En diálogo con DIARIOJUNIO, Petit sostuvo que la reforma no constituye simplemente una adecuación técnica ni un avance hacia una mayor autonomía financiera de los municipios, sino que plantea “profundas asimetrías previsionales” entre los trabajadores y funcionarios según el sistema al que aporten.
El proyecto aprobado en el Senado modifica el esquema vigente para las 22 cajas municipales de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Según explicó Petit, actualmente la normativa establece un aporte previsional con un piso del 12% y un techo del 16%. La reforma elimina ese límite máximo y mantiene únicamente el mínimo.
Uno de los principales cuestionamientos de la abogada está vinculado con la diferencia respecto del régimen previsional provincial. Señaló que quienes aportan a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos realizan actualmente un aporte obligatorio del 19%. De esta manera, advirtió que un trabajador o funcionario de un municipio con caja propia podría aportar hasta siete puntos porcentuales menos que otro que se encuentre bajo el régimen provincial.
“¿Con qué criterio de equidad o de solidaridad social se justifica que la planta política de un municipio aporte sustancialmente menos que la de otro por el solo hecho de contar con una estructura previsional local?”, planteó.
El déficit y los salarios no remunerativos
Petit también cuestionó el diagnóstico que atribuye los problemas de sustentabilidad previsional exclusivamente a la evolución demográfica o al aumento de la cantidad de jubilados.
En ese sentido, sostuvo que una de las causas centrales del déficit está relacionada con la estructura salarial del sector público y con el uso de conceptos no remunerativos. Afirmó que una parte significativa de los salarios estatales se liquida mediante códigos que no realizan aportes previsionales y consideró que esto reduce los ingresos de las cajas.
La dirigente también apuntó contra la precarización laboral en el Estado y mencionó contratos de obra, locaciones de servicios y otras modalidades que, según afirmó, dejan a trabajadores fuera del esquema de aportes previsionales.
Según consideró, no resulta compatible hablar de sustentabilidad del sistema mientras se mantiene una estructura salarial y laboral que, según su interpretación, reduce la cantidad de recursos que ingresan a las cajas.
Además, cuestionó el accionar de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos frente a denuncias relacionadas con el carácter no remunerativo de determinados conceptos salariales. Sostuvo que deberían realizarse auditorías para determinar el impacto que tienen esas modalidades sobre el sistema previsional.
Críticas a los municipios
La abogada también responsabilizó a los municipios por la situación previsional y sostuvo que deberían informar de manera precisa la cantidad de agentes, los conceptos no remunerativos que abonan y la situación de los trabajadores contratados.
En ese marco, reclamó que la discusión sobre la sustentabilidad de las cajas municipales quede concentrada en el nivel de los aportes de los trabajadores y funcionarios, sin abordar las condiciones laborales y salariales que determinan la recaudación previsional.
“No resuelve el problema”
Finalmente, Petit consideró que eliminar el tope del 16% no garantiza por sí mismo la solvencia de las cajas municipales y advirtió que la posibilidad de establecer distintos niveles de aportes puede profundizar las diferencias entre los sistemas previsionales.
Por eso, planteó que una reforma previsional debería contemplar el blanqueo de los salarios, la reducción de la precarización laboral y una mayor igualdad en las cargas previsionales entre quienes trabajan en el Estado provincial y los municipios.