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Abogados ambientalistas denunciaron penalmente a la Agencia Nacional de Puertos por la audiencia sobre el dragado del Paraná
La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas —integrante del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial— presentó una denuncia penal contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por la convocatoria a una audiencia pública prevista para el próximo 3 de noviembre, en la que el organismo buscaría convalidar un nuevo salto en la profundización de la Vía Navegable Troncal (VNT). Acusan al gobierno nacional de intentar legalizar a posteriori obras sin evaluación ambiental y de avanzar en un modelo extractivista que pone en riesgo el ecosistema del río.
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Según la organización denunciante, el gobierno nacional pretende habilitar el paso del dragado de 36 a 40 pies —y eventualmente más— sin contar con una Evaluación de Impacto Ambiental válida, ni con la intervención de las áreas ambientales competentes a nivel nacional y provincial, violando así la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que garantizan la información pública y la participación ciudadana en decisiones de este tipo.

“El documento que se presenta no es un Estudio de Impacto Ambiental, sino un informe fragmentario de ‘gestión ambiental’ sobre hechos consumados”, advierte el comunicado difundido por la asociación. “Lo admite la propia ANPyN por escrito: las obras ya están en ejecución y no hubo evaluación previa. Se trata de un intento de legalizar a posteriori el avance de un modelo extractivista que está destruyendo el río y desmantelando el control democrático sobre su gestión”.

Un modelo “al servicio de las corporaciones exportadoras”

Para los abogados ambientalistas, la intervención sobre el cauce del Paraná “busca modificar de forma definitiva los humedales y el ecosistema fluvial, transformándolo en un canal exclusivamente al servicio de las corporaciones exportadoras, sin vida, sin control y sin retorno”.
El texto sostiene que el proyecto provocará una desertificación de los humedales y pérdida de biodiversidad, con consecuencias ecológicas, culturales y sociales de enorme magnitud.

Denuncia penal y llamado a la ciudadanía

La denuncia fue presentada el 22 de octubre ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya inició una investigación por graves irregularidades administrativas y posibles hechos de corrupción.

Paralelamente, desde el colectivo impulsan una convocatoria abierta a la ciudadanía para participar en la audiencia del 3 de noviembre, cuyo proceso de inscripción permanecerá habilitado hasta el viernes 31 de octubre a las 23:59.
“Si el Estado impide el acceso, somos nosotros quienes vamos a amplificarlo. Vamos a participar si la Justicia no detiene esta ficción, y queremos que más personas y organizaciones lo hagan”, expresaron.

Finalmente, el comunicado concluye con un mensaje contundente:

“No hay democracia ambiental sin información, sin estudios y sin participación. Sin río, no hay salud. Sin controles, no hay derechos.”

Los interesados en sumarse pueden acceder al instructivo de inscripción a la audiencia (https://aadeaa.org/denunciamos-penalmente-los-intentos-de-justificar-los-avances-ilegales-que-afectaran-al-rio-parana/#:~:text=ACCED%C3%89%20AL%20INSTRUCTIVO%20PARA%20INSCRIBIRTE%20A%20LA%20AUDIENCIA)y al grupo de WhatsApp de asistencia a través de los contactos habilitados por la organización: (+54 341 6098151) y (+54 343 5050891).

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