El 30 de abril de 2025, la Justicia entrerriana emitió el Oficio N° 1678 dirigido a la presidenta del Instituto de Promoción Cooperativas y Mutualidades de Entre Ríos (IPCYMER), María Laura Renoldi, para notificarle —junto al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)— la sentencia sobre la causa de la estafa a la Sociedad Mutual de Músicos de Concordia.
En la parte resolutoria del fallo judicial, además de las condenas, dice: “LIBRAR OFICIO al Instituto de Promoción cooperativas y mutualidades de Entre Ríos (IPSYNER) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) haciéndole saber con copias de esta sentencia a sus efectos”.
La intervención de estos organismos iba a posibilitar el acuerdo al que llegó fiscalía y la defensa de uno de los imputados, el empresario Guillermo Shmid, a cargo del Dr. Oscar Bacigaluppe, para restituir el inmueble donde funciona la sede de la Mutual y que había sido vendido de manera fraudulenta por sus directivos.
«… Con el propósito de concretar la resolución del caso, mi representado ha expresado su voluntad de proceder a la firma del distracto correspondiente ante escribano público, lo cual es un paso esencial para la devolución del inmueble, siendo la otra salida –salvo mejor opinión– el otorgamiento del poder ya aludido. Sin embargo, hasta la fecha, la contraparte (Guerrero y Martínez) se ha negado a avanzar en la formalización de dicho distracto, lo que imposibilita continuar con las gestiones necesarias para la resolución definitiva del conflicto…En caso de que la contraparte no concrete la firma para dicha fecha, mi defendido quedará plenamente dispuesto a tratar directamente con esta Fiscalía los términos necesarios para proceder con la restitución del inmueble, resguardando sus bienes y posibilitando así avanzar en la resolución del caso…»
Al día de hoy, 12 de agosto, ni el organismo provincial ni el nacional han adoptado medidas para cumplir lo dispuesto. La mutual sigue sin recuperar formalmente su inmueble y sin normalizar su funcionamiento.
El fraude, la condena, la inacción de funcionarios que no funcionan
La investigación, encabezada por el fiscal José Arias, probó que el entonces presidente Mariano Guerrero, la secretaria Delia Catalina Martínez y el tesorero Carlos Alcides González vendieron el inmueble a la firma Infinet SAS por un precio en escritura de apenas USD 20.000, cuando en 2009 había sido tasado en USD 250.000. La operación real, según las pruebas, fue por USD 90.000, gran parte de los cuales quedó en manos de los directivos, mientras que sólo el monto declarado en escritura fue depositado en un plazo fijo.
Las actas que supuestamente autorizaban la venta resultaron ser falsificadas: se incluyó como presentes a 57 socios en una asamblea de abril de 2022, pero varios de los mencionados declararon que hacía décadas que no participaban de la vida institucional. Entre ellos, socios que no asistían desde la pandemia, otros que habían abandonado la mutual hacía más de 40 años e incluso uno que ya había fallecido antes de la fecha de la supuesta reunión.
La Justicia también constató la destrucción y alteración del libro de actas habilitado por el propio IPCYMER: se suprimieron folios y se insertaron nombres falsamente, todo para aparentar una aprobación unánime que nunca existió.
El proceso judicial derivó en un acuerdo de juicio abreviado homologado el 10 de abril de 2025, que condenó a Guerrero y Martínez a tres años de prisión condicional, con reglas de conducta que les impiden integrar órganos de administración de mutuales o asociaciones de bien público.
La investigación periodística de DIARIOJUNIO que destapó la estafa fue publicada el 13 de agosto de 2024. Entre la investigación del fiscal Arias (septiembre de 2024) y la sentencia (abril de 2025) — feria judicial mediante— transcurrió un lapso similar al que ahora lleva la inacción del IPCYMER y el INAES. La Justicia actuó, determinó la maniobra delictiva, recuperó parte del dinero y notificó formalmente a los organismos administrativos. Pero el mandato de “tomar intervención” sigue sin traducirse en hechos concretos.
El Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos es un organismo provincial que depende del Ministerio de Gobierno y Trabajo, orientado a promover y fortalecer el sector. Entre sus funciones están la inscripción en registros, la organización de capacitaciones, la articulación de programas de subsidios y la asistencia técnica. No tiene facultades sancionatorias ni de intervención directa, atribuciones que recaen en el INAES o en la Justicia.
El INAES, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano de la Nación, sí puede intervenir y sancionar a mutuales y cooperativas en casos de irregularidades. En este caso, la notificación judicial buscaba que ambos organismos coordinaran la restitución del inmueble y la normalización institucional.
Cuatro meses después, esa coordinación no aparece. La Sociedad Mutual de Músicos de Concordia permanece en un limbo legal e institucional: sin su sede, sin conducción legítima y con un fallo firme que, por ahora, sólo parece estar en el papel.
Condenan a Mariano Guerrero y Delia Martínez por defraudar a la Mutual de Músicos de Concordia
