La investigación sobre la responsabilidad de los jerarcas de Molinos Río de La Plata –perteneciente al conglomerado Bunge & Born– en crímenes de lesa humanidad se inició en 2013 con una denuncia que presentaron hijos e hijas de obreros desaparecidos. En 2015, el Ministerio Público Fiscal impulsó la investigación sobre los trabajadores secuestrados. Para entonces, la fiscalía de La Plata había participado en allanamientos con la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), que analizó los documentos producidos por la empresa y mostró que detrás de los secuestros y las desapariciones estaba el interés económico de los empresarios.
En 2019, el juez Kreplak llevó adelante una inspección ocular en la planta de Avellaneda, que está ubicada en la vera del Riachuelo. La medida había sido impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que, desde 2014, interviene como querellante en la causa. En 2021, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata pidió que lo llamaran a indagatoria.
Parodi aparece mencionado en múltiples declaraciones. Se lo señala como quien funcionaba como nexo entre los vigiladores de Molinos –conocidos como “bomberos”– y las fuerzas armadas o de seguridad, responsables de las privaciones ilegales de la libertad. Según los testimonios de los trabajadores, Parodi era quien entregaba las listas o presionaba a aceptar indemnizaciones a quienes estaban “marcados”.
Kreplak ordenó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo detuviera en su domicilio de Vicente López y que lo trasladara hasta La Plata para indagarlo. La detención se produjo pasadas las 10 de la mañana en su vivienda de la Avenida Maipu. Por tratarse de una jurisdicción ajena a la competencia de Kreplak intervino también la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, de San Isidro.
La represión en Molinos
La represión se ciñó sobre los trabajadores que Tenían un fuerte protagonismo gremial. En 1973, se creó la lista 17 de octubre — Lista Blanca– que le ganó las elecciones a la Lista Celeste, asociada a la burocracia sindical. La 17 de Octubre tenía como dirigente a Marcos Augusto Vázquez y estaba ligada a la Juventud Trabajadora Peronista (JTP). Entre 1973 y 1974, hubo dos tomas de la fábrica y un crecimiento importante de la conflictividad.
El 7 de julio de 1976, efectivos del Ejército ingresaron a la plata con listas previamente confeccionadas y produjeron un secuestro masivo de trabajadores. El número de personas secuestradas en esa redada es aún indeterminado: hay quienes hablan de más de 70 personas y Armando Luchina, el sargento que actuaba en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) –o Coordinación Federal– y que después ingresó como vigilador en Molinos, llegó a estimar la cifra en 90 personas privadas de su libertad.
En lo que coinciden la mayoría de los testimonios es en señalar a Parodi, que estaba a cargo del área estratégica de Recursos Humanos, como la persona que estuvo detrás de la confección de la nómina con empleados a desaparecer. En esa línea, Kreplak apunta hacia la responsabilidad de Parodi en 23 casos de privaciones ilegales de la libertad.
Después del golpe de Estado –con los secuestros, las desapariciones y el terror–, la productividad aumentó en Molinos. La empresa dedicada a la producción de harinas y aceites–que había sido fundada en 1902 por el grupo Bunge & Born– se convirtió en una de las más importantes del país. Para 1980, la compañía ya tenía una docena de plantas a lo largo y ancho del país y facturaba cerca de 400.000.000 de dólares al año, según se consigna en la investigación Responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad– producida por FLACSO, CELS y el Programa Verdad y Justicia.
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