UPCN fue convocada este miércoles a la reunión de la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Senadores, que analiza el proyecto de modificación del artículo 5° de la Ley N° 11.280, Régimen General de Concesiones de Obras, Infraestructuras Públicas y Servicios Públicos.
La postura del Sindicato fue expuesta por la dirigente Maricel Molina, quien sostuvo que la reforma impulsada por el Gobierno provincial, que ya cuenta con media sanción de Diputados, “no es una corrección técnica, sino que es dar vuelta la regla”.
En ese sentido, remarcó que “hoy la ley 11.280 dice que salud, educación, seguridad y el servicio penitenciario no se concesionan nunca. Y para nosotros eso está bien, porque no estamos hablando de servicios, sino de derechos y garantías constitucionales”.
En cambio, la modificación del artículo 5° habilita la concesión de esas funciones, siempre que su “titularidad, potestad de regulatoria y de fiscalización” permanezca “en cabeza del Estado”.
Al respecto, Molina advirtió: “Eso es una redundancia porque en todas las concesiones el Estado conserva la titularidad del derecho”. Y explicó: “Acá lo que estamos concesionando es la gestión. Eso implica, entre otras cosas, concesionar los derechos de los entrerrianos, entre ellos los empleados públicos”.
A partir de ese planteo, preguntó “qué se quiere hacer con esa concesión de derechos constitucionalmente reconocidos” y cuestionó los plazos previstos. “La concesión se daría a más de 25 años. Pero pensar en una política pública implica tener un Estado inteligente, que es aquel que puede planificar a 25 años sus políticas públicas. Concesionarle a un privado implica delegar la posibilidad de gestionar la política pública, que es una obligación”.
También objetó que las concesiones puedan avanzar sin intervención legislativa. “Sin que pase por la Legislatura. Es decir que podemos concesionar un servicio, un derecho, por 24 años, 11 meses y 26 días sin que la Legislatura, la representación del pueblo, tenga intervención. Eso es muy grave”, expresó.
Los criterios de eficiencia
Por otra parte, la dirigente cuestionó los argumentos vinculados con la eficiencia del sector privado frente al Estado. “En función de la eficiencia y la calidad hemos destruido el Estado entrerriano, a las instituciones entrerrianas”, advirtió.
En esa línea, sostuvo que “hay una categoría de eficiencia que no se discute” y preguntó: “¿Es más eficiente el privado?, ¿por qué?, ¿cuáles son las categorías, los índices que se están tomando para decir que el Estado es ineficiente? Muéstrennos eso. Empecemos a hablar de esas cuestiones. Porque eficiencia y eficacia son discursos que se han usado históricamente para destruir los gobiernos, los estados y las instituciones públicas”.
Molina consideró necesario distinguir entre servicios y derechos antes de avanzar en cualquier modificación normativa. “Para nosotros, tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que es un servicio y lo que es un derecho. A partir de ahí tener la discusión propiamente dicha y técnica respecto de qué vamos a modificar”.
Finalmente, remarcó que para UPCN “esta modificación no tiene sentido si no pasa por la Legislatura, si no se discute, si el entrerriano no tiene la posibilidad de conocer de primera mano cuáles son las implicancias técnicas, legales, económicas y de principios que tienen estas modificaciones”.
“Dejamos planteadas estas cuestiones, que tienen que contestar porque necesitamos respuestas”, expuso