El planteo busca determinar si la Administración Pública provincial, sus organismos descentralizados y otras dependencias del Estado entrerriano mantuvieron algún tipo de relación con Madero Media Group desde el 10 de diciembre de 2023. La consulta incluye contrataciones, vínculos comerciales, pauta publicitaria oficial o cualquier otra prestación o acuerdo.
En caso de que el Ejecutivo responda afirmativamente, deberá precisar qué organismo intervino, cuál fue el objeto y motivo de la contratación, las fechas, los montos abonados, los bienes o servicios adquiridos y los funcionarios que participaron.
Además, los legisladores pidieron información específica sobre la pauta oficial: quieren saber si Madero Media Group fue incorporada como proveedora, desde cuándo y bajo qué criterios y mecanismos de control se autorizaron los pagos.
El pedido de informes fue presentado en el marco del artículo 117 de la Constitución de Entre Ríos, que establece la facultad de la Legislatura para solicitar información al Poder Ejecutivo.
El interés por la empresa surge en un contexto particular. Madero Media Group quedó bajo la lupa después de que se conociera que el Gobierno de Córdoba le pagó al menos $64,7 millones durante 2026, mientras que en 2025 había recibido otros $51,6 millones, según una investigación de Chequeado.
La firma está vinculada a Fernando Cerimedo, consultor político relacionado con La Libertad Avanza y con la campaña presidencial de Javier Milei. Cerimedo también tuvo participación en proyectos de comunicación política y medios digitales vinculados al espacio libertario.
A esto se suma la situación judicial que atraviesa el consultor argentino Fernando Cerimedo, vinculado a Madero Media Group, que se encuentra detenido en Bolivia, investigado por un presunto intento de femicidio contra su expareja. Cerimedo niega las acusaciones.
En Entre Ríos, por ahora, el pedido no afirma que haya existido una contratación con la empresa. Lo que busca es que el Gobierno provincial informe si efectivamente hubo algún vínculo y, en caso de existir, permita conocer cuánto dinero público estuvo involucrado, qué servicios se contrataron y quiénes autorizaron esas operaciones.