El decreto no brinda mayores precisiones sobre el contexto ni los antecedentes del hecho. Se limita a señalar que la empleada se habría rehusado a cumplir una orden directa de la directora del área, y que eso constituiría una falta grave, encuadrada en el artículo 31° de la Ordenanza 11.275, inciso D, que contempla como causa de cesantía el incumplimiento de órdenes jerárquicas.

Sin embargo, la versión de Panozzo Zénere pone en cuestión esa acusación. En diálogo con DiarioJunio, la trabajadora explicó que desde el año 2023 no cobra el adicional correspondiente a quienes realizan controles de alcoholemia, una tarea que, remarcó, “no es parte de las funciones ordinarias, sino que se realiza bajo código extra”. Agregó que la ordenanza municipal 33.747 establece que el control de alcoholemia se ejecuta en eventos específicos, como los concursos de Reinas y Reyes, y no como una labor diaria obligatoria. “No lo cobro en mis haberes desde hace más de un año. Esto es una operación para sacarme, como dije el primer día que hice mi descargo”, afirmó.

El decreto municipal firmado por Azcué y el secretario Dell ‘Ollio menciona que la agente presentó un descargo, pero evita precisar los fundamentos que esgrimió. Sí aclara que será la Dra. Gisela Trentin, de la Dirección de Asuntos Jurídicos, quien instruirá el sumario.

El mismo día de la firma del decreto, el pasado 26 de junio, la agente municipal hizo pública una carta abierta a través de sus redes sociales donde denunció persecución interna desde hace tiempo. Allí recordó un episodio de violencia ocurrido en su lugar de trabajo hace exactamente un año, que derivó en una restricción judicial contra una compañera que —según indicó— hoy ocupa un cargo jerárquico en la misma gestión municipal. Aseguró que pese a la intervención del Ministerio de Trabajo y un informe técnico que avaló las denuncias de violencia laboral realizadas por ella y por parte de varios compañeros del área, la funcionaria implicada sigue siendo respaldada por el Ejecutivo.

La carta expuso, además, que desde entonces la situación se agravó. “Me llamaron durante una semana para que firmara un traslado a otra oficina. Me negué, y a partir de ahí comenzaron a perseguirme. Me descuentan parte del sueldo sin justificación y armaron expedientes para ensuciar mi legajo”, expresó. “No invento nada, están mis recibos y mis expedientes iniciados”, aseguró.

La empleada también cuestionó el estilo de conducción del área, y apuntó directamente contra la directora de Inspección General: “Cuando uno pide licencia por estudio, responde ‘a ver si dejan de estudiar’. Ningunea el esfuerzo de quienes quieren superarse”, escribió. Y agregó: “Confunden maltrato con rectitud. Pero hay un abismo de diferencia”.

En su descargo público, Panozzo Zénere enfatizó que no teme al poder ni a las consecuencias: “Tengo una hija que todo lo ve y no pienso enseñarle desde el miedo y el silencio. Voy a defenderme administrativamente, personalmente y públicamente”.

Desde el gobierno municipal, en tanto, no se emitieron declaraciones públicas sobre la situación más allá de lo establecido en el decreto. La causa administrativa sigue en trámite y, por ahora, no se conocen definiciones concretas.

Lo cierto es que este nuevo sumario —en una dirección ya marcada por conflictos previos— vuelve a poner en discusión el uso de los mecanismos disciplinarios en el Estado municipal.

Graves denuncias en Inspección General del municipio: Violencia laboral, favoritismos y plata negra