a partir de los elementos que surjan del análisis.
Si en el marco de esa investigación la Fiscalía del Tribunal detectara una eventual irregularidad que pudiera constituir un perjuicio o una infracción que deba ser puesta en conocimiento de la Justicia, el organismo tiene la obligación de formular la correspondiente denuncia.