Uno de cada cuatro argentinos que tiene un crédito está atrasado en sus pagos y uno de cada seis pesos prestados a las familias no vuelve al sistema financiero. En junio, la morosidad de las familias con los bancos llegó al 12,7%, mientras que en el sector no bancario —principalmente billeteras virtuales— superó el 30%.
Frente a este escenario, la respuesta oficial fue tan austera como el ajuste: “Es un problema entre privados”. El Gobierno nacional parece no querer hacerse cargo del aumento de la mora financiera de las familias. Sin embargo, resulta difícil reducir el problema a una cuestión exclusivamente privada cuando las condiciones económicas que llevaron a miles de hogares a endeudarse están directamente relacionadas con decisiones de política económica.
Hay un conjunto de factores que ayuda a explicar esta situación. Por un lado, los salarios perdieron poder adquisitivo y, en numerosos casos, las paritarias quedaron por debajo de la inflación. Al mismo tiempo, los costos de servicios y bienes esenciales, como los combustibles, la electricidad y el gas, registraron aumentos que presionaron cada vez más sobre los ingresos familiares.
A esto se sumó la liberalización de las tasas activas del sistema financiero, tanto en las entidades bancarias como en las no bancarias y las billeteras virtuales. El resultado es un sistema en el que las diferencias entre las tasas que las entidades cobran por prestar dinero y las que pagan por recibir depósitos —el denominado spread financiero— alcanzan niveles muy elevados.
En términos sencillos: mientras los ingresos de las familias pierden capacidad de compra, endeudarse resulta cada vez más caro.
El problema se vuelve evidente cuando se observa cómo cambió la composición del gasto familiar. Si una familia destinaba, por ejemplo, el 10% de sus ingresos a determinados servicios esenciales, ese porcentaje puede haber aumentado sustancialmente, hasta llegar al 25% en algunos casos. Ese dinero necesariamente debe salir de algún otro lugar: consumo, ahorro, inversión o, directamente, crédito.
Así, el endeudamiento deja de ser una herramienta excepcional para convertirse en un mecanismo utilizado para sostener los gastos cotidianos.
En este escenario, la decisión de no intervenir sobre las tasas activas adquiere especial relevancia. Son las tasas que determinan cuánto termina pagando una familia cuando solicita un préstamo. La diferencia entre el interés que se cobra por prestar dinero y el que se paga por recibir depósitos genera un spread financiero que, en muchos casos, resulta difícil de justificar desde una perspectiva social.
El resultado es una transferencia de recursos desde los hogares hacia el sector de servicios financieros. Mientras las familias destinan una proporción cada vez mayor de sus ingresos al pago de deudas, el sistema financiero aparece entre los sectores que logran beneficiarse de este esquema macroeconómico.
Pero la deuda no es solamente un problema económico.
El atraso en los pagos, la acumulación de cuotas y la incertidumbre respecto de cómo afrontar las obligaciones generan estrés y angustia. Cuando una persona sabe que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos y, al mismo tiempo, observa cómo crece la deuda, la situación puede transformarse en un problema que excede ampliamente las finanzas personales.
En Entre Ríos, los datos son particularmente preocupantes. La tasa de mora alcanzó el 13,3% en junio de 2026. Pero el dato que más debería llamar la atención es el correspondiente a los menores de 25 años: la tasa de mora entre los jóvenes llega al 32,25%.
Es decir, casi uno de cada tres jóvenes de ese grupo etario registra algún nivel de atraso en sus obligaciones financieras.
La dimensión del problema obliga a discutir qué puede hacer el Estado frente a una situación que amenaza con convertirse en una bola de nieve. No se trata solamente de evitar una eventual crisis financiera de las familias, sino también de atender las consecuencias sociales y personales que puede generar el sobreendeudamiento.
¿Qué alternativas existen?
Una posibilidad es recuperar los ingresos reales de los trabajadores para aumentar la capacidad de pago de los hogares. Otra es mantener la postura actual y considerar que las deudas deben resolverse exclusivamente “entre privados”. Una tercera alternativa sería intervenir sobre las tasas activas para moderar el costo del crédito y reducir la transferencia de recursos desde las familias hacia el sistema financiero.
También podría plantearse un mecanismo de rollover o refinanciación de las deudas, con tasas similares o inferiores a la inflación y plazos suficientemente extensos como para que las cuotas puedan ser efectivamente pagadas. En ese caso, el sector financiero debería resignar parte de las ganancias esperadas por intereses para evitar que el endeudamiento termine siendo impagable.
No sería, por otra parte, una intervención estatal sin antecedentes.
El Gobierno nacional ha impulsado mecanismos de compensación, blanqueo y beneficios fiscales destinados a sectores de mayores ingresos y grandes contribuyentes. Existen, por lo tanto, antecedentes de políticas públicas destinadas a aliviar obligaciones cuando el Estado considera que determinadas circunstancias lo justifican.
La pregunta es si esa misma voluntad puede aplicarse cuando quienes necesitan alivio no son grandes capitales ni contribuyentes con capacidad de negociación, sino familias que se endeudaron para pagar el supermercado, la luz, el gas, el alquiler o simplemente para llegar a fin de mes.
Porque cuando la deuda familiar deja de ser una decisión individual y comienza a convertirse en un fenómeno masivo, ya no alcanza con decir que se trata de un problema “entre privados”. También es una cuestión económica y social que interpela al Estado y al conjunto de la sociedad.
Fuentes: Mapa de la Deuda (mapadeladeuda.ar); Guido Zack y Emiliano Libman, Newsletter Rollover — Cenital (19/08/2026); Infobae, “El aumento de los suicidios en Argentina preocupa a los especialistas en salud mental” (21/08/2026); elaboración propia.
(*) Ex concejal peronista, ex precandidato a intendente. Hasta 2023 se desempeñó como vicepresidente del Emcontur (Ente Mixto Concordiense de Turismo) y director del Ente de Carnaval de Concordi