Las escuelas rurales funcionan con personal único. Se reúnen los alumnos de nivel inicial y primario en una misma aula. A todos les da clase una sola persona que, además, es directivo, ordenanza, secretario, etc. “Tenés que hacerte cargo de lo pedagógico, lo administrativo, la limpieza, todo lo que implica el funcionamiento de una institución escolar”, dijo.

Esa mañana, Leiva, al ver a sus alumnos descompuestos, salió afuera para intentar dialogar con el propietario del campo: un productor que era exalumno de la escuela. En el momento de la pulverización tenía que estar presente un ingeniero agrónomo y tendrían que haber dado aviso, pero hasta ese momento no estaba enterada de nada. También tenía que estar el productor presente, pero “no había nadie”.

La docente no sabía qué hacer. No tiene la potestad de cargarlos y llevarlos en su auto particular hasta el centro de salud más cercano. Por lo tanto, optó por llamar por teléfono al Centro de Salud de Santa Anita. “Es un hospital rural con un solo médico y no pueden dejar el hospital sin médico para venir a atenderme a mí y a los chicos”, dijo. No obstante, vino la directora del centro de salud. Leiva le pidió que hiciera un acta de lo que había sucedido para mostrarles a los padres de sus alumnos.

A pesar de que se habían congregado la directora del centro de salud, enfermeros, la policía, la avioneta seguía fumigando. “Termino la jornada llevando a los nenes a la casa y firmando este acta que me había hecho la doctora. Luego hago la denuncia”, expresó. Desde AGMER Uruguay, donde habían comenzado con la campaña “Paren de Fumigar”, también realizaron otra denuncia de igual tenor. “Se unifica todo en una misma causa, se hace un allanamiento en la empresa de fumigación ‘Aerovillaguay’ con resultados positivos”, expresó.

La Justicia les pidió los resultados de análisis de sangre para saber si Leiva o sus alumnos tenían restos de agrotóxicos en el torrente sanguíneo. Pero no se los hicieron. La docente sostuvo que el Estado provincial, en este caso el CGE (Consejo General de Educación), tendría que haberse hecho cargo de esa situación, ya que ella estaba trabajando y los alumnos estaban ejerciendo el derecho a recibir educación. “Nunca a esos cinco pibes les hicieron un seguimiento en salud. Jamás”, indicó. “El abandono que sufrimos fue tremendo”, dijo. Desde el CGE solo se interesaron en el caso cuando se estaba por dictar el veredicto en el juicio. “Querían saber si los bienes de la escuela estaban en riesgo. Si los pupitres del año 44 estaban en riesgo”.

En julio de 2017, la causa se elevó a juicio y el 3 de octubre de ese año se dictó la sentencia. El dueño del campo, el propietario de la empresa de aviación y el piloto del avión recibieron una condena de un año y ocho meses. No fueron de cumplimiento efectivo porque la pena fue muy baja: menos de tres años. Leiva dijo que el mismo productor, al año siguiente, realizó la misma aplicación con un vehículo de arrastre que no estaba patentado. “Tuvo que venir el intendente de Santa Anita a parar la fumigación que estaba haciendo enfrente a la escuela”.

Dos meses antes, la periodista Fernanda Sández presentó el libro “La Argentina Fumigada” en la Feria del Libro en Buenos Aires. “Contaba en uno de sus capítulos esta historia. Me había invitado para que vaya a contarlo yo en primera persona al Feria”. Pero, ese día antes de salir, recibió una amenaza anónima. “Callate la boca, porque sino la vas a pasar mal”, le dijo una voz masculina en el celular.

Naturaleza muerta

Leiva dijo que los docentes, en la actualidad, no se animan a realizar una denuncia. Muchas veces los productores son los padres de los chicos que acuden a clases o son los patrones de los padres. “En algún momento van a tener que declarar en contra de sus patrones y se quedan sin trabajo”, expresó.

La docente relató el caso de una compañera de trabajo que pasó por una situación similar. “Hizo la denuncia, estaba descompuesta y no podía venirse sola, manejando. La fui a buscar a la Colonia Almada, a 35 km de Basavilbaso. La atendieron en el hospital de Basavilbaso, estuvo internada unos días, le dieron un certificado donde decían que los síntomas eran compatibles con los de una intoxicación de agrotóxicos”, remarcó. A pesar de todo, la denuncia no prosperó. “Así estamos: la archivaron a la causa”.

La mujer remarcó que las distancias, en la actualidad, son más reducidas que las que había en aquel momento. Se permite fumigar a 10 metros con un drone o mochila, 100 metros con un mosquito y 200 metros con un avión. Leiva remarcó además que las aplicaciones se realizan con químicos que no tienen olor. Por lo tanto, a través del olfato, son indetectables.

