Durante el programa “Una mañana por delante” de Radio Ciudadana, el secretario de Gobierno y Hacienda, Luciano Dell’Olio aclaró que la de Martinez es una situación “que aún no ha avanzado en el ámbito judicial”, ya que actualmente “solo existe una denuncia sin imputación”. Sin embargo, enfatizó que esta aclaración “no busca restarle importancia al asunto”.

A Martínez, por no ser funcionario sino un empleado de planta municipal, le corresponde las generales de la ley y el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, pero en los hechos es junto con su pareja, la secretaria General de la Intendencia y presidenta de la UCR, Lorena Aguilar, la mano derecha del intendente Azcué. Un hombre que hoy tiene mucho peso en la estructura municipal, al mismo nivel que el jefe de Gabinete Eduardo Caminal o el Secretario de Gobierno y Hacienda, Luciano Dell ‘Olio.

Dell’Olio manifestó que tomaron conocimiento el sábado por la mañana de la situación y que hasta el día de ayer no habían podido reunirse con la persona denunciada, pero indicó que iban a analizar el tema en las próximas conversaciones. El secretario tampoco anticipó medidas específicas, pero insinuó que el intendente habría evaluado la situación durante el fin de semana.

Lo cierto es que hasta la fecha no hay novedades formales de cuál será la decisión del intendente Francisco Azcué. 

Cabe recordar que por una denuncia similar, antes de la imputación y el debido proceso, el ex director del parque San Carlos en la gestión Cresto, Maximiliano Benedetto, fue desplazado provisoriamente de su cargo. La denuncia contra Benedetto se conoció por redes sociales el 6 de junio, para el día 8 ya lo habían apartado. Luego en juicio se comprobó su responsabilidad por haber cometido distintos tipos de delitos sexuales en contexto de violencia de género a diferentes mujeres.

La denuncia contra Martínez data del 17 de noviembre pasado y la misma recayó en la Unidad de Género y Abuso Sexual del Ministerio Público Fiscal, desde donde se solicitaron una serie de medidas contra el denunciado, que fueron prorrogadas el pasado 16 de enero. El Juez de Garantías, Francisco Ledesma, dispuso medidas inhibitorias contra Martínez, que consisten en la prohibición de acercarse a menos de cien metros y a doscientos metros del domicilio de la víctima. Además, el magistrado dispuso la prohibición de contacto directo o de forma indirecta contra la denunciante, mientras la investigación continúe en marcha.