El 3 de julio pasado, cuatro gremios como ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), STEMC (Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Municipalidad de Concordia), SEOS (Sindicato de Empleados de Obras Sanitarias) y UOEMC (Unión de Obreros y Empleados Municipales de Concordia) que le otorgaron un plazo de 72 horas para revertir los despidos de 84 trabajadores contratados.

Además, a través de una carta enviada al Ejecutivo, calificaron de “falacia” la afirmación del intendente Francisco Azcué respecto de que la reducción de contratos obedeció a un “riguroso análisis”. Denuncian que fueron despedidos empleados con más de 10 y hasta 15 años en funciones esenciales, sin previo aviso ni compensación, en una política que califican como “arbitraria, insensible y que profundiza la precarización”. Responsabilizaron al Ejecutivo municipal por violar derechos fundamentales y anticipan “acciones gremiales y medidas de fuerza” amparadas en el artículo 14 bis de la Constitución y la ley 23.551, respaldadas por jurisprudencia de la Corte Suprema. A su vez, le manifestaron que el descuento de salarios a quienes se adhieran a un paro se debe a que hay “una clara intención de disciplinar a los trabajadores mediante el temor y la amenaza económica”.

No obstante, el plazo de 72 horas venció el martes de la semana pasada. Desde ese momento a hoy no hubo avances en torno a revertir la situación de los despedidos ni convocatorias de los gremios a medidas de fuerza. No obstante, Selva dijo esta mañana que, al menos, lograron frenar más despidos que había en carpeta.

Entre los motivos que llevan a la necesidad de reducir personal, se aduce la caída de la recaudación y la merma de la coparticipación. “Se decide dejar a la gente sin trabajo, en la calle”, recalcó Selva.

No obstante, el secretario de Organización de ATE Concordia sostuvo que hay diálogo entre el gremio y las autoridades para conocer cuáles son los criterios que se adoptaron para dejar a “gente sin trabajo”. Las respuestas suelen ser imprecisas. “Que ‘no se sabe por qué’ o que ‘vino una orden’. Y empiezan a jugar con los tiempos”, dijo.

En la municipalidad, Selva sostuvo que los secretarios recibieron la orden de hacer un listado de personal para ser despedido. Pero en Desarrollo Social no saben cuál fue el criterio que se adoptó. “A nuestro entender es uno de los lugares más vulnerables donde hay trabajadores con muchos años de servicio que son los que menos ganan y que son los que llevan adelante el funcionamiento de los CDI (Centros de Desarrollo Infantil). Yo no creo que el municipio haga un gran ahorro dejando a toda esta gente en la calle”, expresó.

“Me parece algo despiadado y siniestro por parte de alguien que no da la cara, que nunca dio explicaciones de esto. Sin embargo hay gente que cobra su sueldo, que está jubilada y eso no tiene mucho sentido. Le saco $ 300.000 a un trabajador que va todos los días, que cumple un rol cuando hay funcionarios que cobran una jubilación y están cumpliendo un rol en el municipio”, dijo en referencia al subsecretario de Desarrollo Social, Roberto Niez.

El funcionario mencionado, según publicó DIARIOJUNIO la semana pasada, cobra un sueldo de más de dos millones por medio del Código 600, una partida presupuestaria utilizada para otorgar adicionales no remunerativos —como gastos de representación— a funcionarios municipales jubilados y, además tramitó un alta como prestador de servicios para poder facturarle al municipio bajo la figura de “asesoramiento empresarial”.

Por otra parte, Selva destacó que algunos empleados que habían sido despedidos fueron llamados por el Ejecutivo para que vuelvan a prestar servicios. Pero no se sabe en que condición. Planteó que puede haber casos de contratados con aportes que pueden ser reincorporados por tres meses pero bajo la figura del monotributo, una forma de precarización laboral. “El manoseo, la angustia y la incertidumbre que tienen esta gente que está en la calle, que está endeudada hasta el cuello, que se endeudan para comer, no para otra cosa”, indicó. “Han quedado familias destrozadas y a la deriva. Estamos muy preocupados. Los secretarios generales deberán conversar entre ellos y ver cuál es el paso siguiente”.

Cafesg

En la Cafesg (Comisión Administradora de Fondos Especiales de Salto Grande) corre riesgo la situación laboral de entre 16 y 18 empleados. “Esto va de la mano de una política nacional, provincial y municipal donde se empieza a ajustar y el hilo se termina cortando por lo más delgado”, explicó Selva.

Selva recordó que Pedro Pérez, secretario general de ATE Concordia, participo hace 15 días de de una reunión con el presidente de la Cafesg, Carlos Cecco, donde le expresó su postura contraria a los despidos. Cecco entendió los argumentos y sostuvo que tampoco estaba de acuerdo con dejar empleados en la calle. Sin embargo, aclaró que debía dialogar con el gobernador Rogelio Frigerio que en ese momento estaba en Alemania para saber que iba a suceder. El viernes pasado, desde la Cafesg, anunciaron que debían encarar un proceso de reestructuración de personal y que se debían tomar “decisiones dolorosas”.

Fuente: Radio Ciudadana (FM 89,7)