Amiano sostuvo que hubo pedidos de informe que respondieron. Uno de ellos fue por compras directas y licitaciones del Carnaval. “Por ahí fuera de las fechas pero llego la respuesta”, dijo. No obstante, remarcó que solo les enviaron lo que estaba en la página web respecto de las licitaciones. El otro que tuvo contestación fue respecto de la puesta en valor del Palacio Arruabarrena.

· Carnaval: en la primera sesión ordinaria del 2024, el bloque del PJ solicitó al Ejecutivo que, a través del Ente de Carnaval y otras áreas pertinentes, informe sobre la cantidad de entradas vendidas, de mesas vendidas, sectores VIP, cantidad de invitaciones para funcionarios públicos, autoridades civiles, medios de comunicación y otros invitados especiales y la recaudación total. Además, el pedido se extiende a los aportes recibidos, los artistas contratados, las medidas de seguridad previstas, el respeto a las normas de inspección general y de Bromatología, la licitación de las cantinas, etc.

· Obra de puesta en valor del Museo Regional Palacio Arruabarrena: la ejecución fue dispuesta por decreto en 2023. La obra, vinculada a la recuperación de espacios culturales, se encuentra detenida a pesar de que existirían fondos disponibles, según denuncian desde el bloque opositor. En el pedido de informe presentado el año pasado, el Concejo Deliberante solicitó datos precisos sobre el avance físico, los trabajos realizados y pendientes, y las razones de la paralización. El requerimiento incluye además una evaluación del uso de los recursos disponibles, el cumplimiento de normativas y la previsión de próximas etapas.

Pero la lista de los pedidos sin responder es extensa:

· Compra de dólar MEP: realizada durante el primer trimestre de 2024 por parte del Ejecutivo municipal. El objetivo era verificar si la operación se llevó a cabo dentro del marco legal y conocer el origen de los fondos utilizados. “Queremos saber si se utilizaron los procedimientos técnicos adecuados, si hubo autorización y si la operación cumple con la normativa vigente. Además, buscamos determinar la solvencia fiscal real con la que Azcué recibió la Municipalidad”, detallaron los concejales.

· Recital de la banda La Konga: realizado el 23 de febrero de 2024 en el Corsódromo local. Según la normativa vigente, por cada entrada vendida se debe tributar un derecho de espectáculo público, y un 5% del valor de las entradas debe ser destinado a un fondo especial para la Dirección de Discapacidad. Sin embargo, las instituciones que conforman el consejo de discapacidad denunciaron no haber recibido ese porcentaje, lo que motivó la presentación formal de un nuevo pedido de informe. “Queremos saber cuánto recaudó el municipio y para qué se usó esa plata. Y, sobre todo, por qué no se transfirió el fondo a la Dirección de Discapacidad como lo establece la ordenanza”, señalaron desde el bloque opositor. El pedido incluye el detalle de la recaudación total por entradas, el destino de los fondos, y los motivos por los cuales se habría incumplido la normativa vigente. Se exigió una respuesta oficial en un plazo de 15 días hábiles.

· Rendición de Cuentas 2024: en el documento, de más de diez puntos, los concejales solicitaron información detallada sobre nómina de cargos políticos, publicación de sueldos, licitaciones, contrataciones por excepción y el estado del Fondo Anticíclico heredado de la gestión anterior. “Sin estos datos, resulta imposible garantizar el control ciudadano, evaluar la eficiencia en el uso de los recursos o verificar la legitimidad de las decisiones administrativas”, advierte el texto, que fue acompañado por un pedido formal para que el Ejecutivo responda en un plazo de 15 días. Entre los puntos más sensibles, también se pidió conocer la nómina de acreedores de la deuda flotante, el inventario municipal y el estado de los sumarios administrativos y juicios activo.

· Contrataciones realizadas a la empresa “Ahora Voy SRL”: se trata de una proveedora habitual de alimentos para comedores municipales. En el pedido, aprobado por el Concejo Deliberante, se solicitó información precisa sobre los pagos realizados, facturas emitidas y entregas efectuadas durante 2025. Según detalla el documento, la empresa ya había sido observada por irregularidades en la entrega de alimentos en el ámbito provincial, y se habrían detectado múltiples facturaciones dentro del mismo mes, lo que podría estar en contradicción con lo establecido por la Ordenanza N° 34.698 sobre contrataciones del Estado Municipal. “El Ejecutivo debe habilitar una auditoría externa y publicar el detalle completo de las contrataciones realizadas a esta firma”, señala el texto, que también exige conocer la fecha de inscripción comercial de la empresa y el mecanismo por el cual fue seleccionada en diversos concursos de precios. Desde la oposición no descartan que haya un fraccionamiento de compras para evitar procesos licitatorios, una práctica que, de confirmarse, representaría una violación a la normativa vigente.

· Radio Pública: tras el cierre votado el 24 de julio pasado, los ediles pidieron la semana pasada remitir el inventario contable y patrimonial actualizado de la CARP , el área responsable de la custodia y las medidas adoptadas para su resguardo, inventario físico de bienes materiales, indicar que dependencia municipal será la responsable directa de la custodia, administración y eventual disposición de los bienes, informar si se prevé la venta, concesión, reasignación o liquidación de bienes, etc.

