La lista ganadora en Entre Ríos reunió a Juan Diego Etchevehere, Mariano Berisso y Mayda Spiazzi como principales referentes, e incluyó también a los dirigentes entrerrianos Andrea Firpo, Miguel Dome, Federico Paoloni, Walter Feldkamp y Manuel Etchevehere. La nómina consiguió el 57% de los sufragios en la provincia y, según informó la propia Sociedad Rural, se trata de la cuarta elección consecutiva en la que esta línea interna se impone en Entre Ríos.
Del otro lado, la lista encabezada por Domingo Veronesi y Valeria Trucco alcanzó el 43%.
La propuesta de Renovación con Unidad se presentó sobre cuatro ejes: independencia de la entidad respecto de la política partidaria, construcción de una agenda vinculada con las demandas de los productores, mayor presencia territorial y renovación de la conducción gremial.
A nivel nacional, en tanto, Nicolás Pino retuvo la presidencia de la Sociedad Rural Argentina con el 71% de los votos, frente al 29% obtenido por la lista encabezada por Marcos Pereda.
El resultado entrerriano vuelve a colocar a un integrante de la familia Etchevehere en un lugar central de la representación institucional del sector agropecuario. Juan Diego no es, además, un apellido nuevo dentro de la conducción rural: forma parte de una familia con una larga trayectoria en las entidades empresarias del campo, pero también con una extensa historia de conflictos judiciales .
Uno de los antecedentes más antiguos y controvertidos está relacionado con las condiciones laborales en establecimientos rurales vinculados a Las Margaritas SA, empresa de la familia.
En 2014, el entonces Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) realizó inspecciones en establecimientos vinculados al grupo y encontró trabajadores no registrados y situaciones que el organismo calificó como de extrema precariedad.
En el establecimiento La Hoyita, dos trabajadores fueron encontrados viviendo en viviendas sin agua potable, electricidad ni baños. Según el relevamiento, ambos eran analfabetos y afirmaron trabajar para la familia desde 1976. También fueron detectados otros trabajadores en condiciones irregulares.
El organismo sostuvo entonces que las condiciones encontradas podían configurar una situación de reducción a la servidumbre y realizó una denuncia ante la Justicia Federal.
Años después, el caso volvió a ser revisado públicamente a partir del conflicto interno de la familia. La causa por las condiciones laborales de los hermanos Sergio y Antonio Cornejo tuvo un derrotero judicial controvertido y, según reconstrucciones posteriores, terminó sin avanzar hacia una condena contra los responsables señalados.
Otro de los expedientes que sí tuvo una resolución condenatoria está relacionado con dos créditos otorgados en 2011 por el Banco Itaú a Las Margaritas SA.
Se trató de préstamos por US$200.000 y US$50.000 que tenían una finalidad productiva específica. La Justicia Federal consideró acreditadas infracciones al régimen penal cambiario vinculadas con la utilización de esos fondos y condenó a Leonor Barbero Marcial, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, además de establecer responsabilidad solidaria de Las Margaritas SA.
La condena incluyó una multa de US$500.000. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó posteriormente esa decisión.
La familia también quedó involucrada en una investigación impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
En 2015, el organismo denunció penalmente a integrantes del Grupo Etchevehere por presunta evasión de IVA y del impuesto a las Ganancias en operaciones vinculadas con Construcciones del Paraná SA y la Asociación Mutual Unión Solidaria.
La Procelac puso bajo análisis préstamos por alrededor de $4,5 millones de la época y operaciones inmobiliarias que, según la hipótesis investigativa, podían haber sido utilizadas para afectar el patrimonio de otras empresas vinculadas al grupo.
En ese momento, el organismo sostuvo que los primeros elementos reunidos sugerían la existencia de operaciones simuladas destinadas a ocultar la verdadera capacidad económica de una de las sociedades involucradas.
También existió una causa federal por presunto lavado de activos relacionada con operaciones atribuidas a integrantes del entorno empresario de la familia. Ese expediente fue archivado en junio de 2019.
El Diario: la causa que ahora llega a juicio oral
El capítulo judicial más importante en la actualidad es el expediente por el presunto vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa que era propietaria de El Diario de Paraná.
Después de años de investigación, en julio de este año el juez Pablo Zoff dispuso la elevación a juicio oral de la causa por presunta administración fraudulenta.
Entre los acusados se encuentran Leonor Barbero Marcial y sus hijos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere, además de los empresarios Walter y Viviana Grenón. La acusación apunta a una presunta defraudación en perjuicio de SAER.
El expediente comenzó a partir de denuncias realizadas en el marco del conflicto sucesorio de la familia y atravesó distintas instancias judiciales hasta llegar a la actual decisión de llevar el caso a juicio.