La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), que representa a empresas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, cuestionó el dictamen aprobado este viernes en las comisiones conjuntas de Energía y de Presupuesto y Hacienda del Senado y advirtió que el nuevo esquema podría dejar a las plantas regionales sin el volumen de mercado necesario para sostener su actividad.
El planteo de las pymes apunta principalmente a las grandes empresas integradas del complejo agroexportador de Santa Fe. Se trata de compañías que no solamente producen biodiésel, sino que forman parte de estructuras empresariales mucho más amplias, vinculadas a la producción y comercialización de granos, la extracción de aceite, la infraestructura portuaria y la exportación.
Según CEPREB, las plantas regionales abastecen actualmente alrededor del 7,5% del corte de biodiésel. No reclaman quedarse con la totalidad del mercado ni que cada empresa tenga garantizado un volumen determinado. Lo que piden es que una parte del corte obligatorio quede destinada a las plantas regionales, de manera que puedan competir en condiciones que consideren comparables.
El punto que cuestionan
El proyecto establece una diferenciación entre las empresas en función de su nivel de integración. Para CEPREB, sin embargo, ese criterio no resuelve el problema de fondo porque no contempla la diferencia estructural entre producir biodiésel en una planta regional y hacerlo dentro de un gran complejo agroindustrial.
“Las modificaciones introducidas en el debate en comisiones no cambian el fondo de la cuestión”, sostuvo la entidad, que calificó como “arbitrario” y “discriminatorio” el criterio de segmentación basado en el nivel de integración.
Para las pymes, la diferencia determinante no pasa solamente por cómo está constituida cada empresa, sino por dónde produce y con qué estructura económica compite. “La verdadera diferencia estructural insalvable en la industria del biodiésel es la Regionalidad: producir en el interior o producir dentro del polo agroexportador”, afirmó CEPREB.
El argumento es que una planta regional puede fabricar biodiésel, pero no necesariamente cuenta detrás con la misma estructura que una gran compañía integrada. Si las petroleras quedan habilitadas a comprar todo el biodiésel que necesitan a esas grandes empresas, las plantas más pequeñas podrían perder una parte sustancial de su mercado.
Y para una planta industrial, perder mercado no significa solamente vender menos. Necesita mantener determinado nivel de producción para afrontar costos, sostener puestos de trabajo, contratar transporte y mantener una red de proveedores y actividades vinculadas.
Por eso CEPREB advierte sobre una eventual desaparición de las empresas regionales y habla de una “quiebra anunciada”.
El reclamo por la “segmentación Regional”
La propuesta de las pymes es que la nueva normativa incorpore un criterio de “Regionalidad” y establezca una segmentación del mercado que permita que las plantas ubicadas fuera de los grandes polos agroindustriales conserven una participación en el corte obligatorio.
La cámara aclara que no está reclamando un precio especial ni cupos individuales para cada empresa. “Pedimos competencia entre empresas con condiciones comparables”, sostuvo.
En ese sentido, CEPREB pone como ejemplo el tratamiento que el mismo proyecto propone para el bioetanol. Según la entidad, allí se reconoce que existen realidades productivas diferentes y se establece una diferenciación entre el bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y el producido con maíz.
La pregunta que plantean las pymes es por qué no debería aplicarse un criterio similar al biodiésel, reconociendo las diferencias entre las plantas regionales y las grandes empresas integradas del complejo agroindustrial.
El impacto sobre Entre Ríos
La discusión tiene una consecuencia concreta para Entre Ríos. La provincia forma parte del grupo de distritos donde funcionan las empresas que CEPREB representa y que podrían quedar expuestas a una mayor concentración del mercado si el nuevo esquema no incorpora una participación específica para las plantas regionales.
La cámara advirtió además que el impacto de una eventual pérdida de mercado no quedaría limitado a las empresas elaboradoras. Detrás de las plantas hay trabajadores y familias, pero también actividades vinculadas como las extrusoras, el transporte y otros proveedores que forman parte de las economías locales.
CEPREB recordó además que la Ley 27.640, cuya vigencia se extiende hasta 2030, establece pautas de negocio que, según su interpretación, brindan oportunidades a las plantas regionales.
Ahora, el proyecto deberá ser tratado por el pleno del Senado. Frente a ese escenario, la entidad pidió a los senadores que rechacen la iniciativa o incorporen modificaciones que permitan garantizar la continuidad de las pymes regionales en el mercado.
“El Senado tiene la oportunidad y la responsabilidad de no convertir en ley una quiebra anunciada”, sostuvo el director ejecutivo de CEPREB, Federico Martelli.