Ayer en la sesión, tras un cuarto intermedio impulsado por uno de los referentes de la Mesa, Jorge López, la presidenta del cuerpo legislativo, Magdalena Reta de Urquiza, accedió a recibir a una comitiva de jubilados al finalizar la misma. Durante el encuentro, los referentes expusieron la gravedad de la situación sanitaria que atraviesa el sector, marcada por el colapso de las prestaciones del PAMI, la crisis de la obra social provincial (OSER) y el impacto directo sobre la salud pública local.
Falta de respuestas y cuestionamientos jurisdiccionales
Según manifestaron desde la Mesa Coordinadora, la titular del Concejo atribuyó inicialmente la problemática del PAMI exclusivamente al ámbito nacional, sosteniendo que el municipio y el cuerpo legislativo carecen de injerencia en el asunto.
Sin embargo, los jubilados señalaron una contradicción en el discurso oficial: por un lado, se ponderó la gestión provincial y se admitió que el sistema de salud pública está absorbiendo a una masa masiva de afiliados sin cobertura de obras sociales o prepagas; por el otro, se desestimó la posibilidad de abordar la crisis sanitaria a nivel local. Asimismo, indicaron que las problemáticas específicas del OSER y la situación laboral de cuidadoras domiciliarias y prestadores de discapacidad fueron eludidas durante la conversación.
Derivaciones y cruces con los ediles
Concluida la reunión con la presidencia, los manifestantes fueron derivados con los concejales Verónica Del Boca y Emanuel Godoy, ambos del bloque de JxER, señalados como los responsables del expediente vinculado a la Banca del Pueblo.
En el diálogo con la concejal Del Boca, los jubilados obtuvieron una negativa similar respecto a las competencias del Concejo Deliberante, argumentando que la problemática excede las atribuciones del cuerpo y que no cuentan con herramientas para iniciar investigaciones. La situación generó malestar cuando, según relataron los referentes, se sugirió el uso de la línea de emergencias 107 para resolver urgencias de salud, una respuesta calificada por la organización como un «desatino».
Posteriormente, la comitiva se trasladó a la oficina del concejal Godoy, quien se encontraba acompañado por la concejal Yaiza Pessolani Bechet (La Libertad Avanza). En dicho espacio se reiteró la sugerencia de canalizar los reclamos a través del Consejo de Adultos Mayores y se argumentó que la mayoría de los pedidos presentados excedían el ámbito local, con excepción de una iniciativa puntual. Los jubilados rechazaron este criterio, al considerar que la saturación del sistema público de salud, la falta de medicamentos, la reducción de fármacos del Plan Remediar y las demoras críticas en tratamientos oncológicos —que según autoridades del OSER pueden demorar entre 30 y 45 días— configuran una emergencia humanitaria que afecta directamente a los vecinos de Concordia.
Estado de alerta y continuidad del reclamo
Desde la Mesa Coordinadora denunciaron además que, según información transmitida por el bloque oficialista, existiría resistencia por parte de un sector de los concejales para obstaculizar el otorgamiento de la Banca del Pueblo.
Pese a las negativas y derivaciones institucionales, los jubilados y pensionados ratificaron que no cesarán en sus demandas. Exigieron un pronunciamiento formal por parte de los ediles y reafirmaron su derecho a ser escuchados en la búsqueda de soluciones para garantizar una atención sanitaria adecuada y una vida digna.
