Una investigación de la Justicia Federal y de la Brigada de Control Ambiental (BCA) de la Nación dejó al descubierto un presunto circuito de caza irregular, tenencia de armamento y posible tráfico de fauna silvestre en un establecimiento ubicado en Costa Uruguay Sur, departamento Gualeguaychú.
El caso se inició luego de una denuncia presentada por organizaciones ambientalistas y derivó en una serie de allanamientos donde se secuestraron armas, municiones, trofeos y documentación vinculada a la actividad desarrollada en el predio.
El 10 de junio, personal de la BCA y de la Prefectura Naval Argentina allanó el establecimiento rural «Médano Salvaje / Punta Caballo», donde operaba la firma De Bernardis Hunting, propiedad de Héctor De Bernardis.
Según surge de las actuaciones, en el lugar se ofrecían excursiones de caza para turistas extranjeros sin contar con la habilitación provincial correspondiente ni con el libro foliado obligatorio para registrar cazadores y piezas abatidas.
Posteriormente se realizaron nuevos procedimientos en depósitos y galpones vinculados a la empresa sobre avenida Urquiza Oeste, en Gualeguaychú. Como resultado de los allanamientos, las autoridades secuestraron 29 armas de fuego —entre escopetas, fusiles y revólveres—, más de 15.000 cartuchos y municiones, decenas de trofeos de taxidermia, pieles, colmillos y cornamentas, además de dispositivos electrónicos, documentación y registros contables.
Según la investigación, esos elementos podrían aportar información sobre la comercialización sistemática de excursiones de caza. El valor total de los bienes incautados fue estimado en 1.326 millones de pesos.
El origen de la investigación
La causa se inició luego de que, el 16 de marzo, un cazador brasileño abatiera un ejemplar de ciervo colorado con una cornamenta de 72 puntas, tras participar de una excursión de caza cuyo valor habría rondado los 50.000 dólares.
La difusión de imágenes del animal en redes sociales motivó una denuncia presentada por organizaciones ambientalistas, entre ellas la Fundación FreeLand y el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), ante la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
Según publicó CEYDAS, el caso expuso presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento del coto de caza investigado, entre ellas la comercialización de excursiones para cazadores extranjeros, la presencia de trofeos y armas, y el ingreso de ejemplares de ciervo colorado, una especie cuya introducción en Entre Ríos se encuentra prohibida. La organización también cuestionó los mecanismos de control estatal sobre esta actividad.
La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, con intervención del fiscal federal Pedro Rebollo.
Recursos Naturales, en el centro de la investigación
Uno de los ejes de la causa está relacionado con la presencia de ejemplares de ciervo colorado (Cervus elaphus), una especie exótica invasora cuyo ingreso, tenencia y caza se encuentran prohibidos en Entre Ríos por la Resolución Nº 287/94 de la Dirección de Recursos Naturales.
De acuerdo con la información incorporada a la causa, la Justicia analiza un expediente administrativo y una guía de tránsito que habrían autorizado, con carácter de excepción, el traslado de ejemplares desde la provincia de Buenos Aires hacia el establecimiento investigado.
CEYDAS también cuestionó esa autorización administrativa vinculada al traslado de ejemplares y señaló que la situación debía ser investigada, al considerar que podría existir una contradicción con la normativa vigente.
En ese marco, la investigación procura determinar si existieron irregularidades administrativas y cuál fue la intervención de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos en esas actuaciones. Entre los funcionarios bajo análisis se encuentra el director del área, Mario Zárate.
Hasta el momento, no se informó oficialmente una imputación formal en su contra.
Las figuras investigadas
La causa tramita en el fuero federal bajo la hipótesis de posibles infracciones a la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, además de presuntas violaciones al régimen de armas y municiones previsto en la Ley Nº 20.429 y otros posibles delitos que pudieran surgir del avance de la investigación.
En paralelo, las actas confeccionadas por la Brigada de Control Ambiental fueron remitidas a las autoridades competentes para evaluar la eventual apertura de sumarios administrativos y determinar si existieron responsabilidades en los controles de la actividad cinegética en la provincia.
10 comentarios
Hector
Opinion:Me gustaría que la enjundia con que se condena una practica ancestral como la caza,se mostrará también en condenar la inseguridad.La caza deportiva genera recursos genuinos,pago de impuestos y un movimiento comercial que beneficia la zona donde se desarrolla. La práctica sobre especies exóticas no daña nuestra fauna.!Se habla de un arsenal secuestrado,como si se tratara de una célula terrorista,ja!.No es mucho ?Como comentario financiero, diré que por lo general estas zonas de caza se desarrollan en sitios donde el campo no.es muy apto.para le explotación agropecuaria.Opinion.Saludos!!
María Florencia
Que tipos HDP!! Yo los cazaria a ellos, pero a martillazos
Erendirae
Lo de siempre en Argentina dejemos de mantener VAGOS: dinero en el medio, un privado que gana dinero ilegal, un funcionario que mira para otro lado al cuál le pagamos su sueldo para cuidar, pero no cuida y animales muertos de un modo agresivo.
Espero que despidan a ese funcionario sino es más declo mismo!
Juan José Sosa Mena
La actividad de caza legal, es un recurso. Si se cazan especies exóticas o criadas a tal fin, no se afecta la fauna autóctona. El «equilibrio natural» roto por falta del número necesario de depredadores, se compensa con caza bien manejada. El solo está en contra de matar, (deberían ser todos veganos) y que no entiende nada, que no haga comentarios agresivos por favor.
Miguel
Nefasto todo como nefastos los que se regozijan matando animales por matar. Como se permite una porquería asi
José María Amabile
Al dueño del coto de caza, le correspondería una pena como la de un homicidio, 8 a 25 años de prisión, seguro que debe estar rico y millonario y al funcionario que autorizó la entrada de los ciervos, procesarlo como corresponde, como director no sabía lo que hacía, cerrar todos los votos de caza del país.
Gabriel
En la foto, hay una cabeza de reno.
Me están jodiendo o bajaron una foto de Internet…???
Marcelo Rodríguez
No debería penalizarse, la caza de especies silvestres exóticas, las cuales debieran ser de caza libre, sin ningún tipo de límite ni condicionamiento, a lo largo de todo el año. Ésto, independientemente de lo normado en materia de armas y municiones, parte impositivo, etc.
Martin
No pueden seguir existiendo cotos de caza en 2026, una actividad medieval como quienes la practican. Evolucion por favor.
Cazar y matar
Cazar y matar dejan trofeo, mucho dinero y menos fauna de animales silvestres