Sancionada en 2024, la nueva legislación gestada por el diputado socialista Juan Manuel Rossi establece zonas de exclusión casi inexistentes y por demás permisivas. En zonas urbanas, la norma permite aplicaciones manuales o con drones a solo diez metros, a 100 metros con equipos terrestres y se establece una exclusión de 1000 metros para aplicaciones aéreas. En zonas sin presencia de personas, esos límites se acortan a 5, 50 y 100 metros respectivamente. Lo que deja, por ejemplo, a los cuerpos de agua y ríos sometidos a la exposición directa. En el caso de las escuelas rurales, se puede fumigar a solo 15 metros con aplicaciones manuales o 150 metros con máquinas y a 500 metros si es con avionetas. En el caso de las viviendas rurales o puestos sanitarios, las avionetas, por ejemplo, podrán pasar rociando agrotóxicos a 200 metros. En todos los casos, las distancias aprobadas son absolutamente regresivas. “Hasta su sanción, la distancia del veneno era de un mínimo de 50 metros. Hoy pueden envenenarnos a 5, 10 y 15 metros”, resumió a fines de diciembre del año pasado, Daniela Verzeñassi, miembro del Foro Ecologista de Paraná e integrante de la Coordinadora Por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos, Basta es Basta, según publicó la Agencia Tierra Viva.

Actualmente Leiva vive en el campo, se dedica a la ganadería, y remarcó que observa como se trabaja con “veneno” en la agricultura. “Estas en el medio del campo, empiezan con las fumigaciones y en lo que es a mi en particular, termino con los ojos hinchados y la boca llena de llagas. Quedé de esa manera”, sostuvo. De la misma forma, remarcó que lavan los mosquitos (equipos de fumigación) “en cualquier lado” Asimismo, sostuvo que cuando se trilla soja a los pocos días se puede observar en el campo todo amarillo, todo seco. “Es el cuadro de naturaleza muerta personalizada”, describió.

“Este modelo de producción es nefasto. No podemos seguir manteniendo un modelo productivo en base a venenos. Son venenos porque matan todos los seres vivos que andan dando vueltas por ahí, menos los que están genéticamente modificados para resistir esos venenos”, destacó.

Por otra parte, subrayó que el modelo de producción esta realizando un vaciamiento del campo. “Lo está dejando sin gente”, indicó. Por ese motivo, están en peligro las escuelas rurales. En la zona rural de Concepción del Uruguay, que abarca varias poblaciones como Herrera, Las Moscas, Basavilbaso, San Marcial, Rocamora, Libaros y Santa Anita, hay 13 o 14 escuelas de esa tipo. “Siempre han tenido matrícula pero hoy las matrículas de las escuelas han bajado porque las máquinas han reemplazado la mano de obra”, dijo.

De hecho, dijo que el gobierno provincial pretende poner al servicio a vehículos de transporte escolar para llevarlos hasta las escuelas de ciudad. La docente se preguntó con que vehículos para llevar a dos o tres chicos que viven en la zona de Villa San Marcial, a 15 km de distancia de Basavilbaso, cuando llueve, crece el arroyo y los caminos se vuelven intransitables. Lo mismo para los alumnos de los poblados cercanos como Colonia Almada o Rocamora. “Los van a confinar a que no tenga educación”, expresó.

La docente sigue recordando el día que llovió veneno desde el cielo y el efecto que generó en sus alumnos recostados en los bancos, descompuestos y afectados por los tóxicos. Leiva sostuvo que el problema no solo lo padecen en las comarcas rurales donde se respira el aire contaminado. No obstante, subrayó que mirar para otro lado no ayuda. Los docentes deben ser conscientes de que el silencio no los va a llevar a ningún lado. Y les pidió que canalicen esa rabia, esa esperanza, “esas ganas de luchar por nuestros gurises, porque crezcan en un ambiente sano”.

Además, recordó que se trata de un derecho constitucional establecido en el articulo 41°. “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y a la preservación de la salud, el que debe ser preservado por el Estado. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, promoviendo la utilización racional de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica y el ambiente, y la prevención de las causas que puedan provocar su deterioro».

El problema se suscita cuando las autoridades no legislan priorizando “la preservación de la salud” sino las ganancias de los grupos concentrados de la economía. Los derechos constitucionales se difuminan, se diluyen a medida que se envenena el agua, la tierra, el aire. “Lo estamos padeciendo todos y ellos (los políticos) también y sus familias”, remarcó. Es que, a través de los alimentos, el veneno también llega a la mesa familiar todos los días.