Apoyar la lucha docente es un acto de profunda empatía y estricta justicia social. Nadie con sentido común puede negar la legitimidad de reclamar salarios dignos, presupuestos acordes e infraestructura segura. Defender la educación pública implica ponerse del lado de los trabajadores que le ponen el cuerpo a la crisis. Asimismo, es imperativo recordar que el derecho a huelga goza de protección constitucional, tanto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional como por el artículo 82 de la Constitución de Entre Ríos. El paro es legal, es un derecho y representa la voz de quienes no son escuchados.
Sin embargo, en la Argentina actual surge una pregunta incómoda pero urgente: si la legitimidad y el derecho son innegables, ¿se volvió inocua la metodología tradicional del paro? Las necesidades de docentes y no docentes se palpan crudamente en la realidad: la mayoría de los sueldos hoy están por debajo de la línea de pobreza, configurando la dolorosa contradicción de trabajar y ser pobre.
Al mismo tiempo, la infraestructura escolar se cae a pedazos. En Entre Ríos no se ha construido ni una sola escuela nueva, no se ha hecho un solo metro de ruta y la obra pública está paralizada. Aquellos jardines de infantes que prometieron levantar con el supuesto ahorro generado al dar de baja el programa «Fútbol para Todos» siguen brillando por su ausencia.
Es una ironía histórica punzante: el propio Rogelio Frigerio, como ministro del Interior de la Nación durante el macrismo, convalidó con su firma la disolución de ese programa bajo la promesa estatal de que esos fondos financiarían miles de jardines que nunca aparecieron. Hoy, como gobernador, lo único que su administración anuncia son «puestas en valor», un término rimbombante que se traduce en parches superficiales que tapan el deterioro sin resolver nada de fondo.
Tras innumerables paros, el gobierno sigue exactamente en la misma tesitura. Lejos de conmoverse, la gestión oficial parece regodearse en la intransigencia y utilizarla para alimentar al 20% o 25% de su electorado duro que aplaude el ajuste.
Para entender este nulo impacto en las esferas de decisión, basta mirar la pirámide de poder actual. En la cúspide, el presidente Javier Milei no oculta su hostilidad hacia el sistema público, definiéndolo textualmente como un «mecanismo de lavado de cerebro» que «ha hecho muchísimo daño» y sosteniendo que la educación gratuita «no es un derecho» porque «alguien lo tiene que pagar».
Esta hostilidad ideológica suele camuflarse bajo discursos históricos distorsionados. Recientemente, el Ejecutivo intentó trazar un paralelismo entre la figura de Javier Milei y Domingo Faustino Sarmiento, un movimiento que historiadores y politólogos consideran un anacronismo forzado debido a profundas contradicciones de fondo:
- El rol del Estado: Sarmiento fue el gran constructor del Estado moderno argentino. Su visión requería una fuerte centralización y un financiamiento estatal garantizado para homogeneizar a la población y crear ciudadanía. Milei, autodefinido como «anarcocapitalista», considera al Estado una «organización criminal» y busca reducir su intervención al mínimo.
- La educación como derecho vs. como bien de mercado: Para Sarmiento, la educación pública, laica, obligatoria y gratuita era la base del progreso nacional. En contraste, el ideal de Milei se acerca a un sistema de competencia de oferta y demanda, habiendo propuesto históricamente un sistema de vouchers (subsidio a la demanda) donde la educación funciona como un servicio transaccionable.
- La construcción del futuro: Sarmiento importó maestras norteamericanas, financió la ciencia, creó el Observatorio Astronómico de Córdoba y vio en el conocimiento la única forma de salir de la «barbarie». La realidad actual de la gestión de Milei desfinancia organismos de ciencia como el CONICET y las universidades, contradiciendo de manera abierta el espíritu sarmientino de desarrollo científico y educativo impulsado desde el Estado.
Ante un jefe de Estado con esta matriz ideológica, que prioriza exclusivamente el déficit cero y reniega del legado sarmientino, la interrupción de clases no genera presión política alguna.
Esta misma sintonía se replica en Entre Ríos. Rogelio Frigerio mantiene una postura alineada con el rumbo fiscal de la Nación: respaldó el ajuste de partidas y avanzó localmente con el Decreto 2817, fuertemente criticado por la comunidad académica por condicionar la autonomía y las contrataciones de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).
Respecto a las huelgas, confronta declarando públicamente que las medidas «perjudican a los alumnos» y afectan a los comedores escolares, tensando la cuerda sin ceder. En el plano local, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, replica el libreto: calificó públicamente la gestión de Milei otorgándole un llamativo puntaje de un «8» y mantiene una distancia absoluta de las movilizaciones, priorizando el equilibrio financiero por sobre cualquier demanda.
Ante esta alineación ideológica entre Nación, Provincia y Municipio, la pregunta cae por su propio peso: ¿a quién le hacen paro los docentes? Si a este bloque político no le interesa el financiamiento pleno de la educación, suspender las clases no altera sus planes. Al contrario: una medida de fuerza como el paro tradicional solo logra desgastar la imagen de la escuela pública frente a la sociedad, dejando de ser una herramienta de negociación efectiva para volverse inocua ante gobernantes indiferentes.
Cuestionar la huelga en esta coyuntura no significa estar en contra de los docentes. Significa advertir que este método ya no daña al poder, sino que termina yendo involuntariamente en la línea de la destrucción del propio sistema público.
Esta realidad implacable exige que el sector docente y no docente agudice el ingenio y busque nuevas formas de reclamo que de verdad afecten a los gobiernos nacional, provincial y municipal. Los trabajadores de la educación y la sociedad nos encontramos ante el enorme desafío creativo y estratégico de idear acciones directas que expongan a los responsables políticos y a sus esquemas de gestión, sin dejar en el camino el derecho a la educación de los estudiantes ni desamparar al grupo familiar.
La lucha debe continuar, pero con estrategias que eviten dañar aún más a la escuela pública, la cual ya está muy golpeada por el ajuste oficial.