· Código 0600: el último fue presentado la semana pasada. Los concejales señalaron que pueden surgir situaciones de incompatibilidad cuando un funcionario público percibe haberes previsionales o participa en contratos que comprometen su imparcialidad. Estas situaciones, argumentan, «pueden generar conflictos de intereses y afectar la integridad y transparencia de la administración pública». En concreto, se solicitó al Departamento Ejecutivo que remita la siguiente información: la nómina de funcionarios públicos que también figuran como prestadores de servicios para la Municipalidad de Concordia, la nómina de funcionarios que perciben haberes bajo el Código 600 u otra modalidad no remunerativa, con especificación de montos, conceptos y frecuencia de pago e información sobre las suspensiones de haberes previsionales de los funcionarios jubilados que han sido designados para ocupar cargos públicos.

Falta de dialogo

Los tres últimos presentados son recientes y aún no cumplieron los 120 días requeridos. Respecto de los otros, dedujo que no tiene intencion de contestarlos. Amiano dijo que no hay más instancias a las que acudir para que se respondan los pedidos. Excepto ir a la Justicia pero remarcó que tratan de no llegar a esa instancia.

La otra forma sería mediante el diálogo para remarcarle que necesitan la información requerida. No obstante, sostuvo que Azcué no los atiende desde fines del año pasado y principios del actual. Tampoco les responde los mensajes. A su vez, consignó que el presidente del bloque, Guillermo Satalía Méndez, le pidió reunirse para plantearles algunos temas pero no recibe respuesta alguna.

Más adelante, expresó que cree que eso se debe a que no le interesa tener un diálogo con la oposición. Para la edil, eso es un rasgo de inexperiencia. “El diálogo con la oposición es sumamente saludable para la vida política”, sostuvo. A su vez, dijo que desde el bloque lo pueden alertar sobre alguna cuestión que puede suceder en la ciudad o consensuar alguna cuestión sobre un proyecto en particular. Un ejemplo fue el del programa “Huertas Comunitarias”. Lo llevaron desde el bloque del PJ, al intendente le pareció interesante y decidió llevarlo a la práctica. Eso fue en 2024. “Este año ya no tiene la misma postura con nosotros”. “Voló los puentes, cortó el diálogo”, graficó.

La decisión de no reunirse con la oposición es inédita, para Amiano. “Es la primera vez que veo que a un intendente no le interesa dialogar con la oposición”. No siempre fue así. En 2024, el PJ decidió acompañar numerosas iniciativas nacidas del Ejecutivo. Eso les permitía reunirse com Azcué e intercambiar opiniones sobre diversos temas. Pero, al perder el espacio de dialogo, los ediles comenzaron a salir y marcar públicamente sus posiciones en la prensa. Por expresarse en los medios, Amiano dijo que a veces lo nota “enojado” a Azcué por esa causa. En ese sentido, sostuvo que de alguna forma no alcanza a entender cual es el rol de la oposición: controlar al Ejecutivo.

Actualmente, los interlocutores con quien tienen buena relación son el secretario de Gobierno, Luciano Dell’Ollio, y la viceintendenta, Magdalena Reta. Pero en el bloque sienten que se quedan “cortos” porque sienten que las decisiones se toman “más arriba”. Y el mejor ejemplo de que no les interesa trabajar ningún consenso fue lo de “Radio Ciudadana”. Nunca les anticiparon que habían tomado la decisión de cerrar la emisora.

La concejal entiende que Azcué tiene los votos asegurados (siete del oficialismo más dos de La Libertad Avanza) para gobernar sin consensuar nada con el PJ. Sin embargo, en 2015, pasaba algo similar. El PJ tenía siete votos propios. Amiano compartía el bloque con Alberto Armanazqui, Irma Bergalio, Alberto Zadoyko, Iván Alalí, Julia Sáenz y Amadeo Cresto. Y en ocasiones llegaban a nueve: Sebastián Cuberli y Daniel Cedro, siendo de la oposición, también votaban los proyectos del oficialismo. Sin embargo, el intendente en ese momento, Enrique Cresto les permitía modificar los proyectos -siempre que no perdiesen el espíritu- si había sugerencias de las entonces opositoras Reta o Carola Laner. Esa capacidad de dialogo “hoy no la está teniendo” Azcué.

Actualmente, sin ir más lejos, en otra ciudad cercana, como Concepción del Uruguay, el viernes de la semana pasada, el intendente José Lauritto, se reunió con los seis concejales de la oposición de los bloques Juntos por Entre Ríos, La Libertad Avanza, La Libertad Avanza por Entre Ríos y ETER, quienes le exigieron respuesta a los pedidos de informe «que siguen sin contestar».

Pero ahora, en Concordia, el mileismo es el estilo a seguir a la hora de gobernar, En esa línea, el intendente puede decidir no reunirse con la oposición. Aunque Azcué tiene los votos suficientes para avanzar sin necesidad de negociar con la oposición, eso no lo exime de cumplir con sus obligaciones institucionales. Responder los pedidos de informes no es una cortesía política: es un principio básico de transparencia democrática. Si es que la transparencia no es solo una palabra que utiliza para el discurso y luego se guarda en el cajón junto con los pedidos de informes.