Una investigación de la Justicia Federal y de la Brigada de Control Ambiental (BCA) de la Nación dejó al descubierto un presunto circuito de caza irregular, tenencia de armamento y posible tráfico de fauna silvestre en un establecimiento ubicado en Costa Uruguay Sur, departamento Gualeguaychú.
El caso se inició luego de una denuncia presentada por organizaciones ambientalistas y derivó en una serie de allanamientos donde se secuestraron armas, municiones, trofeos y documentación vinculada a la actividad desarrollada en el predio.
El 10 de junio, personal de la BCA y de la Prefectura Naval Argentina allanó el establecimiento rural «Médano Salvaje / Punta Caballo», donde operaba la firma De Bernardis Hunting, propiedad de Héctor De Bernardis.
Según surge de las actuaciones, en el lugar se ofrecían excursiones de caza para turistas extranjeros sin contar con la habilitación provincial correspondiente ni con el libro foliado obligatorio para registrar cazadores y piezas abatidas.
Posteriormente se realizaron nuevos procedimientos en depósitos y galpones vinculados a la empresa sobre avenida Urquiza Oeste, en Gualeguaychú. Como resultado de los allanamientos, las autoridades secuestraron 29 armas de fuego —entre escopetas, fusiles y revólveres—, más de 15.000 cartuchos y municiones, decenas de trofeos de taxidermia, pieles, colmillos y cornamentas, además de dispositivos electrónicos, documentación y registros contables.
Según la investigación, esos elementos podrían aportar información sobre la comercialización sistemática de excursiones de caza. El valor total de los bienes incautados fue estimado en 1.326 millones de pesos.
El origen de la investigación
La causa se inició luego de que, el 16 de marzo, un cazador brasileño abatiera un ejemplar de ciervo colorado con una cornamenta de 72 puntas, tras participar de una excursión de caza cuyo valor habría rondado los 50.000 dólares.
La difusión de imágenes del animal en redes sociales motivó una denuncia presentada por organizaciones ambientalistas, entre ellas la Fundación FreeLand y el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), ante la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
Según publicó CEYDAS, el caso expuso presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento del coto de caza investigado, entre ellas la comercialización de excursiones para cazadores extranjeros, la presencia de trofeos y armas, y el ingreso de ejemplares de ciervo colorado, una especie cuya introducción en Entre Ríos se encuentra prohibida. La organización también cuestionó los mecanismos de control estatal sobre esta actividad.
La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, con intervención del fiscal federal Pedro Rebollo.
Recursos Naturales, en el centro de la investigación
Uno de los ejes de la causa está relacionado con la presencia de ejemplares de ciervo colorado (Cervus elaphus), una especie exótica invasora cuyo ingreso, tenencia y caza se encuentran prohibidos en Entre Ríos por la Resolución Nº 287/94 de la Dirección de Recursos Naturales.
De acuerdo con la información incorporada a la causa, la Justicia analiza un expediente administrativo y una guía de tránsito que habrían autorizado, con carácter de excepción, el traslado de ejemplares desde la provincia de Buenos Aires hacia el establecimiento investigado.
CEYDAS también cuestionó esa autorización administrativa vinculada al traslado de ejemplares y señaló que la situación debía ser investigada, al considerar que podría existir una contradicción con la normativa vigente.
En ese marco, la investigación procura determinar si existieron irregularidades administrativas y cuál fue la intervención de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos en esas actuaciones. Entre los funcionarios bajo análisis se encuentra el director del área, Mario Zárate.
Hasta el momento, no se informó oficialmente una imputación formal en su contra.
Las figuras investigadas
La causa tramita en el fuero federal bajo la hipótesis de posibles infracciones a la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, además de presuntas violaciones al régimen de armas y municiones previsto en la Ley Nº 20.429 y otros posibles delitos que pudieran surgir del avance de la investigación.
En paralelo, las actas confeccionadas por la Brigada de Control Ambiental fueron remitidas a las autoridades competentes para evaluar la eventual apertura de sumarios administrativos y determinar si existieron responsabilidades en los controles de la actividad cinegética en la provincia.
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