Dos decretos firmados por el Ejecutivo, dos expedientes diferentes y con consecuencias administrativas distintas. Mientras que en uno el Ejecutivo municipal dispuso recién ahora la apertura de un sumario, en el otro resolvió aplicar directamente la cesantía después de que quedara firme la condena judicial.
Un condenado por tenencia con fines de comercialización
El primero de ellos, el Decreto N°800/2026 dispuso la apertura de un sumario administrativo contra Néstor Andrés Gómez quien se desempeña como agente mensual de la Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos.
Según surge de las actuaciones administrativas, la Municipalidad había iniciado en septiembre de 2025 una información sumaria para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades a partir de una denuncia. En ese marco, la instructora solicitó información a la Unidad Fiscal de Concordia sobre la situación judicial del empleado.
La respuesta de la Fiscalía, incorporada al expediente en julio de este año, informó que el 24 de julio de 2025 Gómez había sido condenado a dos años de prisión condicional en la causa caratulada “Gómez, Néstor Andrés s/ tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
La información sumaria concluyó que existían elementos suficientes para avanzar con un procedimiento disciplinario y recomendó instruir un sumario administrativo. La Subsecretaría Legal y Técnica sostuvo además que la condena judicial constituía una causal para la aplicación de sanciones disciplinarias de acuerdo con la Ordenanza de Escalafón Municipal N°11.275/49.
La medida no establece todavía una sanción contra el trabajador. El procedimiento deberá determinar, entre otras cuestiones, qué consecuencia administrativa corresponde aplicar a partir de la condena penal.
Cuatro años de prisión y cesantía
La segunda situación es la de Carlos Marcelo González quien se desempeñaba en la Dirección de Saneamiento Ambiental de la Secretaría de Servicios Públicos.
En este caso, el proceso administrativo comenzó en noviembre de 2025, cuando el Ejecutivo municipal dispuso la instrucción de un sumario. Durante el trámite, la Municipalidad tomó conocimiento de que González se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por disposición de la Justicia Federal de Concepción del Uruguay.
El expediente administrativo detalla que, debido a esa situación, la declaración indagatoria del empleado tuvo que realizarse en su domicilio, con autorización del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay y presencia de personal de la Policía Federal.
González decidió abstenerse de declarar y presentó un escrito junto con su defensora. Posteriormente se produjo la etapa de prueba y la instructora sumariante solicitó al Tribunal Oral que informara si la sentencia dictada en la causa “Palacio Walter Sebastián y otros s/ infracción Ley 23.737” se encontraba firme.
La respuesta judicial confirmó que la sentencia era firme.
De acuerdo con el decreto publicado ahora, González había sido condenado el 12 de noviembre de 2025 a cuatro años de prisión por resultar penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes, en los términos del artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737.
Concluido el sumario, la instructora recomendó aplicar la sanción de cesantía. El Tribunal de Disciplina municipal coincidió con esa recomendación y consideró que la conducta del agente encuadraba en las disposiciones de la Ordenanza de Escalafón que establecen, entre otras obligaciones, observar buena conducta y contemplan la condena judicial y las faltas graves como causales para la separación del empleo.
Finalmente, mediante el Decreto N°803/2026, el Ejecutivo aprobó el sumario y resolvió aplicar a González la sanción de cesantía, con efecto desde el dictado del decreto.