Opinión: Juan Martín Garay, Abogado y Concejal, Concepción del Uruguay
Pero la dimensión del problema es todavía mayor. El intendente José Eduardo Lauritto señaló que son alrededor de 930 los trabajadores afectados y que hoy ninguno está trabajando porque la planta permanece parada.
Esto ya no es solamente un conflicto entre una empresa y sus trabajadores. Es una crisis social y económica de Concepción del Uruguay.
La magnitud de la crisis exige que Nación y Provincia asuman también sus responsabilidades y que exista una estrategia común para sostener la actividad, preservar el empleo y encontrar una alternativa para la planta.
Por eso resulta importante el planteo del intendente de generar una mesa de trabajo entre Nación, Provincia y Municipio. El Municipio tiene herramientas limitadas frente a una situación de esta naturaleza y necesita de esa instancia de articulación para buscar una salida que esté a la altura del problema.
Y entonces la pregunta que planteábamos vuelve con más fuerza: ¿qué pasó entre aquella reunión y este resultado?
Si el Gobierno provincial aseguró que haría todo lo que estuviera a su alcance para preservar las fuentes de trabajo, corresponde preguntar qué se hizo, qué no alcanzó y qué se hará ahora.
Porque no alcanza con acompañar un conflicto. No alcanza con reunirse. Y mucho menos alcanza con una fotografía.
Los 270 despidos ratificados son una nueva señal de alarma, pero el problema alcanza a unos 930 trabajadores y sus familias.
Detrás de esos números hay empleo, salarios, producción y una parte importante de la economía de nuestra ciudad.
Concepción del Uruguay necesita que la política esté a la altura de esta crisis. El camino no es la disputa entre gobiernos, sino una mesa en la que Nación, Provincia y Municipio trabajen juntos para encontrar una salida.
Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué pasó entre aquella reunión, la foto y los 270 despidos?